No solo se vulneran los Derechos Humanos en países como Corea del Norte, Afganistán, Eritrea o Turkmenistán. Ahora que el pasado día 10 de diciembre estuvimos celebrando el día de los Derechos Humanos en el mundo, conviene señalar que existen modernísimos y "civilizados" países europeos como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido donde aún se abusa de la fuerza policial, existen arrestos arbitrarios o sanciones muchas veces caprichosas y los activistas políticos son vigilados y reprimidos. Eso sin hablar de Polonia o Hungría. En este último país, la persecución de activistas LGTBIQ+ y la limitación de derechos que sufre este colectivo supone un ataque en toda regla al espíritu de respeto a las libertades que se supone debe cumplir todo país europeo. Una vergüenza.
No saquemos pecho aquí, que tenemos por qué callar. Que en España continúan vulnerándose derechos humanos no creo que haya quien se atreva a discutirlo. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado un patrón sistemático de restricciones, criminalización y violencia policial, particularmente desde la entrada en vigor de la “ley mordaza”, esa que los socialistas iban a derogar hace ya más de cinco años.
Uno de los campos más visibles de vulneración de derechos en nuestro país ha sido y es, sin duda, la actuación de la policía en manifestaciones y protestas. Recordemos por ejemplo cómo usar armamento de “baja letalidad” (las célebres balas de foam en Catalunya), ha tenido resultados gravísimos en casos documentados como pérdidas de ojos, traumatismos craneales severos e incluso amputaciones. Las consecuencias físicas y psicológicas de esas prácticas, denunciadas en su día por las víctimas y por organizaciones no gubernamentales, en muchos casos no se han investigado con la diligencia que exigen la ley y los estándares internacionales.
España también ha sido señalada por organismos internacionales por prácticas policiales discriminatorias en base al origen étnico o racial. Un informe enviado a la ONU tiene documentado que personas negras, afrodescendientes, árabo-musulmanas, gitanas y latinoamericanas suelen ser maltratadas o identificadas caprichosamente por motivos claramente discriminatorios. Por otra parte, un informe de Human Rights Watch documenta que en la colaboración entre España, la Unión Europea y las autoridades de Mauritania ha habido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo incluyendo tortura, violaciones, detenciones arbitrarias y expulsiones colectivas sin garantías.
Reducir las llegadas a las costas españolas ha tenido efectos devastadores en países terceros, con España como co-responsable por su implicación en acuerdos de “gestión migratoria”. Estas violaciones -detenciones inhumanas, falta de acceso a asilo, represión física- no son meras críticas retóricas, sino hechos documentados por observadores internacionales.
En la conocida tragedia de la valla de Melilla, las muertes de migrantes subsaharianos en 2022 sigue sin resolverse con investigaciones transparentes ni respuestas claras a las familias de las víctimas, lo que representa un claro incumplimiento de obligaciones de Derechos Humanos por parte de España y Marruecos.
Aunque menos visible que en otros países, la criminalización de ciertas formas de expresión y movilización social también ha sido objeto de críticas. Existen denuncias de distintas organizaciones civiles que han evidenciado la presión judicial y mediática contra activistas por causas diversas, desde movimientos independentistas hasta defensores de vivienda o ecologistas. En cuanto a delitos sexuales y agresiones, las cifras continúan siendo alarmantes, con incrementos constantes en denuncias y una sensación de protección insuficiente para las víctimas.
Todos estos casos -represión de protestas, racismo institucional, externalización migratoria, criminalización de activistas y violencia de género- constituyen patrones que obligan a reflexionar sobre la vigencia real de los derechos humanos en la España de 2025 con un Gobierno de coalición presuntamente progresista en el poder.
J.T.
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