La vivienda, el verdadero talón de Aquiles del Gobierno

Como no espabile este Gobierno de coalición presuntamente progresista, será el problema de la vivienda el que acabe finalmente con él. Ni los bulos fascistas, ni la persecución judicial, ni Junts ni mucho menos Feijóo y sus torpezas serán la causa. El verdadero talón de Aquiles de Sánchez es el precio de los pisos. Cuesta entender que la ministra responsable del ramo vaya por el mundo pidiendo por favor a los fondos especulativos que sean generosos y no suban los alquileres ni los precios de venta “¡Por favor!” La representante del poder ejecutivo ¡pidiendo caridad a los buitres! ¡Viva la contundencia!

Las medidas light que hasta ahora se han impulsado (Ley de Vivienda, los topes al alquiler en zonas tensionadas, incentivos fiscales para propietarios que rebajen precios) no han servido prácticamente de nada, ¿por qué? Pues por eso, porque son actuaciones que se quedan en la superficie y no van al fondo del problema. Podemos lleva años elaborando propuestas que tanto Isabel Rodríguez como quienes trabajan a sus órdenes en el ministerio de Vivienda saben que, de aplicarse con firmeza, cambiarían sin duda muchas cosas. Entre las principales de estas medidas están:

1. Expropiar viviendas de grandes fondos. 92.000 viviendas pertenecientes a fondos de inversión podrían destinarse a alquiler social. Esto frenaría la especulación porque ampliaría el parque público de vivienda en alquiler.

2. Prohibir la compra de viviendas si no son para residir, especialmente en zonas tensionadas, impidiendo así que grandes fondos o inversores extranjeros las adquieran con fines estrictamente especulativos.

3. Bajar los precios del alquiler por ley. Hasta un cuarenta por ciento.

4. Estabilidad en los contratos. Alquileres de larga duración —mínimo diez años, y aún más si el arrendador es persona jurídica— proporcionando así tranquilidad al inquilino.

5. Fomentar una red pública de vivienda creando inmobiliarias públicas (autonómicas o municipales) que construyan y gestionen vivienda social. 

6. Control y regulación del alquiler turístico limitando así su proliferación. 

Entre las razones por las que el Gobierno de coalición no pone en marcha ninguna de estas medidas con la debida contundencia están:  

1. Porque muchas de estas propuestas implican cuestionar intereses poderosos: fondos de inversión, grandes propietarios o bancos, lo que supondría entrar en conflicto directo con quienes controlan la mayor parte del parque inmobiliario. 

2. Porque las medidas del gobierno —aunque incluyan regulaciones, ayudas o incentivos— están orientadas sobre todo a motivar a los propietarios con bonificaciones fiscales, exenciones, ayudas a rehabilitación o ayudas a quienes bajen alquiler. Actuar así deja casi intacto el poder del mercado libre. Ni lo regula ni lo limita.  

3. Porque medidas como las que hemos reseñado más arriba plantearían problemas políticos, legales e institucionales que el gobierno no parece dispuesto a afrontar como es debido. No se atreve a combatir la resistencia de los propietarios, en su mayoría fondos de inversión, ni tampoco la presión del mercado. Y  teme a los conflictos jurídicos que consideran esto supondría.

Sánchez y su escasamente beligerante ministra de Vivienda sabrán: o deciden tomarse el problema de los pisos en serio o se van al garete. La ciudadanía aguanta muchas cosas: broncas en el Parlamento, pactos incomprensibles o políticos cabreados mintiendo como bellacos. Pero todo esto son minucias comparado con la dificultad que supone pagar el alquiler… ¡de una habitación compartida!. Si el Gobierno no toma decisiones valientes, el verdadero terremoto no llegará desde arriba sino desde abajo, sobre todo desde esa generación de jóvenes que, ni teniendo trabajo, pueden permitirse diseñar un proyecto de futuro en condiciones. 

J.T.

Cuando la derecha gobierna, tu salud peligra

El problema es que todos los desmanes que apadrina el Partido Popular nos resultan ya previsibles. Ni el escándalo del hospital de Torrejón, ni el de los cribados de mama en Andalucía, ni las andanzas de personajes como Alberto Quirón sorprenden ya a nadie. Estamos tan acostumbrados a las desconsideraciones, las faltas de respeto y el desprecio a la ciudadanía por parte del PP que la aparición de cada escándalo nuevo es solo una especie de certificado oficial de lo que se sospechaba de antemano, o de lo que mucha gente conocía pero nadie se atreve a difundir.

Si votas derecha esto es lo que tienes, y si votas ultraderecha ya ni te cuento. Por eso resulta tan complicado de entender, al menos para mí, que haya gente pobre, víctima de un abuso tras otro, que piense que con las derechas le irá mejor. Los audios conocidos hace unos días sobre la gestión del Hospital de Torrejón, donde un directivo proponía controlar el número de pacientes, reutilizar material de un solo uso como catéteres intravenosos y echaba a quien no lo obedecía son solo la punta de un escandaloso iceberg que sufren en sus propias carnes sobre todo los más débiles, aquellos que en los bares de su barrio hablan de echar a Pedro Sánchez o temen que los de Podemos les quiten el piso. 

Madrid es el ejemplo más extremo, pero desgraciadamente no el único. En Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada, miles de personas de escaso desahogo económico hace tiempo que se rindieron y optaron por un seguro privado para aliviar sus urgencias a costa de sacrificar incluso necesidades mínimas . Desde los tiempos de Esperanza Aguirre hasta los de la inefable Ayuso de ahora no han parado de ir poniéndoselo cada día más difícil, de machacarlos, y ni así dejan de echarle la culpa al Gobierno de la nación de los problemas que se encuentran cuando se ponen enfermos y no tienen más remedio que acudir a hospitales con bancos, firmas de capital riesgo y hasta fondos soberanos de países del Golfo en sus Consejo de Administración. 

El escándalo de los cribados de mama en Andalucía, con miles de mujeres afectadas por un sistema que no comunicó resultados a tiempo, tampoco parece haberles abierto los ojos a muchas de las familias afectadas ni a su entorno. Trasladaron desde la pública a la privada gestiones de alta sensibilidad y ese modelo por el que apuesta Moreno Bonilla es el que las está matando. Pues bien, aún así hay quienes piensan que la culpa de todos sus males es del "perro" de la Moncloa. Las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas están completamente transferidas desde el año 2002 y todavía hay quien lo ignora, o se empeña en ignorarlo.

Desde entonces estamos sufriendo externalizaciones, recortes y decisiones que sitúan el ahorro de costes por encima de la salud de los pacientes. Esa es una de las señas de identidad del PP, que aplica a rajatabla en aquellas comunidades donde tienen nuestro destino en sus manos, pero para muchos de los perjudicados por esta manera de hacer las cosas resulta que la culpa de sus males es del Gobierno de la nación. Parece claro pues, que la habilidad de las derechas para manipular el estado de ánimo de la ciudadanía media está resultando más eficaz no ya que la capacidad comunicativa de las izquierdas, sino incluso que la propia realidad.

En todos los territorios donde gobierna el Partido Popular los hospitales funcionan cada vez más como empresas que persiguen beneficios y dejan a un lado la regla básica: la salud como prioridad indiscutible. Aplicar criterios de mercado cuando alguien se está muriendo es un crimen, aquí no hay matices que valgan. Aún así les da igual, ya sea en Galicia, Valencia o Murcia. El patrón se repite siempre: se externaliza primero lo que parece menor, luego lo que es esencial, y al final se genera una dependencia económica del sector privado que convierte a la administración en rehén. 

Lo que indigna es que esta manera de entender la sanidad haya acabado normalizándose. Y que, encima, el PP tenga la osadía de presentarse como defensor de lo “eficiente”, lo “moderno” y lo “responsable”. Eficiencia no es jugar con las listas de espera. Modernidad no es dejar decisiones clínicas en manos de gestores que calculan costes con ánimo de lucro. Responsabilidad no es externalizar servicios esenciales sin control público real. Llamar a eso “gestión” es un insulto a quienes trabajan en la sanidad pública y a quienes la necesitan.

Y para rematar la faena, ahí está la manera como demasiados medios de comunicación tratan estos escándalos. O mejor dicho, cómo deciden no tratarlos. Las televisiones autonómicas gobernadas por la derecha han optado por el silencio o por el maquillaje. Cuando estalla un escándalo sanitario, se cuenta lo justo tarde y minimizado. Tertulianos en nómina, por su parte, se dedican a colocar el argumentario oficial: que son casos aislados, que se está investigando, que el Gobierno central tiene la culpa, que todo funciona “con normalidad”.

Ahora que Extremadura anda en campaña electoral conviene recordar todo esto más que nunca: lo que la derecha ultra ha demostrado allá donde gobierna, en la mayoría de los casos condicionada además por la ultraderecha y su intolerable desprecio a los derechos humanos, es que el modelo sanitario por el que apuestan no cuida, ni protege, ni fortalece; solo recorta, delega y debilita. Si aún así hay quien vota derecha teniendo problemas para llegar a fin de mes, apaga y vámonos. 

J.T.

Condena a García Ortiz. Los fiscales progresistas piden ayuda a la ONU

A juzgar por la demora, dieciocho días cuando publicamos estas líneas, la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz tiene que ser forzosamente un texto exquisito, literaria y técnicamente hablando. A estas alturas solo cabe pensar que estarán discutiendo las comas porque desde el pasado 20 de noviembre, cuando dieron a conocer el fallo, todo el pescado estaba ya vendido, ¿o no?

Para la Unión Progresista de Fiscales (UPF) parece que no. Entienden que han existido lo que llaman “problemas estructurales” que “afectan no solo a los derechos del ex fiscal general del Estado sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene”, palabras textuales. Por eso han solicitado la intervención de Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas que tiene el mandato de  supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces".

Los fiscales progresistas consideran que en el juicio a García Ortiz han existido anomalías que:

1.Comprometen la independencia judicial                                                                  2. Generan una aparente falta de imparcialidad                                                         3. Afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho

Entienden como irregularidades que los mismos magistrados participasen en

1. La admisión de las querellas 

2. La valoración inicial de los indicios 

3. El control de la instrucción 

4. La revisión de decisiones clave y

5. El enjuiciamiento

En la instrucción, añaden los fiscales que piden intervenir a la relatora de la ONU, se tomaron medidas “extremadamente invasivas” como la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General, donde se llevó a cabo un volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a un periodo de 48 horas.” Además, precisan “parte de la información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa”.

Denuncia también la UPF que existieron “comportamientos públicos impropios” durante el juicio y la deliberación, en referencia a que tres magistrados del tribunal que juzgó a García Ortiz impartieron un curso en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, una de las acusaciones particulares en la causa contra el fiscal general, durante los días en los que tenían que deliberar sobre la sentencia.

Lo que está en juego no es únicamente la reputación y la carrera de Álvaro García Ortiz, sino la credibilidad del sistema judicial. Si el fiscal general del Estado puede verse sometido a un procedimiento plagado de irregularidades, ¿qué queda para el ciudadano corriente? ¿qué garantías le quedan a quien no tiene cargo, ni foco mediático, ni asociaciones profesionales defendiéndole? 

¿Qué no les cuadra para tardar tanto en redactar la sentencia a quienes ya nos han hecho saber hace dos semanas y media que han condenado a García Ortiz a inhabilitación por dos años, pagar una multa e incluso indemnizar por “daños morales” al novio de Ayuso? Una vez humillado y expulsado del cargo… ¿se acabaron las prisas? No puede ser todo tan burdo. Tiene que existir alguna razón de peso para que vayan pasando los días y sigamos sin saber. 

Porque si no es así, hacen muy bien los fiscales progresistas en pedir ayuda a instancias superiores para que Satterthwaite "analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial", inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso".

J.T.  

Gasto militar: “La Vanguardia” levanta la alfombra

España se encamina hacia un nuevo récord de gasto militar, más de 60.000 millones comprometidos hasta 2042, sin debate público, sin control parlamentario real y, lo que es peor, sin que a demasiada gente parezca importarle. Todo se está aprobando sin ruido, consejo tras consejo de ministros, de puntillas para que nadie se entere de lo que se está firmando. En una democracia madura, esto debería ser motivo suficiente para que sonaran todas las alarmas. Aquí, en cambio, silencio.

No es el caso del diario “La Vanguardia”, que el pasado 30 de noviembre publicó un impecable y documentadísimo informe de dos páginas completas cuyo título sorprendía por lo poco habitual en una publicación conservadora: “Más de 60.000 millones de gasto en defensa apenas sin debate político”, podía leerse. En este exhaustivo y pormenorizado trabajo, Laura Aragó y Joaquín Vera explican cómo desde que estalló la guerra de Ucrania y la OTAN fijó como dogma el famoso 2% del PIB en Defensa -que ahora algunos aliados ya consideran insuficiente y empujan incluso hasta el 5%-, España ha entrado en una espiral de rearme que nadie ha votado.

El Gobierno, en minoría y consciente de que sus socios no le acompañarían en esta carrera armamentística, ha decidido optar por el atajo: si no hay Presupuestos, se aumentan los créditos; si no hay acuerdo parlamentario, se aprueban inversiones desde el Consejo de Ministros. El resultado es un gasto militar duplicado en apenas una década. De dedicar el 0,92% del PIB en 2014, pasaremos al 2,1% cuando acabe 2025. Todo decidido por lo militar, nunca mejor dicho. 

Las excusas son que hay guerra en Europa, compromisos con la OTAN y necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas para no quedar rezagados. Es cierto que la industria militar española recibirá una lluvia de contratos que generarán empleo y moverán miles de millones en sectores estratégicos. Pero el problema no es solo qué se gasta, sino cómo se decide gastarlo. Ni siquiera los programas más colosales —Eurofighter, fragatas F-110, misiles Nasams, el dron europeo Euromale, los satélites PAZ II o el incierto FCAS— han pasado por un debate transparente que permita saber qué ganamos exactamente y qué sacrificamos por el camino. Los datos de La Vanguardia, que recogen todos los acuerdos del Consejo de Ministros desde que Sánchez llegó por primera vez a la Presidencia, en junio del 2018, hasta el 25 de noviembre de 2025, revelan un excedente de gasto que supera esos 60.000 millones de euros. 

La oposición de derechas pone el grito en el cielo por la “opacidad”, pero con la boca chica porque cuando gobiernan ellos es mucho peor aún: más gasto, más contratos y más ostracismo. Ahora andan encantados con que este “Gobierno de coalición progresista” les esté haciendo el trabajo sucio. Estamos comprometiendo, sin debate de ningún tipo, miles de millones hasta dentro de dos décadas cuando ni siquiera sabemos cómo será el mapa geopolítico dentro de dos años.

¿Cómo es posible que se debata menos sobre 60.000 millones en armas que sobre una subida del SMI o una ley educativa? ¿En qué momento dejamos de exigir transparencia en lo que más condiciona nuestro futuro? Entre los que temen parecer ingenuos, los que callan para no perder contratos y los que se envuelven en la bandera para justificar cualquier cosa, nos hemos quedado sin espacio para el sentido común.

Mi agradecimiento como periodista y como ciudadano a los compañeros de La Vanguardia y a los responsables del periódico por difundir y airear un tema tan trascendental y tan silenciado.

J.T.

RTVE se retira de Eurovisión tras la admisión de Israel

La retirada de RTVE de Eurovisión 2026 es un gesto ético y político de primera magnitud. Cuando toca elegir entre la dignidad y el espectáculo, casi siempre suele ganar el espectáculo y esta vez no ha sido así. Esta vez RTVE ha dicho basta. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha decidido mantener la participación de Israel en el certamen pese al clamor creciente, dentro y fuera de sus propios miembros, que pedía una reflexión profunda sobre esa presencia mientras continúa la devastación en Gaza y la utilización política del certamen por parte del gobierno israelí. 

No es este un debate menor a la hora de hablar de un festival que nació como puente cultural. Los valores fundacionales de Eurovisión se basan en la unión y la paz entre los países europeos a través de la música, “con el objetivo –palabras textuales- de promover una imagen de Europa pacífica, libre y próspera.” La UER ha optado por mirar para otro lado. RTVE, no.

“La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, argumentó durante su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones el secretario general de RTVE, Alfonso Morales. No sirvió de nada.

En consecuencia, la radiotelevisión española ha retirado su candidatura y renunciado además a retransmitir el festival. RTVE no retransmitirá la final ni las semifinales, una posición clara, rotunda e incómoda para quienes pretenden que Eurovisión siga siendo ese parque temático de confeti geopolítico donde nada importa demasiado mientras haya luces, jolgorio y un estribillo pegadizo.

Quienes deciden quedarse en el certamen, pese a todo, tendrán que explicar por qué. Por qué aceptan competir, convivir y normalizar la presencia de la televisión que representa a un Estado genocida cuya participación divide, crispa y prostituye el espíritu del certamen. Por qué esa supuesta hermandad europea entre pueblos se convierte, de pronto, en un eslogan vacío cuando hay intereses estratégicos, presiones diplomáticas o simples temores a incomodar al socio equivocado.

Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han seguido el camino de España. Otros callan y tragan. Allá ellos. Pero no se puede reivindicar la buena convivencia entre los pueblos y, al mismo tiempo, aceptar que el festival cierre los ojos ante una catástrofe humanitaria que sacude a medio planeta. RTVE ha sido coherente porque ha defendido que un certamen que presume de neutralidad no puede convertirse en herramienta de blanqueo político. 

“Lo sucedido en la Asamblea de UER, ha escrito en su cuenta de X José Pablo López, presidente de la Corporación RTVE, confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado.” Me gusta la firmeza de RTVE. En una ocasión como esta, la mejor manera de participar es no participar.

J.T.

4 de diciembre, el día en que Andalucía despertó

El 4 de diciembre de 1977 en Andalucía es mucho más que una fecha. Es un latido que todavía se escucha si uno pasea despacio por la Alameda de Málaga, si presta oído al eco de aquellos miles y miles de andaluces que salieron a la calle con la dignidad por delante y la policía detrás. Aquel día dejamos de ser el territorio resignado que otros querían y demostramos que somos un pueblo organizado, consciente, decidido a reclamar lo que nos pertenecía por derecho: una autonomía plena, de primer nivel, sin tutelas ni rebajas. Lo hicimos cuando la dictadura aún no había terminado de morir y tanto los despachos oficiales como los cuarteles continuaban atestados de franquistas. 

El 4D fue la gran movilización democrática de la llamada Transición. Un pueblo entero exigiendo que Andalucía no quedara relegada al vagón de cola de la nueva España democrática que se estaba fraguando tras las elecciones constituyentes del 15 de junio. El franquismo se descomponía, sí, pero seguía disparando. Continuaba incrustado en el ejército, en los cuerpos policiales, en las instituciones, y por supuesto en la judicatura, de donde todavía no hemos conseguido hacerlo salir. Manuel José García Caparrós, dieciocho años, trabajador de Cervezas Voctoria y afiliado a CCOO, cayó abatido por una bala policial cuyo autor nadie ha querido señalar en casi medio siglo.

Ese 4 de diciembre, aquella manifestación masiva, pacífica, festiva, donde se ondeaban banderas andaluzas, fue reprimida porque la policía se puso nerviosa cuando vio trepar a otro joven llamado Juan Manuel Trinidad por la fachada del edificio de la Diputación Provincial hasta que consiguió hacer lo que su presidente había prohibido: colocar en el balcón la bandera blanca y verde. Ese gesto simbólico bastó para desatar la carga. Caparrós murió allí mismo, y pese al miedo, pese a la sangre, los andaluces volvimos a salir a la calle al día siguiente para despedirlo. Miles de personas acompañando un entierro vigilado, en el que estuvo presente Marcelino Camacho, líder de Comisiones, preso político de la dictadura durante años. El 6 de diciembre Málaga convocó una huelga general -ilegal, por supuesto- cuyo seguimiento fue masivo. 

Aún hoy seguimos viviendo entre los rescoldos de aquel franquismo amnistiado, de aquel aparato del Estado que nadie depuró, de aquella ley del silencio que impide a las hermanas de Caparrós hacer públicos los documentos del caso hasta que se cumplan los cincuenta años de su muerte. Andalucía ganó su autonomía en la calle, no en los despachos. Y esa conquista, como todas las importantes, sigue siendo frágil. El 4 de diciembre nos recuerda de dónde venimos y, sobre todo, lo que aún queda por defender.

J.T.

Un paciente jamás puede ser un cliente

La reciente filtración sobre las fechorías cometidas en el Hospital de Torrejón no revela un simple escándalo: es la prueba sonora, desnuda, de un modelo que convierte un derecho fundamental en un producto y a los pacientes en mercancía. Un modelo que las derechas llevan años presentando como “eficiente”, “moderno”, “flexible”, cuando en realidad es una maquinaria calculada para exprimir beneficios a costa de la salud pública. 

Gracias a la grabación donde se escucha a Pablo Gallart, director general del grupo Ribera, instando a aumentar las listas de espera, en un hospital público de gestión privada, para poder así ganar cuatro o cinco millones de euros más, empezamos a percibir la dimensión de una infamia que mucho me temo sea mucho mayor de lo que hasta el momento conocemos.

Escuchar a Gallart pedir que “desanden el camino” de bajar listas de espera porque no les salen los números es la confesión de que en el corazón del modelo privatizador hay un principio sagrado que no es proteger la salud, sino blindar el EBITDA. Cuando un directivo habla de los tiempos de espera como si fueran el termostato de un hotel, algo está roto en la salud moral de nuestro día a día. Cuando se gestionan procesos, patologías y pacientes según su rentabilidad o se analiza si la “actividad con temas de farmacia” conviene o no conviene, el barniz de “sanidad pública gestionada por privados” se cae de golpe y deja a la vista aquello en lo que realmente se ha convertido, en un supermercado cutre atendido por batas blancas.

Aquí se ha cruzado una línea que jamás debió rebasarse. Un paciente puede estar angustiado, puede estar enfermo o asustado, pero jamás puede ser un cliente. Un cliente elige, compara, “da beneficios” o “sale caro”. Un paciente es obligatorio atenderlo sin más cálculo que el de qué tratamiento le corresponde y cuándo lo necesita. Todo lo demás es una perversión moral, un fracaso del sistema y una indecencia política.

La Comunidad de Madrid se ha limitado a responder con el tono cínico-tecnocrático que le caracteriza: “gestión transparente”, “criterios de control”, “seguimiento continuo” Palabras vacías propias del doble lenguaje que practican, cara lavada hacia afuera, hoja de Excel hacia dentro. Lo grave no es que no se desmienta lo que se escucha en esos audios; lo grave es que sabemos que forma parte de la lógica del sistema que el Partido Popular, sobre todo en Madrid, lleva practicando con todo descaro desde hace ya demasiado tiempo.

Cuando un servicio público empieza a seleccionar a qué enfermo le interesa atender y a cuál no, no estamos en una discusión ideológica sino ante una clara vulneración del derecho a la salud. Si algo demuestra este infame episodio es que, en el modelo privatizador, la salud se vuelve una variable, no un fin.

El director del grupo Ribera lo dijo sin pudor, hay “muchísimas teclas que podemos tocar”. No se puede exhibir mayor desfachatez. Por las buenas o por las malas, hay que hacerles entender a estos amorales especuladores de pacotilla que donde hay un paciente, nunca puede haber un cliente. Jamás.

J.T.

Sánchez también bebe los vientos por Junts

No hay escrúpulos que valgan. Sánchez y Feijóo se disputan su amor. Carles Puigdemont es el oscuro objeto de deseo de dos desesperados. Si la pasada semana Feijóo se humilló implorando ayuda a los empresarios catalanes de Foment del Treball para que intermediaran con Junts y consiguieran su apoyo en una posible moción de censura, este martes fue el turno de Pedro Sánchez, que quiere seguir siendo la pareja oficial de los nacionalistas catalanes cueste lo que cueste. 

El presidente concedió ayer dos entrevistas: una a TVE, pero en la 2 y a Gemma Nierga, cuyo programa se realiza por lo general en catalán y otra a Jordi Basté en RAC1. En ambas comparecencias no tuvo reparo alguno en propinarse todos los golpes de pecho que hicieron falta y asumir que “hasta ahora” había incumplido acuerdos con Junts per Catalunya pero que eso se iba a arreglar, aseguró.

Sus genuflexiones no llegaron tan bajo como las humillaciones de Feijóo, pero les hizo la pelota todo lo que pudo y más. Se flageló sin reparos, admitió “incumplimientos” y “retrasos” de su Gobierno respecto a lo pactado con Junts y prometió inmediato propósito de la enmienda. De hecho, poco después de las entrevistas, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para sacar adelante varias de esas promesas incumplidas.

Durante las entrevistas a Basté y a Nierga, el presidente del Gobierno volvió a poner sobre la mesa la “normalización” de Cataluña, la plena vigencia del catalán en las instituciones del Estado, y hasta dejó la puerta abierta a un hipotético reencuentro con Carles Puigdemont. Depende Sánchez de los demás para sobrevivir en el poder y si para eso hay que asumir culpas, pues se asumen; si hay que corregir rumbos, se corrigen y si a cambio de lealtades hay que ofrecer migajas, pues se ofrecen.

No pareció que el objetivo fuese defender su proyecto, sino más bien complacer al socio —o exsocio— para mantener vivo el bloque parlamentario. El cálculo se ve claro: con unas cuentas públicas detenidas, con el gran desgaste que le están produciendo los escándalos internos y con una mayoría parlamentaria en equilibrio inestable, el presidente se emplea a fondo intentando asegurar por tierra, mar y aire cualquier apoyo que evite un salto al vacío. 

El gesto, sin embargo, no ha calado. Desde Junts se ha recibido con escepticismo, reconocen el anuncio, valoran tímidamente los avances pero mantienen el “diálogo congelado”, escépticos ante lo que consideran una maniobra de estricta supervivencia. En su momento le dieron calabazas al pedigüeño Feijóo y ahora hacen lo propio con un Sánchez angustiado. Se lo deben estar pasando bomba los nacionalistas sintiéndose tan deseados.

Ya no les vale con concesiones programáticas -vivienda, inversiones locales, catalán en la administración- para otorgar de nuevo la confianza al ejecutivo del Estado; tampoco se fían de las promesas de un PP que miente más que habla como tiene sobradamente demostrado. Me temo que ambos lo tienen pelín crudo, por mucho que unos coreen “Puigdemont, campeón, vótanos la moción” y otros entonen el “Vuelve a casa vuelve”, esa melodía tan apropiada para estos días de vísperas navideñas. 

J.T.

Éramos pocos y parió un video el emérito

He aquí el contenido textual del sorprendente vídeo que el emérito ha publicado este lunes en redes:

“Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es.

He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones interesadas contado por alguien que vivió la transición en primera persona donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este legado que yo os he podido dejar.

La monarquía ha jugado un papel esencial en todas esta transición una posición institucional y acciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.”

Solo unas breves consideraciones:

1. Se falta el respeto a sí mismo.

2. Nos lo falta a todos.

3. Perjudica a su hijo, cuyo entorno debe estar pensando que alguien le está pagando a su padre para que acabe con la monarquía de una vez.

4. Lo hace para promocionar el libro, conseguir venderlo, se ve que el pobre necesita ingresos para llegar a fin de mes.

5. Parece IA pero no lo es.

6. El texto es insulso e irrespetuoso. El aspecto, lamentable y la manera en que está escribiendo la historia de la última etapa de su vida, grotesca y esperpéntica.

7. Si alguna vez tuvo sentido del ridículo, parece claro que lo ha perdido.

8. Tras haber pasado casi cuarenta años de mi vida escuchando a este señor intentando vendernos la moto cada Nochebuena con todo tipo de alharacas y al son del himno nacional, verlo y escucharlo este uno de diciembre contándonos milongas infumables en minuto y medio, reconozco que ha conseguido rebasar mi capacidad de asombro. 

9. Tan grotesco y patético todo que acaba produciendo vergüenza ajena. Solo ha faltado que hubiera difundido el video el día de Nochebuena. Aunque quién sabe. Igual tiene otro preparado.

10. Igual se ha propuesto ser él solito quien acabe con la monarquía para que los republicanos no tengamos más remedio que acabar agradeciéndole algo.

J.T.