En defensa de Javier Ruiz y su trabajo periodístico

En el oficio periodístico hay momentos en los que uno tiene que elegir bando. No vale esconderse detrás de la equidistancia impostada ni del “todos tienen parte de razón”. O estás con el periodismo entendido como servicio público, o estás con el ruido organizado que pretende domesticarlo. Y en esa línea divisoria aparece estos días un nombre propio, Javier Ruiz.

Lo que está ocurriendo con su trabajo en Mañaneros 360 de RTVE es una operación de desgaste en toda regla. Primero se cuestiona su trabajo, después se amplifica la crítica desde determinados altavoces y por último se construye un relato donde el problema ya no es lo que hace, sino lo que representa. Javier Ruiz no molesta por una presunta inexactitud en la que todos los periodistas podemos incurrir en algún momento, sino por una forma de hacer periodismo que incomoda a quienes prefieren una televisión pública dócil, previsible y, sobre todo, inofensiva.

El papel de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa) resulta especialmente sangrante. Ese corporativismo selectivo que aparece con contundencia en unos casos y se desvanece en otros significa que eligen cuándo indignarse en función de quién está al otro lado. Lo que debería ser un escudo para los periodistas se convierte en una herramienta de señalamiento. Lo mismo que ocurre con el llamado Consejo de Informativos de TVE cuyos miembros, en lugar de proteger la pluralidad, han elegido alinearse con quienes buscan exactamente lo contrario. Nada que ver con el espíritu fundacional con el que nació este organismo.

Vamos a ver si nos aclaramos y se lo dejamos claro a los lectores y a los espectadores: Pluralidad no es incomodar solo a unos ni repartir críticas con calculadora. Pluralidad es abrir ventanas, introducir miradas distintas y asumir que el servicio público es eso, servicio público. La llegada de José Pablo López a la presidencia de la Corporación trajo consigo un compromiso explícito, que era reforzar la pluralidad y recuperar el sentido de lo público. Eso, que debería ser una obviedad en una radiotelevisión estatal, ha acabado por convertirse en un histérico campo de batalla donde los fascistas y partidos políticos afines amenazan con entrar a saco para acabar con tamaña osadía motosierra o lanzallamas mediante.

En ese contexto, Javier Ruiz se ha convertido en algo más que un periodista. Javier es uno de los ejemplos de que se puede hacer televisión pública con vocación de servicio, con voluntad de explicar y hacerlo de manera incómoda sin necesidad de caer en la propaganda. Su manera de trabajar, directa, incisiva, nada complaciente puede gustar más o menos pero nadie le puede discutir que cumple con algo esencial, que pone el foco donde hay que ponerlo aunque moleste. Y parece claro que molesta. A los de siempre, claro. Por eso la reacción es tan virulenta en alcanforadas instituciones como la FAPE. No se trata solo de desacreditar a una persona, sino de marcar territorio. De lanzar un mensaje diciendo “hasta aquí”. Un “hasta aquí” que no va dirigido solo a Javier Ruiz, sino a cualquiera que entienda el periodismo como una herramienta que ha de pensar antes en el espectador que en quienes mandan, una advertencia a cualquier otro u otra que ose fiscalizar el poder y no lamerle las botas. 

Conviene no engañarse, lo que está en juego en estos momentos es la idea misma de servicio público, la posibilidad de que RTVE sea un espacio útil, honesto y plural en un ecosistema mediático cada vez más polarizado. En última instancia, estamos hablando de la dignidad del oficio periodístico. Así que sí, toca defender a Javier Ruiz. Con su trabajo disfrutamos de algo que a día de hoy lamentablemente escasea, que es la decidida voluntad de contar, de explicar, de incomodar. En el oficio periodístico, esa manera de hacer las cosas es imprescindible e innegociable. Por eso quieren acabar con ella. 

J.T.

Ayuso profana el Gernika

Con tal de crispar, no hay charco en el que no se meta. Estos días le ha tocado al Gernika estar en la diana de Isabel Díaz Ayuso. Si puedo tensionar, para qué voy a andarme con miramientos. Si puedo calificar de “ciega, absurda y cateta” la intención del Gobierno vasco de exhibir temporalmente el cuadro de Picasso en el Guggenheim de Bilbao, por qué me voy a callar. Escuchar en su boca el término Gernika suena a profanación. Gernika, no Guernica, como seguro le escribió en el texto su ventrílocuo MAR. 

La presidenta madrileña puede que no, pero su asesor sí que sabe que Picasso pintó el cuadro en París en 1937 para el Pabellón de la República en la Exposición Universal de esta ciudad y que después recorrió Europa y América en exposiciones que lo maltrataron sin piedad: enrollados, desenrollados, vibraciones, humedades…  MAR sabe también, aunque Ayuso se lo calle, que el Gernika sufrió restauraciones en los años 40 y 50 precisamente por los estragos de tanto traslado y que luego estuvo décadas en el MoMA de Nueva York hasta que la democracia española permitió su regreso en 1981, como había exigido Picasso. Primero fue exhibido en el Casón del Buen Retiro y desde 1992 se encuentra en el Museo Reina Sofía. Ha sido un nómada de la memoria antifascista. Ahora, cuando el lehendakari Imanol Pradales solicita un préstamo temporal, del 1 de octubre de 2026 al 30 de junio de 2027, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de Gernika y del primer Gobierno Vasco, Ayuso sale a la palestra a incordiar sobre el asunto sin que nadie le haya dado vela en ese entierro. 

Los técnicos del Reina Sofía desaconsejan el movimiento por razones de conservación. Muy bien, es una cuestión técnica, no política, que se resuelva pues en los despachos de los expertos, con informes rigurosos y punto. Pero Ayuso se empeña en montar el pollo. Siempre un agravio que inventar, una bandera que ondear o un centralismo rancio que defender. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que refrenda a los técnicos que se oponen al traslado, se ha explicado esta vez con una argumentación aceptable: “Entiendo la sensibilidad detrás de esta petición -ha dicho. Estamos hablando de una obra vinculada a la memoria de Gernika y al dolor que simboliza. Mi obligación es garantizar el acceso a la cultura pero también garantizar el patrimonio. En cuestiones como esta hay que escuchar a los técnicos que conservan la obra desde hace 30 años.” 

Desde un punto de vista estrictamente político, Pradales tiene toda la razón al reivindicarlo. El Gernika nació como denuncia del terror sobre una ciudad vasca, es símbolo de la barbarie franquista y, por tanto, de la memoria de Euskadi. Reclamar su presencia temporal en Bilbao es coherencia histórica. Lo mismo que sacar a Franco de Cuelgamuros fue en su día un gesto de dignidad democrática. 

A la presidenta madrileña le trae más bien al pairo si el Gernika se estropea o no en el traslado. El caso es incordiar.

J.T.

Emérito y caspa en la Maestranza sevillana

Te pones a escribir una crónica bufa y no te sale tan redonda como la realidad misma. Han pasado 24 horas y todavía no doy crédito a lo del emérito este domingo en la plaza de toros de la Maestranza. No por la densidad de caspa que rodeó al personaje sino por lo que me parece un descarado desafío a las tragaderas de la ciudadanía media. Se la suda todo, se la debió sudar siempre aunque nos enteráramos demasiado tarde y ahora, huido, abandona por unas horas a sus amigos del Golfo para restregarnos su desprecio por la cara. 

Pasando por alto el carácter desafiante de un viaje así y el dinero que debió costar, como ciudadano me siento insultado por la presencia de Juan Carlos de Borbón ayer en la Maestranza. En Sevilla, el domingo de resurrección es el día que cada año se inaugura la temporada taurina; el momento en que, en torno al albero, vuelve ese aroma rancio que mezcla incienso, olor de puro y colonia cara para presenciar un espectáculo tercermundista que se resiste a admitir su declive. En esta ocasión, el cartel incluía la reaparición de Morante de la Puebla y al Borbón no se le ocurrió mejor idea que salir pitando de Emiratos Árabes para no perderse el “acontecimiento”.

Toda una osadía que la sevillanía más añeja se dispuso a capitalizar sin pudor alguno: palco de honor, vítores a la entrada y a la salida, vergonzosas aclamaciones y foto al lado de su hija Elena con los toreros del cartel; instantánea que, confieso, en un principio pensé que se trataba de una travesura de la Inteligencia Artificial ¡Qué vergüenza, por favor! ¿De verdad que estas cosas están sucediendo en el año 26 del siglo XXI? ¿De verdad que ocurren en mi querida ciudad?

La verdad es que me importa poco lo que, como consecuencia de todo esto, pueda estar repercutiendo en la institución que representa su hijo. Pero dado que Felipe VI es aún Jefe del Estado, no se me ocurre mayor ultraje hacia él que el perpetrado por su propio padre. Ellos sabrán, pero en lo que concierne a lo institucional, alguien debería pegar un puñetazo encima de la mesa y poner este culebrón familiar en su sitio, al margen de los focos y de nuestra vida diaria. Lo de padre e hijo empieza a parecer una serie interminable, el uno intentando preservar el menguante crédito de la monarquía y el otro empeñado en dejar huellas dactilares por todas partes.

El emérito actúa como quien ya no tiene nada que perder, pero… ¿desde cuándo lleva actuando así, haciendo lo que le sale de las narices e importándole todo un bledo?  Si hoy lo hace con este desparpajo, ¿cómo debió hacerlo durante su reinado, cuando cortesanos, allegados y medios de comunicación nos contaban milongas sobre su vida y milagros ocultando celosamente su verdadera manera de proceder?

Y a todo esto la caspa sevillana aplaudiendo genuflexa, ¡qué bochorno! ¿Son ellos solos los que apuestan por la amnesia y el peloteo? Mucho me temo que no. Ayer Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda torearon seis toros y el Borbón nos toreó a todos una vez más. Morante cortó dos orejas y el emérito nos hizo un corte de mangas. Con ovación y vuelta al ruedo. Ya puestos, podían haberlo sacado a hombros por la Puerta del Príncipe. 

J.T.

Kitchen, la cloaca que el PP cocinó y la justicia dejó a medias

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y 

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con M. Rajoy

Parece que por fin comienza el juicio de la Operación Kitchen, uno de los episodios más turbios habidos en la democracia española reciente. Un gobierno del Partido Popular puso al Estado (ministerio del Interior, policía y fondos reservados) al servicio exclusivo de salvar su propio pellejo. Se espió y se intentó robar documentación hasta con falsos curas de por medio para que a su ex tesorero, un siniestro personaje llamado Luis Bárcenas, le resultara imposible difundir todo lo que sabía sobre la caja B del partido en el caso de que llegara a proponérselo. Se llegaron incluso a destruir discos duros a martillazos.

Como han pasado nada menos que trece años del comienzo de esta historia, un pequeño ejercicio de memoria igual no viene mal del todo. En 2013 el PP, primera legislatura de M. Rajoy, ya llevaba seis años investigándose el Caso Gürtel, una red de corrupción política de su partido que cada día que pasaba olía peor. La libreta donde el tesorero había ido apuntando los ingresos en negro que el PP recibía, donaciones de constructoras sobre todo, era auténtico oro molido. En ella constaban cuidadosamente anotados nombres, cantidades, quién donaba, quién cobraba, en definitiva cómo se repartía ese dinero entre los altos cargos del partido. Aquello acabó con su propietario en prisión y a los populares les entró el tembleque. Había que hacer algo.

Ese algo es lo que hoy se conoce como Caso Kitchen, una maniobra que, con la mayor celeridad y sin el menor de los escrúpulos, se puso en marcha desde el ministerio del Interior, cuyo titular por aquel entonces era el opusdeísta Jorge Fernández Díaz. Una operación parapolicial pagada con fondos reservados, es decir, dinero público para espiar al tesorero, a su mujer y a su familia, reclutar a su chófer, Sergio Ríos, como confidente y quitarle a Bárcenas agendas, ordenadores, documentos y todas aquellas grabaciones que pudieran incriminar a la cúpula del PP. El objetivo era que las pruebas que tenía Bárcenas nunca llegaran a Pablo Ruz, el juez que por entonces se encargaba del Caso Gürtel. 

Como el lector puede imaginarse, los implicados han hecho durante años todo lo posible para no tener que pagar judicialmente por esta tropelía. Parece que no lo consiguieron del todo, aunque en el banquillo del juicio que por fin parece que va poder celebrarse no están todos los que tendrían que estar. Según la instrucción, se sentarán once personas, entre ellas el ex ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. La Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno 15 años de cárcel por malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento. Junto a ellos será juzgada la brigada política del PP, comisarios como Eugenio Pino, director adjunto operativo; José Manuel Villarejo, el perejil de todas las salsas cloaqueras, Andrés Gómez Gordo y otros mandos acusados de llevar a cabo el trabajo sucio, es decir los seguimientos, los robos, pagos en negro y la destrucción de material comprometedor. Estos son los que cocinaron la operación, pero ¿alguien puede creerse que todo esto se realizara sin el conocimiento de “instancias superiores”?

Está previsto que M. Rajoy y María Dolores de Cospedal declaren como testigos el 23 de abril, pero no como acusados. Manuel García-Castellón, el ínclito juez al que le tocó instruir parte de la causa, ya se encargó en su día de archivar posibles responsabilidades de ambos pese a la enorme cantidad de indicios acumulados que situaban a Rajoy y a otros miembros de su entorno como conocedores directos de la operación. La Sala de lo Penal avaló el archivo. En resumen que Fernández Díaz, según la tesis judicial que ahora se juzga, actuó en solitario. Como si un ministro del Interior pudiera montar semejante operativo sin que el presidente del Gobierno y la secretaria general del PP estuvieran al tanto de lo que se cocía en el partido que dirigían.

La ya célebre caja B era una manera de funcionar que venía de lejos en el Partido Popular, y no solo en el Partido Popular. Desde tiempos inmemoriales las empresas pagaban en negro a cambio de contratos públicos y ese dinero servía para financiar campañas electorales y alimentar sobresueldos a los dirigentes del partido. En este caso Bárcenas tenía pruebas y si cantaba, gran ruina para el aparato pepero. Por eso usaron el Estado como si fuera una agencia de detectives privada al servicio del PP. Me voy a permitir repetirlo: fondos públicos para tapar una corrupción sistémica del partido, con la policía del Estado puesta al servicio de un interés particular. 

Veintiocho años después del juicio al socialista José Barrionuevo por los GAL, otro ministro del Interior, ahora del PP, se sienta en el banquillo. Pero la cadena de mando se corta convenientemente antes de llegar a Moncloa o a las sedes de Génova o Ferraz. La “X” siempre quedan al margen. Igual que las y griegas o las zetas. Es como si la democracia española dispusiera de un mecanismo automático de protección para los de arriba donde, aunque sea tarde, se juzga a los ejecutores pero quienes se encontraban por encima de ellos en la cadena de mando acaban yéndose siempre de rositas. 

Este juicio evidencia una vez más cómo se pudre una democracia cuando el partido que gobierna confunde las responsabilidades en las instituciones con su propio interés. Y no solo las confunde, sino que lo hace además contando con la anuencia de un sistema judicial que suele mirar para otro lado con la impunidad que proporciona saber que nadie les pedirá cuentas. Con el caso Kitchen, el PP usó el Estado para espiar y robar a su propio tesorero con tal de salvarse. Y la Audiencia Nacional, al no sentar en el banquillo a Rajoy y Cospedal, ha dejado la operación a medias. Cocinada, pero sin los verdaderos chefs.

Nada nuevo bajo el sol.

J.T.

El “buen chico” que mató la Sanidad pública en Andalucía.

Como existe cierto desenfoque fuera de Andalucía a la hora de acercarnos al perfil de Juan Manuel Moreno Bonilla igual es bueno, ahora que estamos ya en precampaña electoral, refrescar algunas memorias, incluidas las de muchos andaluces que han olvidado que el actual presidente andaluz llegó al poder de chiripa, por pura carambola. Las elecciones de diciembre de 2018 las ganó la socialista Susana Díaz, pero la soberbia de esta haciendo cálculos le llevó a convocarlas por anticipado sin contar con la falta de escrúpulos de Moreno Bonilla. 

La prepotencia de Díaz, su enfrentamiento abierto con Pedro Sánchez y un fatal error de cálculo de ella y su equipo, abrieron una ventana que ni el propio Moreno podía imaginar. Este obtuvo los peores resultados del Partido Popular andaluz en su historia, un 20,75 por ciento de los votos, 26 diputados cuando la mayoría para gobernar exige sumar 55. Él mismo había sacado 33 escaños en 2015 y se tuvo que quedar en la oposición, pero tres años después vio la oportunidad y la aprovechó. No se anduvo con remilgos.. Sin los votos de Ciudadanos (21 escaños) y, sobre todo, sin el apoyo explícito de Vox (12 escaños), la investidura habría sido imposible. 

El 16 de enero de 2019, Moreno reunió 59 votos a favor frente a 50 en contra y así, por primera vez, un gobierno andaluz nacía con el oxígeno de la ultraderecha. Fue el primer parlamento español donde los fascistas consiguieron voz e influencia, conviene no olvidarlo nunca. Lo consiguieron gracias a la misma persona que no tendrá reparo en volver a repetir la jugada el próximo 17 de mayo si solo así le salen los números para continuar en la poltrona. 

Juanma fue quien abrió la veda. Es verdad que no metió a la ultraderecha en el gobierno, como algunos años después hicieron compañeros suyos en media docena de autonomías, pero él fue el primero que permitió a los fascistas enseñar su peligrosa patita desde dentro de las instituciones. Fueron solo 12 diputados, pero a fe que hicieron mucho ruido con un juez llamado Francisco Serrano como cabeza de lista, un personaje que a día de hoy está esperando ser juzgado por un presunto desvío de 2,5 millones de euros de ayudas públicas que le obligaron a abandonar el escaño en 2020 y enfrentarse a penas de prisión importantes. El juicio iba a celebrarse entre el 4 y el 26 mayo de 2026, pero mire usted por donde, ¡oh, casualidad!, ha sido aplazado y en estos momentos no está fijada la nueva fecha.

Moreno Bonilla, nacido en Barcelona y criado en Málaga, creció en las filas de Nuevas Generaciones del PP junto a un tal Santiago Abascal. Durante años perteneció al círculo de Soraya Sáenz de Santamaría, pero supo nadar y guardar la ropa para mantenerse al frente del partido en Andalucía a pesar de no ser santo de la devoción del entonces presidente Pablo Casado. Dentro de la organización muchos lo veían como un perfil gris, moderado de fachada, sin carisma suficiente para romper el techo de cristal que había impedido al PP gobernar en la comunidad durante 36 años de hegemonía socialista. Pero a la chita callando, ahí sigue y muchos de lo que no daban un duro por él hace ya tiempo que son historia.

Siete años y medio más tarde (las elecciones de 2022 las ganó por mayoría absoluta), Moreno hace tiempo que se dedica a practicar en Andalucía la misma política neoliberal que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Carlos Mazón en Valencia, Jorge Azcón en Aragón, María Guardiola en Extremadura o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Recortes disfrazados de eficiencia, deriva de recursos públicos hacia lo privado y bajada de impuestos entre otras muchas lindezas. Con su sonrisa profidén permanente y un tono pausado de mosquita muerta, ha conseguido que tanto en Andalucía como al norte de Despeñaperros se le vea como un gestor moderado. Falso.

En Sanidad, el gran talón de Aquiles de su gestión, la comunidad andaluza encabeza a día de hoy las listas de espera en España. Más de 200.000 personas aguardan una intervención quirúrgica y alrededor de 850.000 una consulta con especialista. La demora media supera en muchas provincias los cinco meses. Desde Huelva hasta Almería, dos millones de ciudadanos, según denuncias de la oposición y los sindicatos, están atrapados en algún tipo de lista de espera si se incluyen pruebas diagnósticas no publicadas con transparencia desde 2019. Mientras, la Junta ha destinado más de 4.600 millones de euros a conciertos con la sanidad privada. En resumen, récord de seguros privados y un sistema público que se desangra. 

El escándalo de los cribados de cáncer de mama ha sido, quizá, el punto más doloroso. Miles de mujeres -se habló inicialmente de 2.000 afectadas, aunque las cifras oficiales han sido opacas y controvertidas- sufrieron retrasos graves en las mamografías del programa de detección precoz. Asociaciones de pacientes y familiares han denunciado casos de tumores que avanzaron por falta de seguimiento, con consecuencias fatales en algunos de ellos. Moreno Bonilla  minimizó al principio el problema, habló de “dos o tres casos” o de un uno por ciento aislado, y solo reaccionó con un plan de choque cuando la presión mediática y social le resultó insoportable. La consejera de Salud acabó dimitiendo y él prometió auditorías y “decisiones drásticas”. En esas estamos. 

No es el único desmán. La dependencia se ha convertido en “el gran fraude” de esta legislatura: tiempos de espera que superan los 500 días —muy por encima del límite legal de 180—, miles de personas han fallecido antes de recibir la prestación a la que tenían derecho (más de 6.700 solo en 2025 según algunas estimaciones) y una financiación insuficiente que condena a muchos mayores a morir en el abandono. La contratación sanitaria ha generado investigaciones judiciales por presuntos fraccionamientos de contratos y adjudicaciones a dedo que habrían desviado más de 1.500 millones a la privada sin los controles habituales. Tres altos cargos del SAS han sido imputados. Casos de corrupción en feudos locales del PP andaluz, el más flagrante en el entorno de la Diputación de Almería, salpican periódicamente al Gobierno sin que desde San Telmo se haya producido hasta ahora nigunna una reacción contundente.

Llegó prometiendo normalidad, diálogo sin cordones sanitarios y que solo estaría ocho años en el poder. Pero una vez en la poltrona, una vez metido… nada de lo prometido. Por eso conviene refrescar la memoria y recordar que Moreno Bonilla no llegó al poder por un tsunami electoral propio, sino por la suma de un mal resultado ajeno y el primer pacto infame que los populares firmaron con la derecha radical. Su gestión no ha supuesto una mejora en la eficiencia, al contrario, un aumento de las políticas que destrozan servicios públicos esenciales para enriquecer la iniciativa privada. Y en cuanto a Canal Sur, la televisión autonómica… Un escándalo, el súmmum de la manipulación, una auténtica vergüenza. 

J.T.

La "mala memoria" que nos sigue escupiendo a la cara

He terminado de leer el libro de Jesús Pozo "La mala memoria. Pobreza, Iglesia y represión en los colegios del franquismo" (El Mono Libre, 2026), y todavía me arde la mejilla. Nieves Concostrina lo advierte en el prólogo, las experiencias personales que se cuentan aquí son solo "el primer cachete, luego viene la bofetada." Duele, y duele porque no es una historia lejana precisamente. El autor nos enfrenta a una realidad cercana incómoda porque España no ha cerrado aún su pasado, entre otras razones porque nunca lo hemos querido mirar de frente.

Pozo arranca con testimonios crudos de niñas pobres en internados religiosos. Hambre, palizas, humillación sistemática, mentes secuestradas, discriminación inmisericorde entre alumnos ricos y pobres. Una educación, en definitiva, que olía a lo peor del siglo XIX. El libro demuestra, con datos y rabia contenida, que las mismas malas artes que usó la iglesia católica en los años treinta para torpedear la reforma republicana, donde se apostó por una educación laica, digna y gratuita, sobrevivieron intactas a la tramposa transición y siguen vivas aún a día de hoy. La enseñanza continúa secuestrada, y en gran parte en manos de curas y monjas. Eso es un maldito huevo de serpiente que ayuda a entender el resurgir del fascismo y de la intolerancia en nuestros días. Nuestra “mala memoria”, amnesia la llamaría yo en muchos casos, tiene gran parte de culpa. 

La misma amnesia que permite que miles de cuerpos sigan pudriéndose en cunetas, fosas comunes y barrancos. Restos mortales de personas que fueron fusiladas por defender la República, por ser maestros, por ser rojos, por ser personas coherentes y comprometidas. La guerra civil no acabó en 1939, continuó en las escuelas, en las cárceles y en el silencio impuesto. Continúa cada vez que el gobierno actual titubea sin acabar de asumir, o si, que con su flacidez está facilitando que la ultraderecha vaya recuperando terreno.

Las asociaciones de memoria histórica reclaman verdad, justicia y reparación. Sin verdad, no hay justicia. Sin justicia, no hay reparación. Y sin esas tres patas, cualquier relato de reconciliación es una impostura. España arrastra una anomalía histórica, que es ser una de las democracias europeas con más desaparecidos en fosas comunes sin exhumar. Durante años se ha instalado una equidistancia tramposa que diluye responsabilidades y convierte a víctimas y verdugos en actores intercambiables. La mala memoria desmonta ese relato con datos y testimonios. 

Urge promover una solución urgente. Que la Ley de Memoria Democrática no sea papel mojado. Que se dote de recursos reales, de calendarios firmes, de voluntad política sin complejos. Que las asociaciones reciban el apoyo que merecen en lugar de migajas y desprecio. Que lo que ocurrió en los colegios del franquismo se convierta en asignatura obligatoria para conocer aquellos desmanes y, en consecuencia, nunca más una sotana o un hábito de monja decida quién estudia para mandar y quién para obedecer. Que nunca más vuelva a suceder lo que  remarca Carlos Santos en el epílogo, que “las que pagaban vivían como reinas, y las que no eran alumnas de segunda cuando no criadas baratas. Hijas de perdedores que habían terminado la guerra en la miseria, en la cárcel, el cementerio o la cuneta”.

Jesús Pozo ha escrito un libro necesario. Ahora nos toca a nosotros no dejar que se convierta en otra mala memoria. Mientras quede un solo cadáver anónimo en alguna cuneta, la transición seguirá siendo una estafa. El autor nos lo recuerda en cada página, la mala memoria facilita que los mismos que secuestraron la escuela sigan condicionando la manera como se cuentan las cosas. Eso se tiene que acabar.

J.T.

“El Español” de Pedrojota

Por mucho que Pedrojota Ramírez jure en sus memorias -"Palabra de director" (Planeta, 2021)-, que nunca publicó una mentira, la historia le desmiente con saña. Nacido en Logroño en 1952, licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, este riojano se sentó en 1980, con solo veintiocho años de edad, en la poltrona de director de Diario 16 y de director ejerce desde entonces, Cuarenta y seis tacos de almanaque han pasado. Despedido en 1989 por Juan Tomás de Salas, ofendidísimo este porque había osado atacar en un editorial a su amado Jorge Semprún, Pedrojota fundó El Mundo y lo dirigió hasta 2014. Despedido otra vez, en esta ocasión a instancias de la por entonces todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría, en octubre de 2015 lanzó El Español  con una indemnización de 25 años que él mismo convirtió en capital semilla, Tres periódicos, dos despidos y un mismo método, usar la redacción como ariete contra el poder cuando este es socialista y como escudo cuando conviene al PP.

Hay quien se pregunta si, con Pedrojota al frente, es posible que un periódico se limite a hacer periodismo y no aspire a influir en la política del país. La respuesta, rotunda, es no. Su trayectoria demuestra que no dirige diarios, sino que los usa. Es un actor político con herramientas periodísticas, alguien que entiende la información como palanca, como presión, como capacidad de alterar escenarios. Y en eso, hay que reconocerlo, es extraordinariamente eficaz. Tiene intuición, oficio y la habilidad  de rodearse de equipos que convierten proyectos en negocios viables.

En Diario 16 y El Mundo destapó los GAL, Filesa y el cesarismo felipista hasta derribar a Felipe González. Con José María Aznar coqueteó y, cuando llegó el 11-M, proporcionó alas al mayor bulo de la democracia. Insistió durante años, incluso después de las sentencias de la Audiencia y el Supremo, en que los atentados de Atocha fueron obra de ETA o, al menos, “engendrados en el regazo de los aparatos del Estado”. Primeras páginas, series, “Yo acuso” en 2009… Todo desmontado por jueces, policías y víctimas. Pero el daño estaba hecho: polarización, desconfianza, dolor añadido a 191 muertos. Periodismo de investigación, tenía las narices de llamarlo.  

A día de hoy, en  El Español, repite el guion contra Pedro Sánchez. El equipo de este medio digital es diverso, hay firmas de izquierda y centro, pero el producto final es un cañón apuntado al Gobierno. No hay día sin “exclusiva” con olor a filtración del PP, cada editorial es una llamada a la dimisión de Sánchez o a elecciones anticipadas. Exactamente igual que con González, repetición de la jugada. El “servicio a la democracia” que pregona en su web es, en realidad, el servicio a una determinada idea de democracia, la que les gusta a él y a quienes le siguen la corriente.

El Español nació con los 5,3 millones de indemnización que recibió Pedrojota, más 3,6 millones de crowdfunding de 5.624 pequeños inversores (récord mundial entonces) y otras "aportaciones" hasta llegar a los 18 millones de euros. Promovió un modelo mixto que abarcaba publicidad, suscripciones (muro de pago que ya superó objetivos) y eventos. En 2023 facturó 25,6 millones con EBITDA positivo. Con la generosa guinda de Ayuso y Almeida, más de dos millones de euros públicos en cinco años vía contratos y publicidad institucional. Dinero madrileño del PP financiando al mismo hombre que aireó el bulo del 11-M hasta el infinito. 

Pedrojota es amoral y peligroso. Tiene olfato periodístico de viejo sabueso y probada capacidad, como apuntábamos más arriba, para rodearse de gestores que sacan dinero a las piedras. Sabe monetizar el odio y la polarización. Con El Español estamos ante la tercera encarnación de un proyecto personal que nunca aceptó el límite entre informar y derribar. 

J.T.

Así sería la España sin inmigración que propugnan los ultramontanos

Los incautos, abducidos o no por Vox y demás fascistas, sueñan con una España sin inmigración. Limpia, ordenada, católica, nada sentimental y fea, muy fea, claro está. Un país donde solo suene el castellano de toda la vida (en Catalunya gritarían “habla en cristiano” a quienes se expresasen en catalán), un mundo donde en los bares los camareros fueran genuino producto nacional (bruto) y donde todos fuéramos blancos blanquísimos. Los he llamado incautos porque, si esto fuera así, según un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), esa España que creen idílica sería en realidad un geriátrico.

He escuchado esta mañana el resumen de este informe en la Cadena SER, y si se redujeran solo un treinta por ciento los flujos migratorios, en el año 2075 España tendría quince millones de habitantes menos. Eso significaría menos gente en edad de trabajar, más jubilados por cada cotizante, colegios cerrados en los pueblos, hospitales que no encontrarían médicos y hectáreas y hectáreas de terreno agrícola que se quedarían sin manos para recoger la aceituna o la fresa, por ejemplo. El Producto Interior Bruto (PIB) anual bajaría dieciocho mil euros por habitante, un veintidós por ciento. Con un treinta por ciento menos de inmigrantes, cada trabajador tendría que cotizar dos mil euros más al año para sostener, y con dificultades, las pensiones y el Estado del bienestar. 

Quienes propugnan políticas racistas lo saben, aunque callan: los inmigrantes, en su conjunto, aportan más de lo que consumen. Llegan en edad de producir, cotizan, consumen, pagan impuestos y son el oxígeno que evita que el sistema se colapse por pura demografía. Los necesitan, pero debajo de los invernaderos durante el día. A la noche, que desaparezcan.

España lleva décadas con la natalidad en mínimos, 1,2 hijos por mujer, y a su vez con una de las esperanzas de vida más altas del planeta. El saldo natural (nacimientos menos muertes) es negativo desde hace años. Sin inmigración, la población estaría ya cayendo en picado desde hace mucho tiempo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha repetido hasta la saciedad que sin saldo migratorio positivo, hacia 2070-75, seríamos un país envejecido, con menor dinamismo, menos innovación, menos vida en las calles, menos profesores, menos cuidadores para nuestros mayores…

Los que agitan el fantasma de la “invasión” y emplean el termino “avalancha” para referirse a la llegada de inmigrantes suelen callar cuando se les recuerda que, muchas de esas personas, son los que a día de hoy sostienen la hostelería, la construcción, los cuidados a domicilio y la agricultura de exportación. Negar la evidencia demográfica y económica por puro prejuicio ideológico es, además de insolidario e inviable, completamente suicida.

El informe de la ONPE es un ejercicio de prospectiva serio y sus conclusiones confirman la percepción diaria de cualquier ciudadano que no se deje llevar por prejuicios ni veleidades discriminatorias. Sin inmigración neta, este país sería más pobre, más viejo y estaría mucho más aislado. Quien quiera ponerle puertas al campo lo tiene crudo, por muy fascista que sea.

J.T.

AMAMA, la Junta y el periodismo andaluz

Coincidí con Ángela Claverol el pasado miércoles cuando en nombre de AMAMA, la asociación que preside, recogió el premio a la “Transformación Social” que en su edición de este año le ha otorgado la Red de Activistas de Sevilla. El discurso que pronunció nos conmovió a quienes estábamos allí presentes. Todo un alegato contra la injusticia y la desconsideración de la Junta de Andalucía para con miles de mujeres enfermas de cáncer. Cuando habla, Ángela transmite verdad. Cuenta las cosas con una naturalidad pasmosa, lejos del victimismo y también de la agresividad. Su mensaje es poderoso. 

La casualidad quiso que el mismo día del premio se conociera que el gobierno andaluz desoyó desde 2023 los avisos sobre el colapso en las mamografías, que desde entonces existían ya dos informes que avisaron al Servicio Andaluz de Salud (SAS) del tremendo colapso que había no solo en mamografías sino también en ecografías y tacs. Según el diario El País los médicos avisaron dos veces, en 2023 y en 2025. “Amama llevaba desde 2021 denunciando estos colapsos, nos contó Claverol, Moreno Bonilla lo sabía, los consejeros de Salud que han ido desfilando lo sabían, la directora del SAS lo sabía. Y sin embargo lo han negado, nos han llamado mentirosas, nos han amenazado. No tienen empatía ni vergüenza, continuó. Abandonaron a muchas mujeres andaluzas a su suerte por no hacer una ecografía que vale ochenta euros. Podían haber ahorrado cánceres avanzados a muchas compañeras, y a las familias de las que fallecieron la pena de haber perdido a sus familiares”. 

Escucho a Ángela y me recuerda a Pilar Manjón, la mujer que fue vituperada por Álvarez Cascos cuando esta pedía justicia para su hijo y las demás víctimas del atentado de los trenes de Atocha. Mientras se emociona el auditorio por la firmeza y contundencia con la que se expresa la presidenta de AMAMA, me acuerdo también de las víctimas de la Dana valenciana plantándole cara al desvergonzado Carlos Mazón. La escucho y me pregunto cómo es posible tal nivel de falta de sensibilidad por parte de los políticos del PP cuando han de gestionar una catástrofe.

El mismo Moreno Bonilla que soltó lágrimas por las víctimas del accidente de Adamuz permanece impasible ante la tragedia de los miles de mujeres que no recibieron a tiempo los informes de sus cribados de mama. Se intenta distanciar de la Ayuso del 7291 pero el ADN del partido al que pertenece es el que es. Claverol y su asociación, cuyo cometido es proporcionar apoyo integral a mujeres afectadas por el cáncer, se sienten ninguneadas, insultadas. Lo denuncian con firmeza, a pesar de los ataques inmisericordes de los que son objeto por parte de la Junta y sus palmeros mediáticos. No se quejan, luchan. Curioso que quienes por lo general plantan cara a la funesta gestión que el PP hace de las catástrofes (no me quiero acordar del Rajoy de los “hilillos de plastilina”, ni de Federico Trillo y el Yak-42) suelen ser siempre mujeres que luchan contra la amoralidad y la desidia de sus propios gobernantes.

¡Qué sensación de impotencia!, ¿no? Si quien gestiona tus problemas te ignora o te insulta, por no decir que te desprecia ¿qué te queda?¿a qué o a quién puedes recurrir? El escándalo de las dos mil primeras radiografías cuyos resultados nunca se comunicaron lo dio a conocer hace seis meses una mujer periodista, Mercedes Díaz, especialista en Tribunales de Radio Sevilla, premiada también la semana pasada, en su caso por la Asociación de la Prensa de la provincia. ¿Recuerdan la reacción de la Junta cuando aparecieron los primeros titulares? Darse por ofendida, negar la mayor, ofrecer excusas que el tiempo sea ha ido encargando de desmontar, señalar culpables y defenderse atacando. 

Esto es así de descarnado, pero cuesta que el ciudadano lo perciba. Con la televisión autonómica no se puede contar y la mayor parte de los medios callan porque maman sin parar de la generosa teta del gobierno autonómico. Callan o lo que es peor, difunden bulos como ha ocurrido en Málaga esta semana a propósito de las dificultades que el Ave tendrá para recuperar los viajes hasta la ciudad antes de Semana Santa. “Perderemos 1.300 millones de euros”, clama la Junta, y los periódicos malagueños se aprestan a reproducir la barbaridad sin molestarse en hacer cuentas y descubrir que, si eso fuera cierto, cada visitante tendría que gastarse 26.000 euros en sus vacaciones de Abril.

Nos merecemos un periodismo mejor. De la política no espero mucho pero en lo que al periodismo concierne, la indecencia tendría que acabarse. De ello depende la supervivencia del oficio y no de las subvenciones que amordazan. Mi aplauso desde aquí  a todas las Ángelas Claverol que desenmascaran la hipocresía de los políticos y se baten el cobre para que injusticias como las del caso de los cribados de mama en Andalucía no acaben silenciadas. Esperemos que impunes tampoco. 

J.T.