Marta Higueras o el arte de venderse al mejor postor

Marta Higueras, quien fuera número dos de Manuela Carmena, primera teniente de alcalde de Madrid entre 2015 y 2019, mano derecha de aquella experiencia que tantos creímos algo distinto cuando empezó, regresa ahora al frente de una formación política llamada “Independientes por Madrid”. Un proyecto, según ella, alejado de los bloques y centrado solo en la capital, sin ambiciones nacionales ni autonómicas. 

Ese panfleto llamado El Mundo que cada mañana profana el periodismo con su presencia de papel en los quioscos, le dedicó hace pocos días un generoso espacio a Higueras donde la entrevistada afirmaba que está dispuesta a pactar con cualquier partido político, incluidos PP y Vox. Como lo oyen. Eso sí, con una condición que suena a tomadura de pelo: siempre que eso “mejore la vida de la gente”. En su línea de proporcionar cancha a cualquier iniciativa que pueda debilitar y confundir a las izquierdas, El Mundo le hacía descaradamente la pelota a la candidata presentándola como una persona cariñosa, cuidadora de su madre de 92 años y amante de la familia. Todo muy humano, muy cercano, tan “empático” como para afirmar que sería capaz de pactar con el fascismo si eso mejorara la vida de los ciudadanos, ¿es posible mayor oxímoron? 

Habida cuenta lo rana que nos salió Carmena, tampoco es muy de extrañar este movimiento de “su amiga de siempre” con quien aún, según cuenta, se va por Europa en bicicleta una semana al año. Higueras ya dio muestras de su flexibilidad cuando encabezó Recupera Madrid, una escisión de Más Madrid que terminó facilitando acuerdos con el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. De hecho, aquellos concejales fueron decisivos para sacar adelante los presupuestos municipales de 2022.

Ya por entonces justificó Higueras aquella jugada con similares argumentos a los que utiliza ahora. Que “Madrid necesita menos trincheras y más gestión profesional”, explicó por entonces. En esta ocasión eleva esa lógica a doctrina de partido. La sociedad progresa cuando la gente se pone de acuerdo, dice. A veces cedes tú, a veces el otro. Así que si el mosquita muerta de Almeida o los gamberros de Vox proponen algo “razonable” para los madrileños, pues ella estará siempre dispuesta a sentarse a hablar. ¿Me puede usted definir el término “razonable”, señora Higueras, por favor? En política las cesiones no suelen ser simétricas y usted lo sabe. Cuando alguien procedente de la izquierda se muestra dispuesta a legitimar a la derecha y a la ultraderecha, lo que está haciendo es regalar, no ceder. Quede claro.

Cuando la izquierda se pliega al marco de intolerancia en el que se mueven las derechas está regalando credibilidad, cobertura moral y coartada política a quienes propician la desigualdad y avalan las injusticias sociales. Hay que trazar líneas rojas contundentes porque ellos sí que las marcan siempre. Esto, tanto Higueras como Carmena y su entorno lo saben de sobra. ¿A qué quieren jugar entonces? O mejor, ¿a quién quieren engañar y por qué? ¿Para qué?

¿Qué mejora de la vida de la gente puede proceder de quienes hacen de la exclusión, del miedo al diferente y del discurso del odio su principal capital político? Higueras habla de atraer a los abstencionistas, a esos 750.000 madrileños que se quedaron en casa en las pasadas elecciones municipales y para ello les ofrece un espacio “sin bandos”. Pero el sin bandos es, en la práctica, el bando de quien ya manda. 

Seguro que Higueras, cuya capacidad intelectual no está en discusión, sabe de sobra que hay experiencias de alcaldías independientes honestas que han hecho buena gestión sin vender el alma. Ella ya estuvo en el poder. Conoció las limitaciones, las resistencias, las contradicciones. Y sabiendo como sabe que la política requiere principios y confrontación, ¿su conclusión es que conviene adaptarse al paisaje?

Mientras Vox endurece el discurso y el PP administra el poder como si fuera eterno en la alcaldía, Higueras afirma no querer que le pongan etiquetas a su proyecto porque solo aspira a “mejorar la vida de la gente”. Como si mejorar la vida de la gente fuera un concepto técnico, desideologizado, que no implica decisiones sobre vivienda pública, fiscalidad, modelo urbano, derechos laborales o memoria democrática. Como si pactar con quienes niegan la violencia de género o criminalizan la migración no tuviera consecuencias materiales para esa misma gente cuya vida se pretende mejorar.

El tiempo va colocando a cada cual en su sitio, y lo que se ve con claridad es el recorrido de quien, una vez fuera del calor del poder, concluyó que la pureza ideológica es un estorbo y que lo que hay que hacer es aplicar mentalidad práctica. Si el nuevo partido está dispuesto a pactar con el PP, con el PSOE, con Vox o con quien sea necesario, ¿qué diferencia política pretende representar? Esperemos que, de cara a la cita electoral de la primavera del 27, no cunda este tipo de ejemplos en otros ayuntamientos, tampoco en ninguna autonomía, que a nadie en otros lugares se le ocurra claudicar de antemano y menos de una manera tan vergonzosa.

J.T.

La noche en que mataron a Javier Verdejo

El joven almeriense Javier Verdejo Lucas tenía diecinueve años la noche de agosto de 1976 en que un guardia civil lo mató en la playa de El Zapillo. De vacaciones en su tierra aquel verano tras terminar primero de Biología en Granada, continuó con el activismo político que había iniciado en la universidad, donde tras la muerte de Franco se hizo militante de la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de España (PT). Para su padre, Guillermo Verdejo Vivas, quien entre 1965 y 1969 había sido alcalde del régimen en Almería capital, Javier era el garbanzo negro de una familia que no reclamó que se esclareciera su muerte. Nunca se conoció el nombre de la persona que efectuó el disparo. Accidental, por supuesto, según la versión oficial.

La madrugada del pasado 14 de agosto se cumplieron cincuenta años de un episodio jamás aclarado. Aquella noche, Javier y varios compañeros decidieron realizar varias pintadas de protesta en las paredes de la playa almeriense. El lema escogido fue “Pan, trabajo y libertad”. El joven Verdejo llevaba un bote de pintura roja que nunca llegaría a agotar como tampoco pudo completar la frase que pretendía. Escribió con mayúsculas la P, la A, la N y luego una especie de punto en el que la tinta se desplazó hacia abajo. Estaba terminando la T cuando uno de sus amigos le alertó de la llegada de la guardia civil así que, sin pensárselo dos veces, dejó abandonados sus instrumentos de trabajo y echó a correr por la arena.

Alguno de sus compañeros contaría días más tarde que uno de los guardias le dio el alto y acto seguido disparó. Nada que ver con la versión oficial, donde se explicaba que hubo una persecución en la que los guardias dieron varias veces el alto con tan mala fortuna, mire usted por dónde, que uno de ellos tropezó y el arma se disparó. La bala le entró al joven por la garganta y salió por la región occipital. Los investigadores concluyeron que el tiro se realizó de frente y a una distancia de entre 7 y 10 metros, lo que era incompatible con la versión del disparo accidental durante una caída. 

Una comisión formada por cuatro personas, entre quienes había un abogado y un periodista, decidió recopilar con discreción testimonios y pruebas materiales de lo que sucedió. Elaboraron un dossier con todos los datos que consiguieron reunir e intentaron entregárselo a Adolfo Suárez quien, ¡oh casualidad!, andaba de veraneo por las playas de Almería donde su hija Marian había sido elegida reina de las fiestas de Cabo de Gata la misma noche en que murió Javier. Por supuesto, no consiguieron entrevistarse con el flamante presidente del gobierno (llevaba mes y medio en el cargo) ni entregarle la documentación. El Juzgado Militar de Almería abrió un procedimiento previo y el Boletín Oficial del Estado publicó en noviembre de aquel año 76 un llamamiento para que comparecieran quienes pudieran aportar pruebas sobre la muerte de Javier Verdejo, pero aquellas pesquisas nunca terminaron con ningún responsable en el banquillo. Tampoco se llegó a conocer el informe forense.

Al entierro, que se ofició en la parroquia almeriense de San Pedro, acudieron unas dos mil personas. Cuando el féretro estaba prácticamente a punto de entrar en el coche fúnebre, la multitud se hizo con él y lo llevó a hombros hasta el cementerio. En un momento en que la llamada transición aún no había dado sus primeros pasos, un buen número de almerienses entre quienes destacaba Pedro Molina, años más tarde rector de la Universidad de Almería, desafió públicamente al aparato policial de un régimen cuyos usos y costumbres continuaban siendo tan franquistas como durante la dictadura. La presencia de Suárez en Almería en un momento histórico tan delicado debió poner nerviosa a demasiada gente. La actuación de Roberto García-Calvo, el gobernador civil de la provincia en aquellos momentos fue, cuando menos, controvertida. Miembro de la carrera judicial, acabaría siendo juez del Tribunal Supremo y más tarde integrante del Tribunal Constitucional

Al cumplirse medio siglo de la muerte de Javier Verdejo, la Universidad de Granada le ha dedicado una exposición con documentos, fotografías y testimonios. La propia institución pública lo recuerda como un estudiante que fue asesinado por la guardia civil cuando intentaba terminar una pintada que acabó convertida en símbolo de una época. 

Inquieta que nadie haya podido explicar de manera satisfactoria, medio siglo después, por qué murió Javier, quién apretó el gatillo y por qué aquella investigación dejó tantas preguntas sin contestar. El nombre del guardia que disparó nunca se dio a conocer, el expediente militar desapareció del debate colectivo y la triste muerte de Javier Verdejo jamás se aclaró. 

J.T.

En el 90 aniversario del asesinato de Blas Infante

Noventa años sin Blas Infante, noventa años ya sin saber dónde está enterrado. Lo mandó asesinar Queipo de Llano el 11 de agosto de 1936 y, a día de hoy, el padre de la patria andaluza continúa siendo una de las más de cien mil personas represaliadas en la guerra civil cuyos restos mortales no han sido encontrados aún. Nacido en Casares (Málaga) el 5 de julio de 1885, Infante compartió su trabajo como notario en varias ciudades andaluzas con la pasión por acabar con el atraso económico y social de su tierra. No entendía cómo era posible que en un lugar tan rico como el suyo existiera una mayoría de población tan pobre, así que dedicó gran parte de su vida a luchar por conseguir una profunda reforma agraria que mejorara la situación de los jornaleros, una educación pública y universal y un mayor justicia social. En 1915 publicó su obra más importante, Ideal Andaluz, considerada el texto fundacional del andalucismo moderno. 

Los conspiradores contra la República lo habían tenido siempre en su punto de mira, así que cuando aún no había transcurrido un mes desde el comienzo de la guerra civil, los golpistas fueron a buscarlo a su casa de Coria del Río y pocos días más tarde lo fusilaron en Sevilla. Tenía 51 años. Desde entonces, su cuerpo permanece en una fosa común cuya localización precisa nunca ha podido determinarse. Por eso no existe una tumba donde rendirle homenaje. Lo asesinaron porque defendía una Andalucía libre del caciquismo, de la miseria, del fanatismo y de los privilegios de unos pocos, y porque creía que la autonomía era un instrumento para conquistar dignidad y libertad. Ideó la bandera andaluza, el escudo y también el himno:

“¡Andaluces, levantaos!

Pedid tierra y libertad!”

¡Sea por Andalucía libre,

España y la humanidad!”

Este es el estribillo de nuestro himno oficial desde 1982, cuando la Junta de Andalucía estaba presidida por Rafael Escuredo. Nadie podía imaginar por aquel entonces que, 44 años más tarde, en el verano de 2026, el vicepresidente andaluz iba a ser un ultra recalcitrante llamado Manuel Gavira. Me extrañaría mucho que este representante de Vox, en quien Moreno Bonilla ha puesto todas sus complacencias, se sepa el himno. Más bien creo que estará pensando en cómo presionar para acabar con él. Vox no quiere una Andalucía libre porque no cree en el Estado de las autonomías. Se cuelan dentro para cercenarlas. 

Me imagino a Gavira rechinándole los dientes cada vez que se ve obligado a escuchar en un acto institucional el texto escrito por Blas Infante. Vox no tiene ningún interés en respetar y honrar su memoria. Quienes asesinaron al notario de Coria del Río hace noventa años fueron los suyos, los que han vuelto ahora dispuestos a sumirnos de nuevo en la ruina intelectual, en la miseria mental, en la muerte de la inteligencia. Y todo esto, para más inri, con las bendiciones de un Moreno Bonilla al que tantos en su día creyeron una persona moderada. 

“Cuando Moreno Bonilla dice que aunque los acuerdos con Vox no gusten al cien por cien… no cambian los valores, serán los suyos, si es que los tiene. Los nuestros, por supuesto que sí”, escribió hace pocos días en redes un Rafael Escuredo que a sus 82 años se muestra tan lúcido como siempre. Lleva toda la razón el ex presidente andaluz porque, para poder seguir gobernando en Andalucía, el PP no ha tenido inconveniente en tragar con imposiciones que suponen dramáticos pasos atrás en derechos sociales y laborales. Ha aceptado exigencias que van contra las mujeres, los inmigrantes, las oenegés, los colectivos LGTBI…  Pactos todos ellos contra los derechos humanos, en definitiva. A propósito de la necesidad de acoger menores no acompañados de los que estos días se encuentran en Ceuta, el vicepresidente ultra andaluz se ha despachado en redes con este tuit: “Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez.”

Así es como se expresa el prenda en cuyas manos, merced a la amoralidad de Moreno Bonilla, se encuentra en estos momentos buena parte del destino de una Andalucía en cuyos despachos se han instalado hasta los falangistas más impresentables. A cargo de Gavira, además de la vicepresidencia, están las competencias de Justicia, Turismo y hasta la valoración de los procedimientos relacionados con la violencia de género ¡Con la violencia de género!, algo que Vox niega, frivoliza y blanquea. 

Esta no es la Andalucía que soñó Blas Infante. Ni mucho menos. Ahora que se cumplen noventa años de su muerte tenemos la obligación de reivindicar su legado y defenderlo. Y de exigir que se cumpla la legislación en materia de memoria histórica y se sigan buscando sus restos hasta que sepamos qué hicieron con ellos los mismos fascistas que ahora vuelven por sus fueros. Hay quien dice que llamar fascistas a los fascistas es exagerar. Nada de eso, porque la historia enseña que el fascismo nunca llega anunciándose como tal, que siempre lo hace envuelto en palabras como orden, tradición, libertad o sentido común. 

Así que puede que la mejor manera de recordar a Blas Infante, a Federico García Lorca y a tantos miles de asesinados aquel agosto de 1936 en Andalucía sea luchar sin descanso hasta conseguir que quienes comparten la misma ideología de los que acabaron con sus vidas se marchen cuanto antes del Gobierno de Andalucía.

J.T.

Ceuta y la deslealtad de la derecha

Espanta imaginarse cómo habría gestionado Feijóo la llegada a Ceuta de 50.000 jóvenes marroquíes en 24 horas si en ese momento hubiera estado gobernando la derecha ultra que él representa, apoyada además por la ultraderecha. Se equivocaría quien sostuviera que en tal caso no habría tenido lugar lo que Pedro Sánchez calificó de “violación de la integridad territorial de España”. Se equivocaría porque tanto Mohamed VI como antes su padre, Hassan II, siempre acaban encontrando una razón para tocarnos las narices con Ceuta y Melilla gobierne quien gobierne en España o en Estados Unidos. Si, como afirman algunos “expertos analistas”, Marruecos lo ha hecho esta vez para intentar acabar con el gobierno de coalición español, ¿quiere esto decir que cuando en 2002 tomaron Perejil lo hicieron para acabar con el ejecutivo que por entonces presidía José María Aznar? ¿O que cuando en 2021 permitieron algo parecido a lo de la semana pasada (en aquel caso fueron unas 10.000 personas) porque atendimos en un hospital de Logroño al líder del Polisario, ¿eran los Estados Unidos de Joe Biden quienes movían los hilos? 

Que el país vecino propicie un asalto de semejante calibre no es un desafío dirigido únicamente a la persona que preside el ejecutivo español y las fuerzas políticas que lo apoyan, sino que se trata de una ofensa al Estado en su conjunto. Algo que, cuando sucede, exige cierre de filas, lealtad y apoyo por parte de todas las fuerzas políticas. Y eso ha de estar por encima de las ideologías, por muchos contenciosos internos que existan. Feijóo sabe muy bien, como lo sabe también el racista y xenófobo de Abascal, que si les hubiera ocurrido a ellos algo similar, habrían contado con el apoyo de prácticamente todas las fueras políticas del espectro parlamentario. A menos que su decisión hubiera sido entrar a sangre y fuego contra personas indefensas, como quizás podría deducirse de un desaforado tuit que el líder de Vox colgó en redes donde decía textualmente “Hay que echarlos ya! ¡A todos! Con los medios que sea. Y si el Gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos”. Un texto publicado justo cuando la diplomacia española y la marroquí estaban cerrando la crisis consiguiendo así que más de 48.000 personas regresaran a su país en poco más de 24 horas. 

Las posibles causas de lo sucedido han sido analizadas estos días por geopolíticos y “expertos” de todo tipo en decenas de horas de tertulias y cientos de artículos de opinión: que si Trump, que si Netanhayu, que si la culpa la tiene la firma de acuerdos comerciales con Argelia o la ley que reconoce la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977, que si el dictamen del Tribunal Supremo impidiendo devolver en caliente a quienes llegan nadando a nuestras orillas… Fuese cual fuese la razón, fuese cualquiera de estas, la suma de varias o alguna otra, da igual porque lo que en un primer momento tocaba era apoyar a tu gobierno, por mucho que odies a quien lo preside. Las críticas y la exigencia de explicaciones, después.

Pero no, con su mezquindad y torpeza habituales el presidente del Partido Popular llegó a afirmar que la irrupción masiva de jóvenes marroquíes en Ceuta el pasado jueves "se conocía ya desde principios de semana". O sea, Alberto, para que yo me aclare, ¿cuando decías esto, estabas admitiendo que tenías información que afectaba a la seguridad nacional y no la pusiste en conocimiento del Gobierno de tu país? ¿es posible que seas tan ignorante, o que actúes con tan mala fe, con tanta deslealtad?

O ignorancia o mala fe ha sido también la desconcertante reacción de países como Italia, Finlandia o Dinamarca solicitando nuestra salida del espacio Schengen e incluso alguno de ellos disponiendo controles en sus fronteras para quienes lleguen desde España. Pero vamos a ver, ¿acaso desconocen que la Ciudad Autónoma de Ceuta no es territorio Schengen? ¿A qué se debe este súbito ataque de histeria? Que Trump utilice las imágenes de la llegada masiva de jóvenes marroquíes a las playas de Ceuta para asustar a sus ciudadanos diciéndoles que si votan al Partido Demócrata, los Estados Unidos serán “invadidos” de la misma manera, es algo que entra dentro de su previsible catálogo de distópicos exabruptos diarios. Pero Europa… ¿por qué Europa? ¿Cómo son capaces de poner el grito en el cielo líderes como Giorgia Meloni cuando, según Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), el número de entradas irregulares en Italia entre 2021 y 2026 fue el doble que en España?

A ver qué pasa este martes 4 de agosto cuando se reúnan por videoconferencia los ministros de Interior europeos. A ver qué conclusiones sacan y qué decisiones adoptan sabiendo, como saben, que no se pueden poner puertas al campo. Espero que tengan al menos unas palabras de solidaridad para con las víctimas y consigan evitar que se acaben normalizando los postulados racistas de los intolerantes. Como ha escrito Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, “no podemos dejar que sea la extrema derecha identitaria global la que marque los términos del debate. Tenemos la obligación de mirar la realidad cara a cara, por muy compleja y dolorosa que esta sea”.

Y adoptar soluciones contundentes, añadiría yo, partiendo de la premisa del respeto a los derechos de miles de seres humanos que buscan un futuro mejor y que en la crisis de Ceuta, una vez más, han sido utilizados como carne de cañón. Entristece constatar lo poco que se ha hablado de las muchas personas, van 72 en el momento en que escribimos estas líneas, que se han ahogado intentando atravesar a nado la frontera ceutí de El Tarajal. Vaya desde aquí un respetuoso recuerdo hacia todos ellos. 

J.T.

Sevilla, la mezquita de la discordia

En esa imparable espiral de odio que Vox preconiza y fomenta, estos días le ha tocado el turno a la mezquita que está previsto construir en el Polígono Sur de Sevilla. Los ultras no quieren que el proyecto salga adelante y han decidido poner en él el foco de sus insidias. La receta nunca cambia, se trata de buscar un enemigo, ya sean los menores inmigrantes, las personas migrantes en general, el colectivo LGTBI, las feministas o cualquier asunto que sirva para alimentar el miedo y la discordia. 

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP de José Luis Sanz en minoría con apoyo de Vox, se ha visto obligado a conceder la licencia de obras tras los informes técnicos que confirman que se trata de un proyecto privado, en suelo privado y que cumple la normativa urbanística. Por tanto, no puede ser bloqueado por capricho ideológico. 

El proyecto, impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla y diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, no consiste solo en un lugar de rezos. Incluye además espacios culturales, educativos, un centro médico abierto, y un diseño que dialoga con la tradición hispanomusulmana de la propia Sevilla: celosías, patio triangular y guiños a la Giralda. Así que los técnicos de Urbanismo han sido claros: el uso es compatible y no procede consulta vecinal extraordinaria. Negar la licencia sería prevaricación pura y dura, así que el alcalde Sanz, por una vez, ha tenido que elegir entre la ley y la presión ultra. Ha elegido la ley. Y Vox, en respuesta, habla de “pérdida de confianza” y “alfombra roja a la islamización”. Su beligerancia ha sido absoluta: recursos, amenazas de romper el pacto con el PP, concentraciones con pancartas, recogida de firmas y hasta fotos manipuladas del alcalde con chilaba.  

Quienes se llenan la boca hablando de libertad, no le ven ningún problema a imponer qué fe merece tener un templo y cuál debe esconderse. Si al alguien se le ocurriera prohibir la construcción de una iglesia católica, ¿verdad que cuesta poco imaginarse cuál sería la reacción de estos intolerantes? Los mismos que hoy agitan pancartas montarían un pollo de mil demonios y estarían hablando dúia y noche de persecución, de dictadura y de atentado contra las libertades. 

Por si alguien aún tenía dudas al respecto, esta polémica desnuda una vez más el auténtico ADN de Vox: oposición visceral a todo lo que no encaje en su idea estrecha de identidad española, una identidad que, paradójicamente, niega la riqueza de Al-Ándalus, de la Sevilla de las tres culturas, de la mezcla que ha hecho grande a esta tierra. El PP, atrapado entre su socio incómodo y la realidad jurídica, intenta nadar y guardar la ropa.

Al final, la mezquita se construirá porque la ley está por encima de las pataletas identitarias, pero cada vez resulta más desasosegante comprobar cómo, a medida que transcurren los días, los fascistas consiguen condicionar un poco más la agenda pública. Les basta señalar un enemigo para que caigamos en la trampa y el debate ciudadano deje de girar alrededor de la pobreza, la vivienda o los servicios públicos para pasar a discutir sobre identidades, religiones y fantasmas varios. Es necesario salir cuanto antes de esa dinámica. Ya está bien de hacerles el juego a los fascistas.

J.T.

Meritxell Serret, la primera amnistiada

La decisión del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía a Meritxell Serret trasciende la situación personal de la exconsellera de Agricultura del gobierno que presidió Carles Puigdemont. Esta resolución señala el camino que el Supremo parece dispuesto a recorrer en la aplicación efectiva de la ley de amnistía y anticipa un nuevo capítulo en el largo recorrido judicial del procés. Probablemente se trate de una de las decisiones más relevantes adoptadas en los últimos meses sobre las consecuencias judiciales del otoño catalán de 2017. Extraña que haya pasado casi desapercibida, que apenas se le haya dado bombo informativo. O no.

Escribió Stefan Zweig que la historia no avanza siempre con estrépito, que muchas veces cambia de dirección en silencio, mientras casi nadie presta atención. Quizá esta resolución pertenezca a esa categoría aunque cueste tener que admitirlo, habida cuenta del ruido y la furia con que se actuó contra los políticos catalanes en el otoño de 2017. Si les parece, hagamos un poco de memoria: en septiembre de aquel año, el Parlament de Catalunya aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y el Govern de la Generalitat decidió mantener la convocatoria del referéndum que, para escarnio de quienes no lograron impedirlo, se celebró pacíficamente el 1 de octubre a pesar de la violencia con la que se intentó impedir que las urnas cumplieran su función. Urnas que, por cierto, los cuerpos de seguridad del Estado no consiguieron encontrar hasta que no estuvieron ya en las mesas electorales.

Como el resto de miembros del Ejecutivo catalán, Meritxell Serret participó en los acuerdos del Consell Executiu que permitieron seguir adelante con la organización de la consulta y aquí es donde está el origen de la causa penal que se abrió contra ella. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el cese del Govern, el president Carles Puigdemont y varios de sus consellers —entre ellos Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y la propia Meritxell Serret— abandonaron España y se establecieron en Bélgica.  

En marzo de 2021, Serret decidió regresar voluntariamente para comparecer ante el Tribunal Supremo. La razón era que los hechos que se le atribuían no incluían malversación, sino exclusivamente un delito de desobediencia, situación procesal mucho menos gravosa que la del resto de sus compañeros. 

Aún así dos años después, en abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenó por un delito de desobediencia grave. La sentencia consideró probado que había ignorado consciente y deliberadamente los requerimientos del Tribunal Constitucional que ordenaban impedir cualquier actuación dirigida a celebrar el referéndum del 1 de octubre, y la pena consistió en un año de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 12.000 euros. No fue condenada a prisión.

A partir de ahora, la resolución del Supremo conocida este lunes 27 de julio extingue esa responsabilidad penal al considerar por fin que los hechos encajan dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía. La consecuencia jurídica es clara: desaparecen tanto la condena como sus efectos penales. La importancia de esta decisión va mucho más allá del caso de Serret. Hasta ahora, el Tribunal Supremo había mantenido una interpretación restrictiva respecto de algunos de los principales dirigentes del procés. La amnistía de Serret demuestra que, al menos para los condenados exclusivamente por desobediencia, el alto tribunal considera plenamente aplicable la ley.

Eso convierte esta resolución en un precedente relevante. No significa que todos los procedimientos pendientes vayan a resolverse automáticamente del mismo modo, porque, según los entendidos, cada causa presenta circunstancias distintas. Pero sí constituye la primera ocasión en que el Supremo amnistía a un miembro del Govern que compartió con Puigdemont la decisión de abandonar España tras la crisis institucional de 2017.

Esta resolución señala pues el camino que el Supremo parece dispuesto a recorrer en la aplicación efectiva de la ley de amnistía y anticipa lo que puede que sea un nuevo capítulo en el largo recorrido judicial del procés. Sobre la rapidez o lentitud de todo esto, al menos hoy me abstendré de hacer valoraciones.

P.D. Tras acabar de escribir este artículo, surge una novedad: el Tribunal Supremo ha decidido hoy aplicar también la aministía a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, cuatro de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya que en 2017 permitieron la tramitación de la declaración de independencia de Catalunya y de las leyes de desconexión. En 2023 fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a cuatro meses de inhabilitación. 

Lo dicho, tacita a tacita y cuando ya no les queda más remedio.

J.T.

Zapatero, ¿qué necesidad tenías?

Que Felipe, Aznar y Rajoy sean más impresentables que él no es un eximente, más bien lo contrario. Hasta ahora José Luis Rodríguez Zapatero había ganado en las comparaciones con sus “colegas” e incluso había conseguido convertirse en referente ético para algunos, en el comodín de lujo que su partido sacaba a pasear cada vez que veía negro el panorama. A partir de su entrevista del jueves en televisión las cosas han cambiado. Y digo a partir del jueves porque hasta el día anterior todo se ceñía aún al ámbito judicial, un terreno minado donde el lawfare lleva años campando por sus respetos.

Pertenezco a ese grupo de personas al que le parece miserable la caza y captura de ZP como parte de una estrategia en la que tumbar al gobierno Sánchez por lo civil o por lo judicial pero dicho esto, a partir del pasado jueves, cuando compareció en “Mañaneros” de TVE, entiendo que las cosas han cambiado. Tenía que haber dado la cara mucho antes, no lo hizo y ahora es tarde, señora, sobre todo porque cuando acabó la entrevista, a muchos nos quedó un amargo sabor de boca. Hasta al mayor de sus incondicionales tuvo que rechinarle escuchar que las joyas de la discordia  eran “un regalo de cortesía personal de hace muchos años que no tenía uso, ni destino, ni afán patrimonial”, palabras textuales. Defíname cortesía, señor presidente, por favor. Eso sin hablar de que nos dejó a dos velas. Que ya le dirá al juez la fecha, el motivo, el origen y el donante, añadió. Pues mire usted qué bien, me encanta esa manera de salir a la palestra pública para “romper el silencio”. Digo yo que si se va a un sitio, se va, pero ir pa ná es tontería, ¿no?

No pudo evitar tics autoritarios, llegando en algún momento a ser maleducado con Javier Ruiz, cuya entrevista fue periodismo puro, y empleó términos y expresiones que me recordaron a González frente a Iñaki Gabilodo en 1995: Señor presidente, ¿organizó usted el GAL? Jamás se me ocurriría, contestó un descolocado Felipe. Cada vez que ZP empleaba el pasado jueves el término “jamás” me venía a la memoria aquella secuencia. “¿Otra vez?”, se revolvía el otrora apodado “Bambi” frente a Ruiz cuando este le repreguntaba o le planteaba algún asunto incómodo. Por no hablar del rebote que pilló cuando le habló de sus hijas. “¡Punto!”, sentenciaba en algunas de sus contestaciones. ¡Uf!

Igual se enfadó porque esperaba una entrevista masaje. Se equivocó. Si se ve en la grabación, él mismo se dará cuenta de sus errores. Quien tenía delante no era un adversario sino un acreditado profesional que conoce muy bien el oficio y sabe cómo tiene que hacer su trabajo. Afirmó Zapatero que le tiene “alergia profunda a las dichosas joyas”. A buenas horas. Es verdad que no le quedaba más remedio que comparecer, pero se tenía que haber preparado mejor porque tan torpe no es. Si no lo hizo, es legítimo pensar que no valoró lo suficiente la profesionalidad de Javier Ruiz. Gran fallo de los políticos en general, que suelen confundir el buen ejercicio del periodismo con que te hagan la pelota o no te pongan en demasiados compromisos. 

Por eso se tiró prácticamente todo el tiempo echando balones fuera. “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”, contestó cuando se le preguntó por las declaraciones de su “amigo” Julio Martínez cuando este afirmó que las decisiones de la empresa Análisis Relevante las tomaba el ex presidente a pesar de no formar parte del accionariado. “Hay que separar las relaciones humanas del proceso judicial. No va con mi estilo renegar de una amistad de años”, precisó Zapatero. Pues mire usted qué bien, ¿y a decirnos lo buen amigo que es de sus amigos es para lo que fue a la tele? 

Quiso dejar claro el ex presidente, eso sí, que en ningún momento intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ni planificó la creación de una empresa offshore para camuflar ingresos ni usó a sus hijas como testaferros. Mientras lo escuchaba hablar no podía dejar de preguntarme qué necesidad tenía de andar metido en esos fregaos, por muy legítimo que resulte ser todo lo que haya hecho ¿No se puede ser ex presidente y limitarte a vivir de tus ingresos como tal? ¿No se puede ser útil en mediaciones y gestiones humanitarias sin más? ¿Hay que montar por narices una consultoría y cobrar por dar consejos? ¿Es necesario tentar la suerte tal como está el patio judicial, algo a lo que tampoco él le metió mano por cierto, y dada la falta de prejuicios de según qué estamentos, arriesgarse a que violen tu intimidad, a que acaben incluso haciendo públicos dos años enteros de tu agenda personal?

No podemos desearle otra cosa que no sea que resulte absuelto de sus tristes avatares judiciales. Muchos de sus partidarios aseguran sentirse aliviados tras escucharle hablar y algunos de ellos piensan que contribuyó a “deshilachar” las acusaciones. Puede ser pero su reputación, para muchos de quienes todavía confiaban en Zapatero a estas alturas y creían que su manera de ir por la vida no tenía nada que ver con la de otros ex presidentes, ha quedado en entredicho tras su entrevista en la tele. El daño político ya está hecho. Una pena.

J.T.

¿Es intocable el poder judicial?

“Todo poder tiende a crecer hasta que es detenido, porque su desarrollo conduce al abuso y a la arrogancia”. Esta afirmación, que el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen formuló en 1926, la recordaba el socialista Gregorio Peces Barba en un artículo publicado en el diario El País el 28 de julio de 1999 para añadir que también es aplicable “al poder emergente de los jueces en los Estados liberales y democráticos”. Quien fuera presidente del Congreso de los Diputados durante la primera legislatura de Felipe González precisaba además que “cuando se trasladan a los juzgados debates que debieran ser resueltos en sedes políticas, aumenta la creencia de los jueces en su poder y les contamina con la tentación de sustituir los debates judiciales por debates políticos y por resoluciones políticas.”

Todo está escrito y analizado desde hace ya demasiado tiempo, es cierto, pero la pena es que los socialistas hayan esperado hasta ahora para rescatar y divulgar en redes este artículo de quien fuera uno de los “padres” de la Constitución de 1978. Mientras machacaban una tras otra a todas las cabezas visibles de Podemos, a nadie se le ocurrió desempolvar estas reflexiones. Puede que nos repitamos, pero conviene remarcar que este gobierno ha tenido en su mano cambiar la preeminencia de la caverna en el Poder Judicial y, en lugar de ponerse a ello, se dedicaron largo tiempo a procrastinar. Cuando tras múltiples vaivenes llegaron a un “acuerdo”, acabaron pariendo un ratón porque aceptaron un maquillaje tan liviano e inofensivo que todo continuó estando en las mismas manos de siempre, como a diario sufren ahora en sus propias carnes.

Hace poco condenaron al Fiscal General del Estado y la semana pasada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; sentarán también pronto en el banquillo a Begoña Gómez con un jurado popular. Prolongan en el tiempo la pena de telediario para sobredimensionar todos los casos del entorno de Pedro Sánchez por escasa sustancia que estos contengan, sumarios donde la razón por la que se abrieron en su día fue estrictamente política. 

La persecución es a cara descubierta confirmando así, a medida que pasan los días, las desahogadas predicciones que, sin ningún recato, ha venido haciendo Miguel Ángel Rodríguez. La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso ya ha avanzado públicamente que la mujer del presidente será también condenada y que, además, acabará yendo “p’alante” hasta el mismísimo Pedro Sánchez. Dictamina Bruselas que la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo, pero Pablo Llarena mantiene la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig si se les ocurre cruzar los Pirineos. Además, una asociación judicial con casi mil miembros se ha apresurado a recordar en un comunicado que “corresponde a los jueces nacionales examinar caso por caso si concurren los requisitos legales para aplicar la amnistía”. Suma y sigue.

Metieron años en la cárcel a nueves políticos catalanes; a los responsables de Podemos estuvieron durante bastante tiempo amargándoles la vida con la apertura de decenas de sumarios que acabaron archivados tras haber sido aireados sin cesar por los mismos medios que propagaban bulos sobre la formación, por muy burdos que estos fueran. Se les dijo por activa y por pasiva que resultaba imprescindible cambiar la manera de elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial y no hicieron ni puñetero caso. A nadie en el PSOE se le ocurrió recuperar en aquellos momentos esta otra frase de Peces Barba: “…debe abrirse por el Gobierno, las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial y también, con altura de miras, por las asociaciones judiciales, un proceso de reflexión que debería conducir a profundas reformas de acceso a los jueces, aumentando su período de formación, en el control de sus desmesuras cuando se produzcan, y en una adecuada reactualización de sus conocimientos”.

Don Gregorio era algo enrevesado escribiendo, pero yo creo que se le entendía cuando dejó dicho que “instituciones como el juez instructor y el procedimiento abreviado deben ser revisadas críticamente porque en ellas y en esos fallos graves del modelo del juez en nuestro sistema, residen muchas de las razones que producen incertidumbre e inseguridad en personas que, con el comportamiento poco juicioso de algunos jueces, ven con seria preocupación la integridad de su honor personal e incluso de su libertad”.

Van tarde los socialistas aireando estas cosas, y haciéndolo además cuando la mayor parte de la ciudadanía andaba felizmente distraída con las andanzas de nuestra selección en el mundial de fútbol. Además de difundirlas, igual estaría bien que se pusieran manos a la obra. Dado que a día de hoy todavía gobiernan igual, digo yo, podrían hacer algo más que limitarse a mantener una resistencia numantina que, cada día que pasa, resulta más patética. Parafraseando a Kelsen, convengamos que la única manera de impedir que un poder crezca indefinidamente es frenarlo en seco.

J.T.