Condena a García Ortiz. Los fiscales progresistas piden ayuda a la ONU

A juzgar por la demora, dieciocho días cuando publicamos estas líneas, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz tiene que ser forzosamente un texto exquisito, literaria y técnicamente hablando. A estas alturas solo cabe pensar que estarán discutiendo las comas porque desde el pasado 20 de noviembre, cuando dieron a conocer el fallo, todo el pescado estaba ya vendido, ¿o no?

Para la Unión Progresista de Fiscales (UPF) parece que no. Entienden que han existido lo que llaman “problemas estructurales” que “afectan no solo a los derechos del ex fiscal general del Estado sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”, palabras textuales. Por eso han solicitado la intervención de Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas que tiene el mandato de  supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces".

Los fiscales progresistas consideran que en el juicio a García Ortiz han existido anomalías que:

1.Comprometen la independencia judicial                                                                  2. Generan una aparente falta de imparcialidad                                                         3. Afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho

Entienden como irregularidades que los mismos magistrados participasen en

1. La admisión de las querellas 

2. La valoración inicial de los indicios 

3. El control de la instrucción 

4. La revisión de decisiones clave y

5. El enjuiciamiento

En la instrucción, añaden los fiscales que piden intervenir a la relatora de la ONU, se tomaron medidas “extremadamente invasivas” como la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General, donde se llevó a cabo un volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo de 48 horas.” Además, precisan “parte de la información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa”.

Denuncia también la UPF que existieron “comportamientos públicos impropios” durante el juicio y la deliberación, en referencia a que tres magistrados del tribunal que juzgó a García Ortiz impartieron un curso en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, una de las acusaciones particulares en la causa contra el fiscal general, durante los días en los que tenían que deliberar sobre la sentencia.

Lo que está en juego no es únicamente la reputación y la carrera de Álvaro García Ortiz, sino la credibilidad del sistema judicial. Si el fiscal general del Estado puede verse sometido a un procedimiento plagado de irregularidades, ¿qué queda para el ciudadano corriente? ¿qué garantías le quedan a quien no tiene cargo, ni foco mediático, ni asociaciones profesionales defendiéndole? 

¿Qué no les cuadra para tardar tanto en redactar la sentencia a quienes ya nos han hecho saber hace dos semanas y media que han condenado a García Ortiz a inhabilitación por dos años, pagar una multa e incluso indemnizar por “daños morales” al novio de Ayuso? Una vez humillado y expulsado del cargo… ¿se acabaron las prisas? No puede ser todo tan burdo. Tiene que existir alguna razón de peso para vayan pasando los días y sigamos sin saber. 

Porque si no es así, hacen muy bien los fiscales progresistas en pedir ayuda a instancias superiores para que Satterthwaite "analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial", inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso".

J.T.