Lo que está ocurriendo en España con el acoso sistemático a periodistas y comunicadores es una estrategia política que cuenta con objetivos, ejecutores y cómplices. Los fascistas han decidido señalar, intimidar y amenazar para conseguir que las derechas recuperen, cuanto antes, el poder. No puedo entender cómo se les permite actuar con tamaña impunidad y no se les frena en seco de una puñetera vez. Marlaska, ¿hay alguien ahí?
“La violencia verbal alentada desde espacios ultras está derivando en amenazas explícitas y en acoso físico”, ha denunciado la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras constatando así una realidad que cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual puede reconocer. El caso de Elena Reinés, obligada a retirarse temporalmente tras recibir amenazas del tipo “te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”, debería haber encendido todas las alarmas democráticas. Como también el parón obligado de Héctor de Miguel, o el hostigamiento constante y personal a compañeras como Cristina Fallarás, Ana Pardo de Vera o Sarah P. Santaolalla. Todas han tenido que soportar desde campañas de linchamiento digital hasta episodios de acoso en la calle. En el caso de Santaolalla hay que añadir además la pintada con su nombre en la tumba de las Trece Rosas. Parece claro que la intimidación fascista campa por sus respetos sin que ninguna instancia oficial le pare los pies. Insisto: Marlaska, ¿hay alguien ahí?
La campaña de señalamientos y listas negras a la que están siendo sometidas muchas profesionales de la información que a diario pelean para que el discurso ultra no sea el preponderante, no se puede tolerar. Se están diseñando campañas para expulsar del espacio público a quienes no comulgan con el ideario reaccionario. Y hay un patrón claro: mujeres, jóvenes y comunicadores incómodos son el blanco preferente. Como bien señala CCOO, el objetivo es aislarlas, castigarlas socialmente y dejar el espacio libre para el discurso ultra.
En esta deriva aparecen siempre los mismos actores. Medios que viven del bulo, agitadores profesionales que confunden periodismo con persecución personal o plataformas que convierten el acoso en contenido rentable. También activistas disfrazados de periodistas como Quiles o Ndongo y organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos que practican un uso torticero de los mecanismos legales, con querellas diseñadas para amedrentar, desgastar y censurar por la vía judicial. Les da igual ganar el pleito o no. Lo que quieren es envenenar la convivencia, y a fe que lo consiguen.
La democracia empieza a estar en peligro cuando se permite que se amenace impunemente a quien informa. No es normal que el ministerio del Interior y la Fiscalía tengan que ser “instados” a actuar cuando hay amenazas explícitas de muerte. No es aceptable que el precio de ejercer el periodismo sea vivir escoltado por el miedo. Conviene decirlo alto y claro: esta ofensiva no responde a ninguna causa noble ni a ninguna preocupación legítima por España. Responde a una sola razón, tan simple como peligrosa: las derechas extremas no están en el poder y eso no lo soportan. Incapaces de aceptar el juego democrático, han optado por la intimidación, el señalamiento y la erosión constante de las reglas del juego. No queda sino plantar cara. Marlaska, ¿hay alguien ahí?
¿Asociaciones de la Prensa? Ni están, ni se les espera.
J.T.
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