¿Qué hay detrás de este asedio sin tregua a un Gobierno legítimo?

El juez Juan Carlos Peinado, Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez conforman a día dehoy el tridente visible de una estrategia que trasciende la mera discrepancia ideológica. Es un golpe de Estado blando, judicializado y mediático diseñado para tumbar lo que las urnas decidieron. Lawfare en estado puro. 

El juez Peinado ha procesado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación; le ha retirado el pasaporte y la obliga a comparecer en el juzgado cada quince días. No hay nada... pero humilla, que algo queda. El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, es un “defraudador confeso” y ha de afrontar un juicio por fraude fiscal y organización criminal, pero su causa se presenta como ejemplo de “persecución”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, se permitió el lujo el pasado día 18 de junio de escribir en "X" antes twitter el siguiente texto: “Esto puedo deciros a día de hoy: Zapatero va Pá’lante; las hijas de Zapatero van pá’lante; la mujer de Pedro Sánchez va Pá’lante; el hermano va pá’lante; Ábalos y Koldo van pá’lante;… Y Pedro Sánchez irá pá’lante” Esta desahogada manera de expresarse resume de manera descarnada el momento de acoso y derribo al gobierno que vivimos. Todo vale para desgastar, judicializar y criminalizar al adversario político. Desde 2018, el PP, Vox y sus altavoces mediáticos han convertido cada irregularidad en un escándalo existencial. El remate estos días ha sido por un lado el ínclito Peinado retirándole el pasaporte el sábado a la esposa del presidente del Gobierno, y por otro la condena a 24 años para Ábalos que hemos conocido este lunes.

¿Qué hay detrás de todo esto? La derecha española nunca ha digerido la coalición progresista, los pactos con independentistas ni las políticas sociales y de memoria democrática pero existe, además, un factor técnico y temporal que explica tanta prisa precisamente en estos momentos. España tiene asignados unos 163.000 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la hoja de ruta de España para canalizar los fondos europeos NextGenerationEU, destinados a la recuperación post-pandemia y la transición hacia una economía más verde y digital. Por un lado son transferencias no reembolsables, y por otro préstamos.  

A día de hoy hemos recibido ya alrededor de 71.000 millones (55.000 en subvenciones y 16.000 en préstamos). Queda aún un volumen muy relevante por recibir en 2026 si antes del 31 de agosto de 2026 se certifica que hemos cumplido con objetivos que tienen que ver con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial. Bruselas transfiere cuando constata que los avances existen, y el Gobierno actual se encuentra pfecisamente en estos momentos en plena carrera para conseguir cerrar los últimos pagos. 

Un nuevo Ejecutivo PP-Vox, si consiguen hacer caer a Pedro Sánchez o que este adelante las elecciones, podría reorientar las convocatorias finales, las adjudicaciones y los criterios de reparto en los meses decisivos. Las subvenciones a empresas, autonomías, digitalización, transición verde y vivienda se gestionarían de una manera muy distinta, como el lector puede imaginarse. Controlar el BOE en esa fase permitiría cambiar prioridades, generar lealtades y atribuirse el mérito de la “lluvia de euros” mientras se critica la “mala gestión” previa. Los fondos ya desplegados son visibles en obras y empleo; quien esté en la Moncloa en la recta final se lleva el rédito político de cara a 2027.

Los NextGenerationEU son el mayor inyector de recursos públicos de la década. Perder el control de su fase final supondría dejar que un Gobierno al que la derecha ultra y la ultraderecha consideran “ilegítimo” consolidara clientelas, proyectos estratégicos y una narrativa económica positiva. Es decir, que volvería a estar en condiciones de que tras las elecciones los números le dieran para seguir gobernando. 

Sánchez ha reiterado que presentará Presupuestos en 2026 y que las elecciones generales serán en 2027, sin coincidir necesariamente con las autonómicas y municipales de mayo. El Ejecutivo aspira a agotar la legislatura, consolidar logros en vivienda, salarios y transición ecológica, y llegar a las urnas con parte de la recuperación económica visible. 

He ahí la razón por la que hay tantos nervios en las derechas, la explicación de por qué se aceleran los plazos judiciales. Los medios de comunicación rematan la faena amplificando cada auto para crear la sensación de que nos encontramos en un colapso irreversible. Es el manual clásico del lawfare: no hace falta ganar en las urnas si se puede inhabilitar al adversario en los tribunales o en la opinión pública. 

Ante todo esto hay que reaccionar ya, exigir separación real de poderes, acabar con las filtraciones, defender la presunción de inocencia y movilizarse en la calle y en las urnas. Ellos tienen prisa, ergo hay que plantarles cara. No se trata de blindar a nadie ante irregularidades cuando estas estén probadas, sino de impedir que la justicia se convierta en ariete partidista. Por favor, no echemos en saco roto el tuit del desprejuiciado y amoral Rodríguez cuyo texto reproducíamos literalmente al principio. El peligro de que la democracia se vaya a hacer gárgaras es muy serio. Así que a ver qué hacemos.

J.T.