¡Basta ya!

¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo es posible que el ensañamiento contra Pedro Sánchez y todo lo que le rodea haya alcanzado esta dimensión brutal y amoral para la que ya faltan calificativos? El inventario del asedio resulta mareante. La esposa del presidente, enviada a juicio con humillantes medidas cautelares; el hermano, procesado por un puesto en una diputación; el que fuera su hombre fuerte, Ábalos, condenado a más de dos décadas de cárcel, el ex presidente Zapatero y una larga lista de colaboradores, asesores y dirigentes del PSOE bajo investigación. Nueve causas abiertas que salpican el núcleo del poder socialista. Cada paso judicial viene acompañado de ruido mediático, acusaciones populares de entidades afines a la derecha ultra o a la ultraderecha, todo ello bien aderezado con una escandalosa inflación de filtraciones. 

Se trata de un derribo sistemático en el que la justicia se usa como arma política para desgastar, deslegitimar y, en última instancia, tumbar un Gobierno que no pudieron derrotar en las urnas. Jueces polémicos, asociaciones de dudosa imparcialidad, medios que convierten cada diligencia en sentencia anticipada con un objetivo, destruir al adversario político y a su proyecto. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quizá porque durante demasiado tiempo hemos normalizado comportamientos que deberían habernos escandalizado? Hemos aceptado como inevitable lo que nunca nos debió parecer normal, el insulto permanente, la deshumanización del adversario, la idea de que quien piensa distinto es un enemigo y no solo un rival político... Hemos dejado de vivir en una democracia donde se investigan hechos para adentrarnos en una realidad donde primero se señala a las personas y después se buscan los hechos. La sospecha se ha convertido en condena, la acusación en sentencia, el titular en prueba y así llevamos ocho largos e insoportables años. 

Da igual que una causa se archive, que una acusación se desinfle o que una noticia resulte falsa. La siguiente ya está preparada antes de que la anterior haya terminado de caer. El mecanismo es perfecto porque el daño lo produce la sospecha mucho antes que la condena, que al final puede llegar o no. Y la sospecha, una vez sembrada ahí queda, ya nunca desaparece del todo.

Dese 2018 la derecha ultra y la ultraderecha nunca digirieron que gobernara Pedro Sánchez, así que la vía judicial con la mayoría de los medios de comunicación como altavoz les pareció el mejor atajo. Así comenzó un acoso tenaz y constante que muchos tienen ya normalizado: registros, autos demoledores, portadas diarias, campañas en redes ¡Qué fatiga, cuánta impotencia ante la sensación de estar asistiendo a una persecución de tamaño calibre! Millones de ciudadanos andamos desconcertados y algunos empiezan a desconectar hastiados y asqueados. Otros se refugian en el cinismo. Malo, porque si la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones, en los medios y en la propia política, la saña de los intolerantes encuentra el terreno perfecto para crecer.

¿Qué podemos hacer? Votamos, nos manifestamos, denunciamos las injusticias defendemos el progreso y luchamos contra la desigualdad pero la maquinaria del odio sigue vomitando insidias y mal rollo. Andamos huérfanos de una defensa institucional firme y estamos “dolorosamente hartos” de constatar cómo la política se ha convertido en un ring donde solo un bando recibe golpes sin parar. Basta ya de tolerar que la democracia se convierta en un ejercicio de acoso sistemático. España merece un debate de ideas honesto y civilizado, y que este insoportable espectáculo de destrucción personal e institucional pare de una vez. ¡Basta!

J.T.

¿Qué hay detrás de este asedio sin tregua a un Gobierno legítimo?

El juez Juan Carlos Peinado, Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez conforman a día de hoy el tridente visible de una estrategia que trasciende la mera discrepancia ideológica. Es un golpe de Estado blando, judicializado y mediático diseñado para tumbar lo que las urnas decidieron. Lawfare en estado puro. 

El juez Peinado ha procesado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación; le ha retirado el pasaporte y la obliga a comparecer en el juzgado cada quince días. No hay nada... pero humilla, que algo queda. El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, es un “defraudador confeso” y ha de afrontar un juicio por fraude fiscal y organización criminal, pero su causa se presenta como ejemplo de “persecución”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, se permitió el lujo el pasado día 18 de junio de escribir en "X" antes twitter el siguiente texto: “Esto puedo deciros a día de hoy: Zapatero va Pá’lante; las hijas de Zapatero van pá’lante; la mujer de Pedro Sánchez va Pá’lante; el hermano va pá’lante; Ábalos y Koldo van pá’lante;… Y Pedro Sánchez irá pá’lante” Esta desahogada manera de expresarse resume de manera descarnada el momento de acoso y derribo al gobierno que vivimos. Todo vale para desgastar, judicializar y criminalizar al adversario político. Desde 2018, el PP, Vox y sus altavoces mediáticos han convertido cada irregularidad en un escándalo existencial. El remate estos días ha sido por un lado el ínclito Peinado retirándole el pasaporte el sábado a la esposa del presidente del Gobierno, y por otro la condena a 24 años para Ábalos que hemos conocido este lunes.

¿Qué hay detrás de todo esto? La derecha española nunca ha digerido la coalición progresista, los pactos con independentistas ni las políticas sociales y de memoria democrática pero existe, además, un factor técnico y temporal que explica tanta prisa precisamente en estos momentos. España tiene asignados unos 163.000 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la hoja de ruta de España para canalizar los fondos europeos NextGenerationEU, destinados a la recuperación post-pandemia y la transición hacia una economía más verde y digital. Por un lado son transferencias no reembolsables, y por otro préstamos.  

A día de hoy hemos recibido ya alrededor de 71.000 millones (55.000 en subvenciones y 16.000 en préstamos). Queda aún un volumen muy relevante por recibir en 2026 si antes del 31 de agosto de 2026 se certifica que hemos cumplido con objetivos que tienen que ver con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial. Bruselas transfiere cuando constata que los avances existen, y el Gobierno actual se encuentra pfecisamente en estos momentos en plena carrera para conseguir cerrar los últimos pagos. 

Un nuevo Ejecutivo PP-Vox, si consiguen hacer caer a Pedro Sánchez o que este adelante las elecciones, podría reorientar las convocatorias finales, las adjudicaciones y los criterios de reparto en los meses decisivos. Las subvenciones a empresas, autonomías, digitalización, transición verde y vivienda se gestionarían de una manera muy distinta, como el lector puede imaginarse. Controlar el BOE en esa fase permitiría cambiar prioridades, generar lealtades y atribuirse el mérito de la “lluvia de euros” mientras se critica la “mala gestión” previa. Los fondos ya desplegados son visibles en obras y empleo; quien esté en la Moncloa en la recta final se lleva el rédito político de cara a 2027.

Los NextGenerationEU son el mayor inyector de recursos públicos de la década. Perder el control de su fase final supondría dejar que un Gobierno al que la derecha ultra y la ultraderecha consideran “ilegítimo” consolidara clientelas, proyectos estratégicos y una narrativa económica positiva. Es decir, que volvería a estar en condiciones de que tras las elecciones los números le dieran para seguir gobernando. 

Sánchez ha reiterado que presentará Presupuestos en 2026 y que las elecciones generales serán en 2027, sin coincidir necesariamente con las autonómicas y municipales de mayo. El Ejecutivo aspira a agotar la legislatura, consolidar logros en vivienda, salarios y transición ecológica, y llegar a las urnas con parte de la recuperación económica visible. 

He ahí la razón por la que hay tantos nervios en las derechas, la explicación de por qué se aceleran los plazos judiciales. Los medios de comunicación rematan la faena amplificando cada auto para crear la sensación de que nos encontramos en un colapso irreversible. Es el manual clásico del lawfare: no hace falta ganar en las urnas si se puede inhabilitar al adversario en los tribunales o en la opinión pública. 

Ante todo esto hay que reaccionar ya, exigir separación real de poderes, acabar con las filtraciones, defender la presunción de inocencia y movilizarse en la calle y en las urnas. Ellos tienen prisa, ergo hay que plantarles cara. No se trata de blindar a nadie ante irregularidades cuando estas estén probadas, sino de impedir que la justicia se convierta en ariete partidista. Por favor, no echemos en saco roto el tuit del desprejuiciado y amoral Rodríguez cuyo texto reproducíamos literalmente al principio. El peligro de que la democracia se vaya a hacer gárgaras es muy serio. Así que a ver qué hacemos.

J.T.

Algunas izquierdas y el síndrome del impostor

Digo izquierdas cuando debería decir derecha light en el mejor de los casos. Porque me estoy refiriendo al PSOE. Bueno, a según qué sectores de Izquierda Unida también. A Sumar, desde luego no, porque no existe.

Las presuntas izquierdas que han gobernado desde 1982 en España exhibieron desde el primer día un claro y triste complejo de inferioridad, eso que en según que ámbitos se conoce como el síndrome del impostor. Desde entonces han gobernado más de 28 años y han desaprovechado una oportunidad tras otra de las que han tenido para hacer borrón y cuenta nueva. El franquismo consiguió pertrecharse, no se cortó por lo sano y aquí lo tenemos a estas alturas, vivito y coleando, amenazando muy seriamente con destrozar las libertades y los tímidos avances laborales y sociales que, a pesar de todo, pudimos ir conquistando.

Decía Iñaki Gabilondo hace poco que durante los años 1983-85, con 202 diputados en el Congreso, inapelable mayoría absoluta de la que disfrutaron los socialistas en aquella primera legislatura tras el intento de golpe de Estado el 23F, se podían haber acometido cambios en profundidad que nunca se promovieron. Y es verdad, porque ni metieron mano en la justicia, ni en la policía, ni zanjaron las dinámicas económicas corruptas que caracterizaban las relaciones entre política y dinero (al contrario, las asumieron hasta el punto que, a día de hoy, continúan más vigentes que nunca). No se tomaron nunca en serio el mapa mediático de nuestro país, cedieron un enorme porcentaje de la política educativa a los centros religiosos concertados. Salvo algunas excepciones en el estamento militar los cuarteles, sobre todo los de la guardia civil y la policía, siguieron siendo y siguen siendo un nido de fascistas… 

En resumen, un horror ¡Ay, el síndrome del impostor! Las derechas lo tienen claro: el Estado es de su propiedad sin discusión. Para ellos las izquierdas, cuando ganan elecciones, son tristes inquilinos con fecha de caducidad. Se entiende que las derechas razonen así pero, ¿por qué en esos 28 años de los que hablábamos, los presuntos gobiernos de izquierda no han dicho nunca hasta aquí hemos llegado ni han actuado con la contundencia necesaria para que a quienes se creen los dueños y no lo son se les acabe el cuento de una puñetera vez? Pues he aquí las consecuencias. Tantos años actuando como arrendatarios acojonados les ha llevado ahora a ser tratados como okupas a los que hay que desalojar cuanto antes.

Lo tuvieron a huevo y prefirieron ponerse el traje de nuevo rico, dedicarse a los pelotazos, a cobrar comisiones como si no hubiera un mañana, crearon un grupo “antiterrorista” y rindieron pleitesía a empresarios y banqueros dando pábulo a una casta que fue conocida como la “beutiful people”. Los órganos del partido parecían consejos de administración donde cada miembro reclamaba su cuota de poder en función de los votos que había conseguido en su respectiva demarcación. Si había que cambiar la Constitución en detrimento de los beneficios sociales y a favor de los buitres europeos, se hacía. 

Les resultaba mucho más barato, y más cómodo, defraudar a quienes habíamos puesto nuestra confianza en ellos, a quienes nos creímos que por fin iban a mejorar nuestras vidas. Hicieron eso en lugar de ser contundentes con los poderosos, que fue para lo que se les votó. En lugar de plantar cara se dejaron fagocitar. Años y años actuando de tontos útiles para acabar desfilando por los juzgados uno detrás de otro. Lo de la semana pasada fue de récord: el lunes, la mujer del presidente del gobierno, el martes en el Senado la directora de la guardia civil, miércoles  y jueves Zapatero en la Audiencia Nacional… Pena de telediario mañana, tarde y noche y humillantes portadas con los titulares y las fotos más degradantes posibles. 

Ahí tienen el resultado de haber llegado a un acuerdo vergonzoso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ahí tienen las consecuencias de haberle hecho la pelota durante años a emporios como Prisa, Atremedia o Mediaset. Solo TVE, merced a un pacto de la mayoría parlamentaria que hubiera podido llevarse a cabo también con el CGPJ, se salva de momento. Se salva aunque no paran de intentar achicharrarla. Se revuelven las derechas porque todavía existe un medio público que ofrece información que no controlan del todo y, gracias a ello, el ciudadano tiene un mínimo acceso a puntos de vista que, de otra manera, sería imposible que encontraran una difusión adecuada. A ver lo que dura, porque van a degüello. 

Tras hacer cada día más irrespirable el ambiente en el Congreso de los diputados, la derecha ultra y la ultraderecha atacan por tierra, mar y aire sin compasión alguna. Todo lo que les ocurre a las “izquierdas” se lo han ganado a pulso. Por melifluos, por haber cedido espacios de libertad que pertenecen a los ciudadanos que los votan en materia de educación, sanidad, religión, justicia o comunicación. Han hecho siempre los deberes al ralentí, de mala gana, y en muchos casos obligados, como cuando gobernaron con Podemos. Así nos va. Las izquierdas no han sabido o no han querido hacer entender a las derechas que no tienen las escrituras de este país en exclusiva, que la propiedad es de todos y que quienes buscamos más igualdad, menos injusticia y menos carta blanca para los ricos y los intolerantes somos muchos más.

Hay que plantar cara en las calles, pero quien tiene que defender los intereses de la mayoría es el gobierno de coalición que se conformó hace tres años. Tienen la obligación de defendernos y dejar de pensar solo en salvar su culo. Entre otras razones porque, como se está comprobando, parece que salvarlo lo que se dice salvarlo lo tienen pelín difícil si la caverna continúa empujando como lo está haciendo estos días. 

J.T.

El periodismo ha de ser testimonio y criterio

En las tertulias radiofónicas y televisivas, en las columnas de opinión y en los programas informativos se empeñan en continuar defendiendo que todas las opiniones han de tener cabida. Equilibrio, lo llaman, pero es mentira. Ese supuesto equilibrio no es periodismo sino más bien teatro bufo para no molestar a nadie ni poner en peligro el puesto de trabajo. Ahora que en algunos medios se están produciendo sospechosos y nada halagüeños movimientos de tierra conviene ser rotundos y dejar esto claro.

Que no se nos olvide nunca aquello que dijo Sandro Pertini: “Todas las ideas hay que respetarlas; el fascismo, no. Porque el fascismo, añadía, no es una idea sino la muerte de todas las ideas.” Darle cancha a la ultraderecha en nombre de un supuesto equilibrio es ponernos la soga al cuello nosotros mismos. No existe el periodismo neutral, el verdadero periodismo consiste en contar lo que se ve y explicarlo con datos sin faltar al respeto a quien nos lee o nos escucha. Punto. 

Lo que sí hay que reivindicar cada minuto que pasa es el periodismo honesto. Para ello basta que, con los datos que le proporcionemos el lector, el oyente o el televidente puedan extraer sus propias conclusiones. Eso no significa que detrás de cada noticia o cada crónica no haya una mirada o una postura ante la vida. Quienes nos leen o escuchan tienen derecho a saber desde qué trinchera se les habla. La imparcialidad absoluta es un mito porque el periodista es un ser humano con ojos, memoria y criterio.

Según estudios del Reuters Institute sobre el grado de confianza de la ciudadania en los medios de comunicación, esta valora más la claridad y la honestidad que la supuesta neutralidad. Cuando un medio dedica el mismo tiempo y tono a una corrupción demostrada que a un bulo no está siendo equilibrado, sino equidistante con la mentira y la verdad. Intolerable.

La equidistancia suele encubrir miedo o interés. El periodista que no toma partido ante una dictadura, una corrupción sistémica o una injusticia flagrante es cómplice por omisión. Contar las dos versiones de un asunto no significa que haya que otorgarles el mismo peso. El lector no es tonto y sabe distinguir entre propaganda y opinión razonada. Necesita datos, contexto, rigor en los hechos y, sí, también una voz que no se esconda. El periodismo honesto no teme mostrar su esqueleto ideológico porque confía en la inteligencia de quien lee. 

El periodismo ha de ser testimonio y criterio. Que cada uno firme con su nombre y su mirada, que los hechos manden, pero que la pluma no se amordace por miedo a parecer “parcial”. Y en cuanto a las tertulias, apostar por una política de cuotas es devaluar el interés de lo que se hablará en ellas porque las hace completamente previsibles. Propiciar esto es, por un lado darle al fascismo más alas de las que ya posee y por otro olvidarnos del carácter de servicio publico que siempre tuvo y ha de continuar teniendo el oficio periodístico.  

J.T.

Feijóo y su estrecha relación con la mentira

Lo único cierto que Alberto Núñez Feijóo dijo el miércoles 17 de junio en El Hormiguero fue que sigue sin saber inglés. Al menos durante unos segundos, abandonó la tortuosa relación que mantiene con la verdad y ofreció un dato comprobable. También es cierta su contrastada capacidad, marca de la casa, para soltar cifras falsas, datos manipulados y afirmaciones imposibles de sostener. Con un interlocutor como el turiferario Pablo Motos ningún problema, nada que ver con aquella Silvia Intxaurrondo de tan infausto recuerdo. Nada de repreguntar, nada de ponerlo en aprietos, pista para el artista. Motos es un empresario y un showman, pero de periodista tiene lo que servidor de astronauta. Por eso le gusta tanto a Feijóo este entregado presentador que se postra de hinojos sin pudor ante él, con ese alma de avispado inversionista que le ha hecho millonario.

Pero quiere más. Por eso no desmintió a quien no es presidente porque no quiere cuando este proclamó que más de 500.000 inmigrantes cobran el Ingreso Mínimo Vital sin haber trabajado el último año. Una mentira de dimensiones pornográficas que Motos no discutió. Los datos oficiales sitúan el número real en torno a los 150.000 pero no es cuestión de dejar que la verdad arruine un buen bulo. Igual ni lo sabía, el pobre. Feijóo sí, pero mintió a conciencia porque sabe de la rentabilidad de la exageración, máxime cuando esta se difunde a través de un programa televisivo de audiencia contrastada. 

Quienes nos tomamos la molestia de desmontar falsedades no podemos competir con la velocidad a la que estas se difunden. No por eso hay que desistir a la hora de desenmascarar a este torpe vendedor de crecepelo. Se autovendió como un gobernante impoluto que atravesó catorce años de poder en Galicia sin que la corrupción le rozara la chaqueta. La realidad es que hubo investigaciones, escándalos y condenas que afectaron a personas de su entorno político, pero Feijóo domina un arte que perfeccionó durante años, no decir exactamente la verdad sin llegar tampoco a mentir de forma frontal. Aunque cuando hay que mentir, miente, como cuando aseguró que el PSOE nunca había cosechado peores resultados en Andalucía, Extremadura y Aragón. Resultó que en Aragón era mentira pero daba igual. La frase ya había hecho el viaje completo desde el plató hasta los titulares y las redes sociales.

Volvió a jugar de manera torticera con los datos la deuda pública y tuvo además el cuajo de afirmar que la sanidad está peor que nunca obviando el saqueo a que la someten aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP. Insistió una vez más en que nunca se habían pagado tantos impuestos y, sin que se le moviera una ceja, aseguró que construirá un millón de viviendas cuando gobierne, ahí queda eso! 

La entrevista-masaje, realizada en un programa cuyo espíritu cuando nació fue ofrecer entretenimiento, desenfado y diversión a toda la familia, dejó una imagen bastante precisa de la catadura de Núñez Feijóo. Un personaje dispuesto a decir cualquier cosa que encaje en el relato que quiere construir aunque los datos afirmen exactamente lo contrario. Mentir, mentir y nada de rectificar. 

Quizá por eso, que admitiera su incapacidad para aprender inglés (eso sí, echándole la culpa a las escuelas rurales, que también hacen falta bemoles), fue la excepción que confirmaba la regla. El único momento de la noche en que Feijóo dejó de interpretar un papel y dijo algo inequívocamente cierto. Quedó tan en ridículo que igual Pablo Motos está aún lamentando haberse atrevido a sacar el tema.

J.T.

Algarrobico. El pitorreo continúa.

Ya van más de veinte años de infamia, dos décadas largas de cachondeo puro y duro. Mientras escribo estas líneas, el esqueleto brutal de El Algarrobico sobrevive, altanero y desafiante, a catorce metros del mar en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, provincia de Almería. Se mantiene erguido dedicándole un corte de mangas, tan grosero como interminable la inteligencia, a la legalidad y al sentido. Lo que iba a ser hotel se ha acabado convirtiendo en un siniestro monumento a la corrupción urbanística y la prevaricación política. 

La historia apesta desde el principio. En 1987 se crea el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con lo que en principio se blindaba el riesgo de especulación en la zona. Aún así, en 1988, el ayuntamiento de Carboneras, municipio al que pertenece la superficie de la polémica, aprueba un plan urbanístico sospechoso. Pasan los años y en 1994 se amplía la protección, con lo que la zona queda clasificada de manera clara como “no urbanizable”. Mas hete aquí que, como por arte de birlibirloque, tres años más tarde los planos mutan y el suelo se vuelve de nuevo “urbanizable” ¡alé hop! 

Así las cosas, en 1999 una promotora inmobiliaria llamada Azata del Sol compra 16 hectáreas por más de dos millones de euros y en enero de 2003 el Ayuntamiento de Carboneras, con el PSOE al frente, corporación presuntamente de izquierdas, concede la licencia de obras. Ni cortos ni perezosos se ponen manos a la obra y no tardan ni dos meses en empezar a levantar un mamotreto de 21 plantas y 411 apartamentos. Todo con las bendiciones de las cuatro administraciones (ayuntamiento, socialista; Junta de Andalucía, socialista; gobierno central, PP, y la propia gestión del parque natural Cabo de Gata-Níjar, socialista, ¡viva el ladrillo bipartidista!

En 2005, la asociación ecologista “Salvemos Mojácar”, más lenta que el caballo del malo, decide denunciar la tropelía. Y en febrero de 2006 Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería paraliza las obras. El socialista Manuel Chaves, presidente andaluz, promete demolición. Mentira. Greenpeace rotula “Hotel ilegal” en la fachada blanca con letras gigantes rodeadas de pintura negra. Llegan las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando nula la licencia por vulnerar la Ley de Costas y protección ambiental.... 

La fiscalía abre diligencias por prevaricación, pero todo se diluye en un pantano de recursos, contradicciones judiciales y pasteleos políticos. Gobiernos del PSOE, del PP, de la Junta, del Estado… todos prometieron y ninguno cumplió. En el años 2012 se acuerda la demolición. En 2016 el Supremo ratifica que la construcción es ilegal, que invade dominio público marítimo-terrestre y que la Junta tiene derecho de retracto. Azata pide una compensación de 70 millones, los años siguen pasando y el resumen es que la mole continúa ahí, con las autoridades  anunciando que la expropiación y la demolición están al caer. El cuento de nunca acabar.

Este pasado mes de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó que la licencia de 2003 es nula de pleno derecho mediante un informe preceptivo y vinculante que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a anularla de forma inmediata. Y este miércoles 17 de junio de 2026 ha llegado el penúltimo escupitajo a la decencia. En pleno extraordinario, con los votos del PSOE (los mismos que concedieron la licencia en 2003), una ex concejal del PP y un concejal no adscrito, el Ayuntamiento de este municipio almeriense de menos de diez mil habitantes ha decidido aplazar sine die la votación para anular la licencia. El argumento, “extraordinaria complejidad jurídica y económica”, dicen a estas alturas. Y añaden que necesitan más informes sobre posibles indemnizaciones a la promotora Azata. Así que el recochineo continúa. Suma y sigue. 

Greenpeace y la propia Junta de Andalucía han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que anule la licencia de forma supletoria y acabe de una puñetera vez con esta inacabable comedia. ¡Qué sensación de impotencia, qué vergüenza! Ese horror de hormigón mirando al mar y viendo pasar los años es el ejemplo más elocuente de la impunidad con la que se mueven los poderes reales y a indecencia con la que actúan los políticos. 

No puede ser que nos tomen el pelo de esa manera. Así que demoler El Algarrobico se ha convertido ya en una cuestión de dignidad ciudadana. Hay que hacerlo sí o sí. Se trata de una batalla que hay que ganar como sea. Yo, desde luego, no pierdo la esperanza de verlo. Aunque he de reconocer que tamaña falta de vergüenza no pensé nunca que se prolongara en el tiempo hasta llegar nada menos que a 2026. Y lo que te rondaré, morena.

J.T.

Taty Almeida, la importancia de la memoria

Ha muerto la ciudadana argentina Taty Almeida a los 95 años y con ella se marcha una de las últimas voces de aquella generación de mujeres que decidió enfrentarse a una de las dictaduras más brutales de América Latina armada únicamente con una fotografía, un pañuelo blanco y una pregunta que sigue resonando medio siglo después: ¿dónde están?

La historia es conocida, o deberíamos conocerla. Un hijo desaparecido, Alejandro Almeida, veinte años, estudiante, trabajador, militante. Secuestrado en 1975 y tragado por la maquinaria del terror mucho antes incluso del golpe militar de 1976. Como miles de argentinos y argentinas, fue convertido en ausencia.

El terrorismo de Estado instaurado tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla buscaba destruir la memoria, no solo eliminar personas. Borrando nombres, historias y afectos se propusieron, y en parte lo consiguieron, convertir el miedo en herramienta de gobierno, convencer a toda una sociedad de que más les valía callar.

Fue entonces cuando muchas madres, amas de casa, mujeres que en circunstancias normales habrían llevado siempre una vida discreta y que jamás habrían podido imaginar lo que les sucedió, decidieron convertirse en activistas. Taty Almeida fue una de ellas.

Siempre me impresionó una frase suya: “Alejandro (su hijo desaparecido) me parió a mí”. Hermosa definición sobre el compromiso. Taty, junto al resto de madres y abuelas de la Plaza de Mayo, decidió dedicar el tiempo de vida que le quedara desde que tuvo claro que su hijo jamás volvería a impedir que el olvido acabara ganando.

El fascismo nunca desaparece del todo. Cambia de lenguaje, de rostro, se adapta a los tiempos pero jamás se va del todo. Por eso figuras como Taty Almeida resultan tan incómodas. Están ahí siempre, en su caso y en de las madres y abuelas de los demás desaparecidos por la dictadura argentina, dando vueltas en Buenos Aires a la Plaza de Mayo con su pañuelo blanco recordándonos lo que pasó.  

Casi cincuenta años desmontando excusas, obligando a mirar de frente una realidad que algunos preferirían difuminar ¡Treinta mil desaparecidos! La mejor manera de honrar a Taty Almeida es entender lo que representó, la convicción de que la dignidad puede resistir frente al terror, la certeza de que ningún Estado tiene derecho a decidir quién merece existir y quién debe desaparecer. La obligación de defender la democracia cuando es imperfecta para no tener que llorarla cuando falta.

Se nos ha ido una una mujer admirable, sí, pero permanecen los pañuelos blancos y, sobre todo, la obstinación por no bajar los brazos jamás frente a la injusticia.

J.T.

A propósito del debut de la selección española en el Mundial de fútbol

Quiero imaginarme la noche de este lunes en Atlanta el primer gol de la selección española a Cabo Verde. Gol, por ejemplo, de Borja Iglesias con asistencia de Lamine Yamal tras un pase a este de Nico Williams. Gol de un futbolista que en su día renunció a jugar en la selección tras el abuso contra su compañera Jennifer Hermoso cometido por el entonces presidente de la federación. Asistencia de un joven de Mataró hijo de guineana y marroquí; pase de un navarro hijo de una pareja de ciudadanos de Ghana llegada a España en patera. No se me ocurre mejor resumen de la vida real de este país, de lo que pasa sin problemas en nuestras calles y en nuestros pueblos cada día. De la normalidad que nos define, de la convivencia que construimos a pesar de quienes se pasan la vida cabreados porque “los inmigrantes nos están invadiendo”.

Nos están haciendo grandes y competitivos pero nos están invadiendo. Invadiendo… ¿quién a quién? Nos están haciendo crecer, contribuyen a la prosperidad general, cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos y ponen el nombre de España en el mundo pero hay que regularlos cuando no directamente expulsrlos. Diez millones de extranjeros hay en España, el veinte por ciento de la población total. Unos tres millones de jóvenes son hijos de madre o padre de origen migrante. Solo en 2025 nacieron en los hospitales de este país 80.000 bebés de madres extranjeras, como Lamine en 2007, como Nico en 2002. Esta es la realidad, esta es la España que nos representa ante el mundo, esta es la España que puede hacernos ganar el segundo campeonato mundial de fútbol. Bajo un himno y una bandera de todos que los intolerantes se empeñan en patrimonializar en exclusiva.

No sé por qué les acabo de llamar intolerantes cuando en realidad son unos fascistas, unos impresentables racistas que no soportan convivir con quienes tienen otro color de piel o no han nacido en la España casposa y alcanforada que preconizan. Unos machistas que cosifican a la mujer creyendo que pueden besarla cuando les salga de las narices como hizo el altanero Rubiales. Somos un país vibrante y vivo, pero la carcundia se empeña en ponerle puertas al campo. Un campo donde, por cierto, trabajan los migrantes, un país donde a sus ancianos los cuidan inmigrantes, los ladrillos de sus casas los ponen inmigrantes y las cañas de cerveza que tanto le gustan a algunas también las sirven inmigrantes.

Pero la “prioridad nacional” es considerarlos ciudadanos de “segunda división” y relegarlos a la hora de acceder a un empleo, a los recursos públicos, a la sanidad o a cualquier otro tipo de ayuda social. Prioridad nacional. Bastardo concepto que el presuntamente democrático Partido Popular no tiene inconveniente en asumir si de ello depende que la ultraderecha le otorgue sus votos para gobernar en autonomías como Extremadura, Aragón, Castilla y León… y veremos qué acaba pasando en Andalucía. 

Católicos todos ellos, al menos de boquilla, han escuchado estos días las admoniciones de su jefe cuando, a su paso por Madrid, Barcelona y Canarias, les ha ido recordando que no se puede “alabar a Dios y al mismo tiempo despreciar a un ser humano por su color de piel, su lengua o el lugar donde nació”, o que “la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera”. Reconvenciones estas aplaudidas con el mismo fervor con el que fueron olvidadas al día siguiente.

Tristes aprendices de papá Trump, quien lo mismo prohíbe la entrada a Estados Unidos de un árbitro somalí para dirigir encuentros en el Mundial que registra en los aeropuertos como si fueran delincuentes a futbolistas de las selecciones de Senegal o Uzbekistán. A los jugadores iraníes los ha humillado impidiéndoles instalarse en suelo estadounidense y obligándoles a ir y venir desde Tijuana, México, cada vez que hayan de disputar un partido.

Si de verdad aspiran a gobernar, hacen mal la derecha ultra y la ultraderecha en apostar por esta manera de ver las cosas ignorando así los mensajes de Robert Francis Prevost. En clave política, la institución que este preside debe su longevidad entre otras cosas a su capacidad para sintonizar con la sensibilidad y las necesidades de su clientela. León XIV entiende la importancia de las identidades y por eso utiliza el catalán cuando visita Barcelona, sabe también que los desheredados son más y por eso, aunque haya otras razones, defiende su dignidad. Tiene claro que no hay futuro ni prosperidad sin inmigración. Harían bien sus admiradores peperos y de Vox en interiorizar esto. Aunque les cueste disimular su rabia cuando Lamine, Nico o Borja vayan marcando goles estos días en el Mundial asistidos por un ramillete de compañeros vascos y catalanes donde ningún futbolista del Real Madrid ha encontrado sitio.

J.T.

Belfast nos concierne. Mucho.

Un hombre es apuñalado. El presunto agresor es inmigrante. Estallan disturbios. Hay ataques contra viviendas, enfrentamientos con la policía y protestas en las calles. Belfast ha ardido varios días porque un hecho violento coincidió en el tiempo con un estado de ánimo ciudadano que llevaba ya tiempo acumulando demasiada tensión. El crimen ha sido la chispa, pero el combustible llevaba años almacenándose, como en tantos otros lugares de Europa donde existen dificultades para acceder a una vivienda, hay sensación de deterioro de los servicios públicos, incertidumbre económica, salarios que no avanzan al ritmo del coste de la vida o crece la desconfianza hacia unas élites políticas que parecen vivir en un universo paralelo.

En ese contexto es en el que aparece la inmigración como problema porque resulta mucho más sencillo señalar a quien acaba de llegar que enfrentarse a dificultades estructurales que llevan décadas gestándose. Las sociedades tienen todo el derecho a debatir sobre integración, fronteras, capacidad de acogida o convivencia. Pero el problema comienza cuando dejamos de debatir y empezamos a buscar culpables encanallando los ánimos además a través de las redes sociales. Nunca en la historia habíamos tenido tanta información disponible y, paradójicamente, nunca había sido tan fácil vivir atrapados dentro de una deformada versión de la realidad. 

Los algoritmos premian la emoción, el enfado o el miedo. Les importa un comino la verdad. Por eso cada vídeo impactante, cada rumor sin verificar o cada mensaje incendiario encuentran una autopista de millones de usuarios dispuestos a compartirlo.

El resultado es un cóctel explosivo donde un crimen deja de ser un crimen para convertirse en la prueba definitiva de una teoría. Un agresor deja de ser un individuo para representar a un colectivo entero. Y una tragedia concreta acaba transformándose en una batalla cultural donde los hechos importan menos que las emociones.

Lo que ha ocurrido en Belfast resulta inquietante porque esa música nos suena demasiado, porque nos induce a temer que algo así puede llegar a suceder aquí en cualquier momento si nos despistamos y bajamos la guardia.

J.T.