Siempre hay que plantar cara a los fascistas

Lo que está ocurriendo en España con el acoso sistemático a periodistas y comunicadores es una estrategia política que cuenta con objetivos, ejecutores y cómplices. Los fascistas han decidido señalar, intimidar y amenazar para conseguir que las derechas recuperen, cuanto antes, el poder. No puedo entender cómo se les permite actuar con tamaña impunidad y no se les frena en seco de una puñetera vez. Marlaska, ¿hay alguien ahí?

“La violencia verbal alentada desde espacios ultras está derivando en amenazas explícitas y en acoso físico”, ha denunciado la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras constatando así una realidad que cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual puede reconocer. El caso de Elena Reinés, obligada a retirarse temporalmente tras recibir amenazas del tipo “te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”, debería haber encendido todas las alarmas democráticas. Como también el parón obligado de Héctor de Miguel, o el hostigamiento constante y personal a compañeras como Cristina Fallarás, Ana Pardo de Vera o Sarah P. Santaolalla. Todas han tenido que soportar desde campañas de linchamiento digital hasta episodios de acoso en la calle. En el caso de Santaolalla hay que añadir además la pintada con su nombre en la tumba de las Trece Rosas. Parece claro que la intimidación fascista campa por sus respetos sin que ninguna instancia oficial le pare los pies. Insisto: Marlaska, ¿hay alguien ahí?

La campaña de señalamientos y listas negras a la que están siendo sometidas muchas profesionales de la información que a diario pelean para que el discurso ultra no sea el preponderante, no se puede tolerar. Se están diseñando campañas para expulsar del espacio público a quienes no comulgan con el ideario reaccionario. Y hay un patrón claro: mujeres, jóvenes y comunicadores incómodos son el blanco preferente. Como bien señala CCOO, el objetivo es aislarlas, castigarlas socialmente y dejar el espacio libre para el discurso ultra.

En esta deriva aparecen siempre los mismos actores. Medios que viven del bulo, agitadores profesionales que confunden periodismo con persecución personal o plataformas que convierten el acoso en contenido rentable. También activistas disfrazados de periodistas como Quiles o Ndongo y organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos que practican un uso torticero de los mecanismos legales, con querellas diseñadas para amedrentar, desgastar y censurar por la vía judicial. Les da igual ganar el pleito o no. Lo que quieren es envenenar la convivencia, y a fe que lo consiguen. 

La democracia empieza a estar en peligro cuando se permite que se amenace impunemente a quien informa. No es normal que el ministerio del Interior y la Fiscalía tengan que ser “instados” a actuar cuando hay amenazas explícitas de muerte. No es aceptable que el precio de ejercer el periodismo sea vivir escoltado por el miedo. Conviene decirlo alto y claro: esta ofensiva no responde a ninguna causa noble ni a ninguna preocupación legítima por España. Responde a una sola razón, tan simple como peligrosa: las derechas extremas no están en el poder y eso no lo soportan. Incapaces de aceptar el juego democrático, han optado por la intimidación, el señalamiento y la erosión constante de las reglas del juego. No queda sino plantar cara. Marlaska, ¿hay alguien ahí?

¿Asociaciones de la Prensa? Ni están, ni se les espera.

J.T.

Aquí cabemos todos o no cabe ni dios

Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y

 José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante

La aprobación por parte del Gobierno de la regularización de más de medio millón de inmigrantes ha desenmascarado tensiones profundas dentro de la propia Iglesia Católica española. Menuda paradoja: el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, aplaude la medida y declara que la regularización “es una buena noticia para facilitar la aportación al bien común de muchos inmigrantes que ya estaban trabajando y participando en la sociedad”. Incluso obispos como el de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, han remarcado que esta decisión puede “poner luz y esperanza a muchas personas que se situaban en vulnerabilidad y al borde de la exclusión social”. Hasta aquí bien, ¿verdad? Congruente con la doctrina que predican aunque si me apuran pelín sorprendente, dado que no hay oportunidad que la Conferencia Episcopal no aproveche para confrontar con el Gobierno. 

Esta vez parecía que iba bien la cosa… hasta que aparecieron las voces discordantes. Sobre todo dos, la del controvertido José Ignacio Munilla, titular de la diócesis de Orihuela-Alicante y la del franciscano Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Fiel a su estilo (famosas son sus declaraciones públicas contra el feminismo, el aborto o la homosexualidad) Munilla tampoco nos ha defraudado esta vez y ha calificado la regularización de “populista y demagógica” afirmando que lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es utilizar a los inmigrantes “como moneda de cambio” en una estrategia más política que humanitaria. Y como no quiero que sea política, se debió quedar con ganas de añadir, pues que se j0dan los inmigrantes.

El arzobispo de Oviedo, por su parte, empezó recurriendo al evangelio de Mateo: “Fui extranjero y me acogisteis…” Parecía que la cosa iba bien, pero no tardó en llegar el giro de guión: “Pero ¿cuántos podemos asumir? Todos no caben… hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas…” Todo un señor arzobispo hablando de cupos. Vamos a tener que recordarle aquella célebre canción del asturiano Víctor Manuel: “Aquí cabemos todos o no cabe ni dios”. ¿Acaso su dios, ciudadano Sanz Montes, administra el amor al prójimo con excel y una regla de tres? ¿Es la llamada caridad cristiana un bien divisible que se agota cuando cierta cifra es superada? 

Este tipo de discursos, tan alejados de la compasión que estos mismos señores predican, confirman la doble moral que caracteriza el comportamiento de quienes mandan en la institución católica. La división de opiniones entre ellos deja entrever por otra parte una crisis en el seno de la Conferencia Episcopal que ya se percibe en otras cuestiones, como que los obispos madrileños accedieran a celebrar un funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en la catedral de la Almudena a instancias de Ayuso al mismo tiempo que estaba teniendo lugar en Huelva un funeral de Estado con la presencia de los Reyes, tres ministros, Feijóo, el presidente de los obispos y el de la Junta de Andalucía.

Para terminar, conviene recordar que buena parte del impulso original para la regularización de inmigrantes venía de actores sociales y eclesiales -incluidas organizaciones como Cáritas y la propia CEE- a través de una Iniciativa Legislativa Popular que reunió centenares de miles de firmas. Que se pongan de acuerdo entre ellos y nos dejen en paz. Claro que pedirle esto a los dueños de la COPE, cadena radiofónica que lo borda cuando se trata de difundir discursos de odio, igual puede que sea mucho pedir. 

J.T.

Regularizar no da derecho a votar

Cada vez que se habla de regularizar inmigrantes, aparece el mismo fantasma: “Alarmaaaa, nos invaden, nos quitan el trabajo y encima les van a dar el derecho a voto”. Mentira podrida, pero los ultras desatados consiguen que los menos informados se pongan a dudar. Todo se complica si el todavía líder del PP se apunta al carro y echa más leña al fuego: “Van a llenar el censo de votantes de Pedro Sánchez”, ha proclamado un Feijóo cada vez más desatado. A partir de ahí, todos sus acólitos lo van repitiendo en tertulias como papagayos, que es lo que son, encima mal pagados, pero aún así son tristes estómagos agradecidos que lo repiten también en redes sociales y en titulares diseñados más para agitar que para informar. De postre, el fascista Abascal siempre aparece para rematar la faena y servir más carnaza en bandeja: “La regularización es otro crimen de Pedro Sánchez”. Mentira, insisto, pero les da igual. Cuela, porque los infundios funcionan.

La confusión se ha convertido en una herramienta política. Conviene, por tanto, poner un poco de orden y explicar las cosas como son, sin trampas ni letra pequeña. Vamos a ver si lo podemos conseguir de una manera lo más breve y concisa posible: Regularizar a una persona inmigrante significa, sencillamente, reconocer su situación administrativa para que deje de vivir en la clandestinidad legal. Es decir, que tenga papeles, permiso de residencia y autorización para trabajar. Nada más. Y nada menos. No implica nacionalidad, no implica ciudadanía y, desde luego, no implica derecho al voto.

En España, y en la mayoría de democracias, votar no es un derecho universal por el mero hecho de residir en un país. Es un derecho político ligado a la nacionalidad. Para votar en elecciones generales hay que ser ciudadano español. Punto. No basta con vivir aquí, trabajar aquí o pagar impuestos aquí. Hace falta un DNI español, que solo se obtiene tras un proceso largo y exigente de adquisición de la nacionalidad.

Tener permiso de residencia no te convierte en elector. Son planos distintos: uno administrativo y otro político. ¿Por qué, entonces, se insiste tanto en esta confusión? Porque genera miedo. Y el miedo moviliza más que la explicación serena. Decir “van a votar” suena a invasión, a pérdida de control, a amenaza. Y decir “van a dejar de ser invisibles ante la ley” suena menos alarmante, aunque sea mucho más fiel a la realidad. Regularizar inmigrantes tiene efectos muy concretos y medibles, porque significa más personas cotizando, menos economía sumergida y más control del Estado sobre quién está y trabaja en nuestro país. Claro que eso también implica derechos básicos, sí, pero derechos civiles y laborales, no políticos. 

Han de pasar muchos años hasta que consigues la nacionalidad que te permita votar en las generales o en las autonómicas. En las municipales es más fácil, pero al menos han de transcurrir cinco años para que sea posible, siempre y cuando el municipio de donde procedes permita votar allí a los inmigrantes españoles. Lo que se conoce como reciprocidad.

Conviene pues repetirlo cuantas veces sea necesario para que nadie nos engañe: regularizar no da derecho a votar. Aclarar esto es imprescindible para atajar los miserables mensajes que tanto PP como Vox están haciendo correr estos días porque el Gobierno, tras acordarlo con Podemos, ha decidido regularizar la situación de medio millón aproximadamente de migrantes sin papeles que ya están trabajando en nuestro país. Aparte, no es la primera vez que se regularizan migrantes en España, ya lo hicieron prácticamente todos los gobiernos anteriores menos el de Rajoy.  

Por otra parte, conviene remarcar que no fácil conseguir la regularización. Los aspirantes deben acreditar vivir en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, llevar como mínimo cinco meses aquí y demostrarlo con documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.

Regularizar personas que ya están trabajando en España evitará que puedan ser expulsados si cambia el gobierno. Esto es lo que pone de los nervios a los ultras que se empeñan en olvidar, al menos de cara a la galería, que el medio millón de personas cuya regularización cuestionan ayuda a que la economía de nuestro país funcione como lo está haciendo. Medio millón de personas que, con su trabajo, contribuyen a la prosperidad general y con sus impuestos y cotizaciones sociales a que se paguen las pensiones y demás necesidades presupuestarias.

Vox y PP lo saben, pero mienten como bellacos exclusivamente por razones electorales. O porque lo llevan en su ADN, vaya usted a saber. Por eso conviene repetirlo mil veces si es necesario: regularizar no da derecho a votar, así que hagan ustedes el favor de dejar de confundir al personal.

J.T.

Otra puñalada trapera de Felipe González

Fue el martes 27 de enero, en Segovia, en un acto organizado por la Caja Rural de esta provincia. Felipe González volvió a hablar y, como suele ser habitual en él, lo hizo para disparar contra su propio partido, esta vez a propósito de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”, bramó, cuestionando así la “manifiestamente mejorable” labor, según él, del gobierno de Pedro Sánchez. Hace falta tenerlos cuadrados cuando, durante sus casi catorce años de mandato, la Renfe era un caos de retrasos crónicos, accidentes olvidados y una inversión en infraestructuras volcada en el Ave Madrid-Sevilla que postergó todo lo demás. Esa fue su joya, pero a costa de descuidar líneas como las de Catalunya o Andalucía, que hoy pagan el pato de décadas de subinversión iniciadas por él.

¿Por qué dice estas cosas Felipe? ¿Resentimiento por no ser consultado? ¿Nostalgia de un poder que ya no tiene? O peor: ¿una forma de lavarse las manos de un legado empañado por escándalos que sí que hundieron al PSOE en su día? Aunque su lengua viperina permanece intacta, no parece que ocurra igual con su memoria, porque en su época también ocurrieron episodios similares. Critica la puntualidad de los trenes actuales, cuando durante su mandato Renfe era sinónimo de esperas desesperantes. Los informes de la época hablan de un 30 por ciento de retrasos habituales en líneas regionales, con un parque móvil obsoleto heredado del franquismo que apenas se renovó. 

En cuanto a accidentes, el 4 de junio de 1984, un choque entre un tren y un camión en un paso a nivel de Villaconejos (Madrid) causó 11 muertos. El 25 de marzo de 1988, un tren arrolló un autobús escolar en un paso a nivel de Juneda (Lleida) provocando la muerte de 15 personas,12 de ellas niños. El 6 de septiembre de 1989, fallecieron 5 personas y otras 44 resultaron heridas cuando el Talgo Madrid-Gijón chocó contra un tren de mercancías en la estación de Arévalo (Ávila) tras un fallo en el cambio de agujas. Y así sucesivamente… Al menos en los datos que he consultado, no constan dimisiones tras estos accidentes.

No voy a tratar aquí de su política antiterrorista, ni de los Gal o de su apoyo a miembros de su gobierno que fueron encarcelados sin que él, el máximo responsable de la política de Interior, fuera encausado. Pero hay que tener mucho cuajo para, habiendo presidido gobiernos responsables de privatizaciones estratégicas, de la fragmentación del sector público y de una concepción muy laxa de la rendición de cuentas, atreverse más de treinta años después a adoptar, en la vejez, el papel de guardián del rigor técnico. 

Felipe González lleva años ejerciendo como factor de desgaste interno en su partido, lanzando críticas más duras contra los gobiernos socialistas que las que formula la oposición conservadora. Lo hizo con Zapatero y lo hace con Sánchez incluso en un contexto de tragedia. No aporta soluciones ni espera a las investigaciones. Dispara y se va sin que parezca importarle demasiado el impacto social de sus palabras. O sí, vaya usted a saber. Que un expresidente haga esto, que valide el marco de “incompetencia” y “caos” en plena gestión de una crisis, alimenta exactamente el mismo discurso que utilizan quienes buscan desacreditar lo público y erosionar la confianza en el Estado. 

Utilizar accidentes con víctimas como plataforma para ajustar cuentas ideológicas o personales es, como mínimo, una grosera irresponsabilidad. González habla como un resentido que no ha aceptado que el tiempo pasó, que el país cambió y que su autoridad moral ya no es incuestionable.

Criticar al Gobierno es legítimo, sobre todo si se hace con rigor. Pero hacerlo desde la amnesia selectiva, la agresividad constante y el ninguneo calculado -como si no supiera ni quién es el ministro Puente- es política de trinchera. Impropia de quien nos gobernó durante casi catorce años haciéndonos creer que era un tipo de izquierdas. Nos timó, está claro. Y cuesta asumirlo.

J.T.

Héctor de Miguel

La semana pasada, en Hora Veintipico (Cadena Ser) Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, lanzó una parodia que ha marcado un antes y un después en su carrera. En un sketch de poco más de tres minutos, el humorista ridiculizaba la vomitiva cobertura mediática que el presunto periodista Nacho Abad ha venido haciendo en Cuatro Televisión del accidente ferroviario de Adamuz. El programa de Abad se llama En boca de todos y De Miguel lo rebautizó En boca de bobos. Aparecía caracterizado como “Macho Abad” con una peluca calva y, en un tono satírico, ridiculizaba una cobertura tan morbosa como irrespetuosa. Imaginaba un plató donde se hablaba de buitres sobrevolando cadáveres y se ironizaba sobre la emisión de imágenes truculentas para captar audiencia.

El objetivo de la parodia de Quequé nunca fue burlarse de las víctimas ni frivolizar con el dolor de sus familiares, sino criticar la emisión de unas imágenes explícitas (víctimas atrapadas en los vagones) cuya dureza pedía a gritos no ser utilizadas por innecesarias y ofensivas. Sectores de la ultraderecha y activistas disfrazados de periodista interpretaron la sátira como una ofensa intolerable. Comentarios como "bufón sanchista" o "miserable parodia" inundaron los perfiles del presentador de Hora Veintipico, junto con amenazas y campañas de boicot. Publicaciones de influencers como Vito Quiles y medios como OKDiario o Periodista Digital amplificaron el odio, alegando que el humorista se mofaba de los muertos. El acoso escaló a niveles personales, con insultos machistas y presiones de intimidación ya vistas en otros casos, como el de la periodista Sarah Santaolalla. En resumen, que una vez más  la ultraderecha utilizó la tragedia para generar caos y atacar a figuras progresistas, ignorando que la verdadera falta de respeto provenía de programas como el de Abad.

Las amenazas y el acoso sistemático han acabado superando la capacidad de resistencia de Héctor de Miguel, quien hace un par de días decidió anunciar un parón indefinido en su carrera profesional y su salida (temporal o permanente, aún está por ver) de Hora Veintipico. "Ha llegado el momento de parar, escribía. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que llevaba tiempo barruntando". En ese mismo mensaje de despedida, De Miguel insiste en que su sátira iba dirigida al sensacionalismo mediático, nunca al sufrimiento real de la gente afectada: “Quien sostenga que le faltamos al respeto a las víctimas… simplemente está mintiendo”. Añadió que no tiene “madera de héroe ni ganas de ser mártir” y que la decisión de parar venía también de un desgaste acumulado más allá de la polémica puntual. 

Los intolerantes, los desprejuiciados, los que utilizan la comunicación para hacer activismo ultra se han cobrado otra pieza. Muy mala cosa esto. Necesitamos la sátira como el comer y quienes la llevan a cabo no pueden ir abandonándonos. Es darle a los malos no solo la victoria sino el volante del coche. Desconozco los motivos por los que Andreu Buenafuente lleva un tiempo fuera de foco, y espero de corazón que sus razones nada tengan que ver con los del conductor de Hora veintipico, pero en fin… ¿Quién será el siguiente? No podemos quedarnos de brazoscruzados. Toca actuar, denunciar, apoyar a los atacados y plantar cara. Bajo ningún concepto debemos renunciar a una de las herramientas más antiguas que existen para pensar y cuestionar la realidad. 

En una democracia sana, el humor es un antídoto contra los buitres mediáticos, no un crimen. Si cedemos ante los matones digitales, perdemos la libertad de reírnos de los poderosos. Adamuz merecía información útil, no morbo ni linchamientos. Quequé no se burló de los muertos; los verdaderos carroñeros son quienes usan su memoria para enturbiar nuestra convivencia. Es hora de que suene la alerta antifascista, porque no es de recibo que sea el odio el que acabe dictando quién puede hablar y quién tiene que callarse. 

J.T.

El papa León XIV y el periodismo

En mayo de 2025, el recién entronizado papa León XIV, estadounidense nacido en Chicago con nacionalidad también peruana, soltó la siguiente perla: "Ser periodista nunca es un delito" ¡Vaya! Menos mal, si no lo llega a decir, no lo sabríamos. Ese día, durante su primera audiencia con la prensa, el jefe de los católicos pidió la liberación de los reporteros encarcelados en muchos países por "buscar y comunicar la verdad" y condenó además la persecución global a la libertad de expresión. En octubre insistió en que el periodismo es un bien público que debe protegerse, e instó a los medios a combatir mentiras y manipulaciones. 

El sábado pasado, en su mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones que se celebrará en mayo, alertó contra el "clickbait", el término que se utiliza para definir la técnica de marketing digital que utiliza titulares sensacionalistas, exagerados o engañosos con objeto de aumentar el tráfico web y los ingresos publicitarios. Y ha vuelto a pedir a los periodistas priorizar ética, transparencia y precisión para ganar confianza pública. "Construyan una comunicación libre y dialogante, inspirada en la búsqueda de la verdad", ha insistido una vez más. No sé si sabe el poco caso que le van a hacer, pero aún así enfatizó la importancia que para él tiene el papel de los medios de comunicación a la hora de promover la paz y rechazar prejuicios. 

Este tipo de pronunciamientos posicionan en principio a Rober Prevost como aliado de la prensa libre. Pero después de tantos años de resistencia vaticana a que la prensa desvelara muchos escándalos por pederastia perpetrados por curas y obispos, esas exhortaciones resultan sospechosas. Es verdad que al lado de Pío XII, o de Wojtyla, este tipo de declaraciones por parte del inquilino actual del Vaticano tienen otra música. Aún así, no debemos olvidar que la iglesia católica no fue nunca un adalid de la libertad de expresión. Me temo que lo que ha pasado es que el actual papa ha descubierto por fin, y asumido, que en el mundo en el que vive, la información ya no se puede controlar desde un púlpito. 

Es bueno recordar el famoso Índice de Libros Prohibidos, vigente desde el siglo XVI hasta 1966, que censuró obras de Galileo, Voltaire o Jean Paul Sartre por atentar contra la fe o la moral. La Inquisición quemó herejes y libros en autos de fe, además de suprimir ideas disidentes en nombre de Dios. En la España franquista, la Iglesia colaboró en la censura de posguerra y vetaba todas aquellas publicaciones impresas que consideraba peligrosas. Y así sucesivamente.

Se agradece que León XIV proclame ahora que la información es libertad, pero el problema es que a la iglesia nunca le gustó esa libertad. Así que la ironía es deliciosa: la institución que ahora defiende la libertad de expresión es la misma que hasta no hace mucho andaba por el mundo quemando libros y herejes. Me va a costar creérmelo. Es más, no me lo creo.

J.T.

Oliver Laxe

Oliver Laxe despierta recelos en el cine español. Galaico-francés de 1,98 metros, con una sonrisa que parece salida del anuncio de un dentífrico, estudiante de audiovisual en la Pompeu Fabra, a sus 43 años hace un cine impecable que no deja indiferente a nadie. Ha logrado algo que debería ser motivo de celebración colectiva: reconocimiento internacional sostenido, presencia en los grandes festivales y dos candidaturas a los Oscar con Sirāt, una película inspirada en la cultura rave y el desierto marroquí que lo convierte en el director español más internacional desde Pedro Almodóvar. Aún así, se percibe cierta envidia hacia él en según qué sectores del mundo del cine a juzgar por ciertos silencios incómodos, algunas críticas condescendientes y ese “sí, pero…” que acompaña a su nombre incluso cuando los hechos lo avalan.

Su primer largo, Todos vós sodes capitáns (2009), fue premiado en la Quincena de Realizadores de Cannes, Mimosas (2016) también fue reconocida en la Semana de la Critica de Cannes y con O que arde (2019), historia en la que trata de la desaparición del medio rural y los incendios forestales, ganó el Premio del Jurado en Un Certain Regard del festival galo. Con Sirāt también obtuvo el Premio del Jurado en la sección oficial. Una trayectoria que puede ser cualquier cosa menos un golpe de suerte, pero en lugar del aplauso unánime, aflora una incomodidad difícil de disimular. Como si su figura descolocara a una industria acostumbrada a otros códigos, a otras estéticas y, sobre todo, a otros perfiles humanos. En los recientes Premios Feroz 2026, celebrados en Pontevedra, Sirāt se llevó dos galardones, aunque Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, obtuvo cinco.

Las reticencias hacia Laxe de las que hablábamos más arriba... ¿son por su éxito? ¿quizás por su manera de estar en el mundo? ¿por lo que dice, por cómo lo dice, o simplemente porque no se parece a lo que estamos acostumbrados a premiar? El director parece estar en paz consigo mismo y eso resulta sospechoso. Habla de espiritualidad sin ironía, de silencio sin impostura y dice lo que le gusta y lo que no le gusta con una claridad poco habitual en el sector. ¿Es pedante Oliver Laxe? Más bien parece natural, pero esa naturalidad se interpreta como provocación. 

Cuenta Begoña Piña en Público que lo último que ha levantado recelos en torno a su figura han sido sus declaraciones sobre el cine que se hace en-por-para Netflix. "Para mí tener proclamas muy políticas, pero luego hacer una película con Netflix, me parece una pura contradicción", dijo en una entrevista con la cadena Ser que provocó inmediata reacción de algunos profesionales, como el director Jota Linares o intérpretes como Candela Peña, Tristán Ulloa, Unax Ugalde y Javier Pereira, entre otros.

Tampoco ha gustado que dijera que el cine está maltratando a los jóvenes "dándoles forraje, pan bimbo, productos audiovisuales que les han hecho tener el paladar acostumbrado al azúcar y a los procesados, así que cuando les das un pan de centeno o un cereal puro, el paladar no está preparado." Ya sea pedante o provocador, el caso es que está triunfando fuera sin renunciar a su identidad, sin parecer resentido con el mundo ni enfadado con el éxito ajeno. 

En el fondo, lo que Laxe, que vive en una pequeña aldea gallega, pone en cuestión es una forma de estar en la cultura española, la idea de que el reconocimiento debe pasar siempre por determinados peajes estéticos y emocionales. Él de momento no los paga. Y lo hace sin estridencias, sin agresividad, casi con amabilidad. Quizá por eso molesta más.

J.T.

Adamuz. El mal periodismo no ha ganado esta vez

Lo han intentado. Sabíamos que no dejarían pasar la oportunidad y no nos defraudaron. Los profesionales de la desestabilización empezaron a desinformar a los pocos minutos de la tragedia de Adamuz. A Inda, Pedrojota, Ana Rosa, Nacho Abad y compañía les faltó tiempo para comenzar a infestar las redes y las pantallas de insidias y mal rollo. No importaban las causas reales del accidente que provocó el choque de trenes, ni las víctimas, ni la ansiedad o el desconsuelo de tantas familias afectadas. Si tienes en tus manos el instrumento perfecto para sembrar confusión, ¿para qué te vas a preocupar por su carácter de servicio público? Pero esta vez, los vocacionales del fango han quedado en minoría.

“Van a ser días que retraten la categoría humana de unos y la miseria moral de otros”, advirtió alguien ya en las primeras horas. Acertó. Lo que pasa es que los amorales ya no sabe ni ser originales. Lo que se inventan ya no sorprende porque hemos llegado a conocerlos tanto que ya sabemos lo que van a inventar antes de que lo inventen. Mientras los vecinos se volcaban con los supervivientes y todos los mecanismos de auxilio actuaban a pleno rendimiento, las peores artes de los peores informadores demostraban una vez más lo poco que les importa el ánimo colectivo de un país que empieza a estar hasta las narices de tanto ruido, de tanto titular tóxico cada vez que nos toca sufrir una desgracia. Pasó con el accidente de Angrois, donde algunos decidieron juzgar antes de entender, pasó con la vergonzosa gestión política e informativa de la dana en Valencia, pasó con el atentado de Atocha, de infausta memoria, y vuelve a ocurrir ahora con Adamuz. De nuevo a sembrar dudas sin pruebas, a intentar erosionar la confianza colectiva y alimentar el malestar buscando la indignación de la ciudadanía con los gestores políticos.

Esta vez además, ¡oh casualidad!, la ocasión la pintaban calva. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad de “vengarse” del ministro Óscar Puente, a quien todo el aparato de la derecha mediática y política se la tiene jurada desde aquel “de ganador a ganador” que le soltó a Feijóo en el Congreso? Daba igual que hasta el presidente de la Junta de Andalucía, del PP, se negara a seguirles el juego y los cortara en seco cada vez que era objeto de preguntas insidiosas. “Lo primero son las víctimas y sus familias, repetía una y otra vez Moreno Bonilla, cada cosa a su tiempo”. La ultraderecha se lanzó a la yugular desde el minuto uno, pero esta vez los populares, al menos durante unos cuantos días, supieron comportarse con un cierto comedimiento. Tampoco es que haya sido para tirar cohetes, pero algo es algo.

A mitad de semana Miguel Ángel Rodríguez y su ínclita asesorada, desesperados con el ataque de institucionalidad de su partido, decidieron coger el fusil y disparar: “El Gobierno ha impuesto la ley del silencio porque sabe que esta vez no tienen a quién culpar, espetó Ayuso apenas vio la oportunidad. Necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar", continuó diciendo, para rematar quejándose porque el funeral de Estado del próximo día 31 se celebre en Huelva y no en Madrid. Las decenas de panfletos que subvenciona la Comunidad de Madrid vieron ya el cielo abierto para continuar con el asedio, y en esas andamos, aunque esta vez no han ganado la partida. Allá los políticos con su rollo, pero el periodismo no se puede alinear con la inquina. Claro que es legítimo participar en la lucha partidaria, pero eso no está reñido con la decencia. 

No hay ninguna razón para no hacer las cosas por su orden. Somos muchos, como este diario, los que procuramos hacerlo siempre: cuando ocurre una desgracia, lo primero es actuar como servicio público, lo segundo no propagar jamás un solo dato sin tenerlo verificado, en tercer lugar no hay que olvidar nunca que el deber de informar no puede estar por encima del derecho a la intimidad, y luego ya bien hablar de causas técnicas y responsabilidades institucionales. Actuar así dignifica una profesión donde, quienes se empeñan en prostituirla,  no pueden acabar ganando. No podemos ponernos al nivel de los políticos. La prensa ha de estar por encima de lo que, a la manera de Trump hacen Ayuso o Abascal. 

Sostiene el filósofo coreano Byung-Chul Han, reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que cada segundo que invertimos discutiendo las astracanadas de los figurantes que nos gobiernan, es un segundo que no vigilamos a quien realmente mueve los hilos. Que quizás lo más revolucionario sea negarnos a seguir el guión, a consumir el escándalo del día porque “mientras el payaso monopolice nuestra rabia, el sistema real puede operar tranquilamente”. Y es verdad. Si el líder es un decorado, nuestra energía debe invertirse en desmantelar el teatro, no en alimentar su supervivencia. Si no les seguimos el juego, se les desmorona el tinglado. Esa es la fuerza del ciudadano y en esa línea es en la que debe operar el periodismo, así como toda estrategia de comunicación responsable.

J.T.

Madrid puede que sea España, pero España no es solo Madrid

La madrileñización de la vida española no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más obsceno. España, en el relato mediático, político y simbólico, sigue siendo Madrid y su perímetro inmediato. O eso pretenden las autoridades de la Comunidad Autónoma. El resto del país, para ellos, especialmente para “ella”, es periferia, nota a pie de página, un paisaje secundario que solo existe cuando ocurre una desgracia o para exprimirlo cuando conviene reforzar el eje central.

El no va más en estos días ha sido la grosera osadía de la presidenta madrileña, rebasando límites de injerencia al reivindicar para la ciudad de Madrid el funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, cuya celebración está prevista para el próximo sábado día 31 en Huelva. La discordante Ayuso y su mefistofélica cohorte han decidido contraprogramar y anticiparse con un acto en la catedral de la Almudena el jueves 29. Intolerable. Hasta el dolor se pretende gestionar desde el centro.

Madrid, Madrid, siempre Madrid. Estos días en que Andalucía ha quedado prácticamente desconectada por ferrocarril, escuchas o lees según que crónicas y parece que solo ha quedado desconectada de Madrid. No de Ciudad Real, que está mucho más cerca, ni de Barcelona, Valencia, o Bilbao. El referente es Madrid y lo peor es que a un buen porcentaje de la ciudadanía suele parecerle hasta normal. Pero se pongan como se pongan, será siempre una aberración, una falta de respeto a un país con identidades mucho más definidas que la madrileña que no consigue sacudirse el maldito centralismo por culpa, entre otras muchas razones, de unas infraestructuras radiales diseñadas contra el sentido común desde tiempos inmemoriales. 

En su momento se pensó que el Estado de las autonomías serviría para corregir esa anomalía histórica, se creyó que la descentralización política traería consigo a su vez una descentralización real del poder, de los discursos, de las miradas, de la economía… Pero no ha sido así. El BOE puede haberse descentralizado en competencias, pero la narrativa sigue secuestrada. El foco sigue fijo en el kilómetro cero.

El ejemplo más cotidiano, y por eso más revelador, está en el lenguaje. Se habla en los medios de la plaza de España o de la Gran Vía sin aclarar que se está hablando de Madrid porque se presume que quien escucha tiene la obligación de saberlo sin más precisiones. Como si no existieran plazas de España o Gran Vías en ninguna otra ciudad española. ¿Para qué nombrar Madrid si "Madrid es España", como se empeña en proclamar la interfecta? Pues mire usted, va a ser que no. 

Por mucho que la presidenta de la Comunidad de Madrid opine de todo constantemente, España no es Madrid. Por mucho que el alcalde de la capital haga declaraciones sobre cualquier asunto nacional con la descarada  desenvoltura con que suele hacerlas, no solo Madrid es España. Alcaldes de ciudades como Zaragoza, Valladolid o A Coruña tienen responsabilidades y realidades igual de complejas o más, por mucho que se les ignore y se les mantenga al margen del debate público diario.

No todo tiene ni por qué confluir en Madrid. Ni debe, por mucho que se empeñen. Esto se tienen que acabar. Con los miles de millones que se invierten en reforzar la centralidad a través de carreteras e infraestructuras de todo tipo, hace ya mucho tiempo que podría estar acabado, por ejemplo, el Corredor Mediterráneo, que tanto facilitaría la comunicación entre zonas prósperas como Algeciras, la parte oriental de Andalucía, Murcia, Valencia, Barcelona y su comunicación a través de la frontera catalana con el resto de Europa. No es de recibo que a estas alturas no exista aún un AVE entre Valencia y Barcelona ni que los productos agrícolas de todo el este de España sean transportados por carretera por falta de trenes en condiciones. Ni que tres de los más importantes puertos españoles (Algeciras, Valencia y Barcelona ) continúen sin estar conectados.

Mientras sigamos aceptando que Madrid es el punto de partida y de llegada de todo, seguiremos atrapados en un país mal articulado, mal contado y peor entendido. Esto, más que una cuestión territorial, es una profunda derrota democrática.

J.T.