Al fiscal general del Estado se le juzga por una filtración que no hizo, mientras un defraudador confeso duerme tranquilo a pierna suelta. España es un país admirable: consigue que la justicia funcione con una precisión quirúrgica cuando se trata de perseguir a los equivocados. El fiscal general del Estado está siendo juzgado por una supuesta filtración que, según todos los indicios, no cometió, mientras el novio de Isabel Díaz Ayuso, que sí confesó haber defraudado a Hacienda, sigue esperando juicio. Obscenidad pura. No hay guionista que se atreva a escribir algo así sin que le tachen de exagerado.
El espectáculo resulta tan absurdo que roza lo distópico. Que el Tribunal Supremo haya decidido celebrar este juicio es, como mínimo, una anomalía institucional y, como máximo, una rendición ante la presión política y mediática. Porque no hay delito probado, ni filtración demostrada, ni intención maliciosa, ni beneficio personal. Hay, en cambio, una voluntad evidente de desgastar al fiscal general, de disparar por elevación para que el gobierno de coalición quede tocado. En la trastienda el responsable de esta felonía, Miguel Ángel Rodríguez, el maestro del fango, el guionista en la sombra. "Irán p'alante", amenazó sin cortarse un pelo.
El origen de este disparate es tan nimio que uno no se explica cómo es posible que haya acabado en el Supremo. Se trata de una información que alguien filtró, no el fiscal general y que, sin embargo, ha servido como excusa perfecta para montar esta pornográfica performance. Recordemos que el mismo día de marzo del año pasado en que Álvaro Ortiz tuvo conocimiento a última hora del mail por el que está sentado en el banquillo, la presidenta madrileña ya había salido a la palestra por la mañana hablando de una operación de Estado contra ella y su entorno, y su Rasputín particular ya había hecho circular a media tarde el bulo origen de este atropello.
Como precisa Carlota Guindal “García Ortiz está acusado de un delito de revelación de secretos, concretamente por supuestamente filtrar a un periodista un correo electrónico entre un fiscal -Julián Salto- y el abogado de González Amador. Lo que está acreditado es que el fiscal general reclamó esos correos después de conocerse por la prensa su existencia. Sin embargo, la primera noticia fue una información “falsa” de El Mundo en la que se aseguraba que la Fiscalía había torpedeado un acuerdo para evitar el juicio por fraude fiscal al novio de la dirigente popular. García Ortiz siempre ha defendido que efectivamente reclamó esos correos a Salto, a través de la fiscal jefe y fiscal superior de Madrid, pero que fueron utilizados para realizar una nota de prensa y desmentir el “bulo”, no para filtrarlo a ningún periodista.
El mensaje es claro: el castigo no depende del posible delito, sino del contexto político. Ni siquiera dentro de la propia Fiscalía hay consenso sobre la pertinencia de este juicio. Muchos lo consideran una vergüenza, una instrumentalización, una grieta peligrosa en la credibilidad del sistema. Y, sin embargo, el proceso continúa, alimentado por los titulares y las tertulias que celebran alborozados las tribulaciones del adversario.
J.T.
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