El cambio en Valencia

Han sido veinte años de pesadilla en Valencia. Veinte años de compadreo, desvergüenza, despilfarro y megalomanía que han convertido a la Comunidad en una ruina política, social y económica. Veinte años de destrozo que ahora toca recomponer. Veinte años de Partido Popular en estado puro magistralmente retratados para la historia en las novelas del recientemente desaparecido Rafael Chirbes. El PP valenciano ha sido la mejor alegoría de lo que son capaces de hacer según qué gobernantes cuando se mueven en la impunidad de la "barra libre" (que es como ellos entienden el ejercicio de la política) durante varias legislaturas seguidas. Tuvieron la oportunidad de convertir Valencia en una tierra puntera y lo dejaron todo hecho unos zorros. Una tierra rica, próspera, culta y abierta reducida a puro remedo de la cueva de Ali Babá.

Ahora ha llegado el cambio. Por fin los electores, aunque han tardado, han decidido mandar a buena parte de los corruptos a casita dejándoles así tiempo para atender sus copiosas citaciones judiciales. Ahora les toca a los recién elegidos ponerse a currar para demostrar, con hechos y no con palabras, que otra forma de gobernar es posible. Desde el pasado 30 de junio, el PSOE gobierna la comunidad, con el apoyo de Podemos y de Compromís cuya líder, Mónica Oltra, ostenta la vicepresidencia. Compromís, por su parte, ha situado a uno de sus miembros, Joan Ribó, al frente de la alcaldía de Valencia.

Pero el quid de la cuestión está en la Comunidad, donde hay prioridades a solventar desde el minuto uno, como el gasto social o la financiación autonómica. Todo un reto, porque se han encontrado con un pufo nada menos que de cuarenta mil millones de euros de deuda. ¡Tela la herencia de los amiguetes de Rajoy!

El nuevo Consell de Govern tuvo claro, desde el día que se constituyó, que había que remangarse y ponerse a la tarea sin perder un segundo, por mucho que estuviéramos en verano y que la mitad del personal se encontrara de vacaciones. Así que desde la primera vez que se reunieron, se pusieron a currar a fondo y tomaron muchas decisiones que ya se están ejecutando. A saber:

- Pagar las cantidades pendientes a todos los colectivos vulnerables a los que el gobierno de Fabra les debía dinero, como personas dependientes, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, familias de acogida...
- Recuperar la Tarjeta Sanitaria para las personas en situación irregular en la Comunidad Valenciana (unas treinta mil). Rajoy, que se la negó hace tres años, parece que ahora -cosas de la precampaña- va a cambiar también de opinión.
- Cumplir también con los pagos (el PP dejó pendiente 52 millones) en ayudas a vivienda social.
- Auditar, en materia de Sanidad, todas aquellas concesiones que han sido privatizadas.
- Acabar con el copago farmaceútico de discapacitados y dependientes.
- Paralizar los desahucios en los pisos cuyo propiedad es de la Generalitat Valenciana.
- Paralizar la nueva tienda IKEA en Alicante por estar "bajo sospecha" de irregularidades urbanísticas. Detrás de esta operación estaría Enrique Ortiz, el empresario imputado en los casos 'Brugal' y 'Rabassa', y "presuntamente" beneficiado por algunas decisiones de Sonia Castedo, anterior alcaldesa pepera de la ciudad.
- Reabrir la comisión en el Parlamento autonómico sobre el accidente en la línea 1 del metro de Valencia ocurrido el 3 de julio  2006 y en el que murieron 43 personas, uno de los episodios más negros de la gestión del PP.

Ximo Puig, el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, quiere que se celebre una cumbre de presidentes autonómicos cuanto antes porque entiende que hay que estudiar la manera de continuar pagando los servicios más indispensables sin que eso redunde en un aumento de la deuda. Dice no querer sembrar el pánico, pero califica la situación de insostenible. Y anuncia contraataque, según cuenta Laura L. David en El Periódico si Rajoy hace oídos sordos y recurre al ejercicio del trancredismo que suele caracterizarle:  habrá demanda ante los tribunales, anuncia Puig, si el gobierno no les hace caso. La nueva Consejera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, entiende que si el gobierno de Madrid no les escucha estará incumpliendo la Constitución y la ley de financiación de las comunidades autónomas. Por si acaso, ya está preparando la demanda.

Tienen que decidirse a levantar alfombras sin miramiento alguno, pero para abrir boca parece que no está mal del todo. A pesar de que por los pasillos y despachos de algunas instituciones de la Generalitat se estén moviendo ciertos personajes del viejo aparato del PSOE valenciano, de infausta memoria algunos de ellos. Esperemos que no haya que lamentar pronto, ni tarde, ninguna vuelta a las andadas. Sería una verdadera pena.

J.T.