Peinado y Hurtado son solo dos jueces más en una larga lista de magistrados que llevan largo tiempo ya actuando contra personas que no son del agrado de las derechas. En febrero de 1997, un tal Javier Gómez de Liaño, juez instructor de la Audiencia Nacional, decidió admitir a trámite una denuncia contra Jesús de Polanco, presidente del grupo Prisa. Se amparó en una denuncia del viejo fascista Jaime Capmany, director por entonces de una revista semanal llamada Época en la que se alegaba que Sogecable (y Canal+) habían cometido delitos como apropiación indebida, falsedad en documento mercantil o societario, estafa y uso indebido de los depósitos o fianzas de abonados. Hacía solo poco más de nueve meses que el PP de José María Aznar había llegado al gobierno por primera vezy ya empezó la cacería. Con Miguel Ángel Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación, ¿no les parece maravilloso?
Se le impuso al presidente del diario El País y de la cadena Ser una fianza de 200 millones de pesetas para quedar libre bajo ciertas condiciones, se le prohibió salir de España sin permiso y se le obligó a comparecer quincenalmente en el juzgado. La Audiencia Nacional revocó esa decisión porque consideró que no estaba justificada, que la medida era innecesaria, desproporcionada e irracional y poco después el Consejo General del Poder Judicial acordó investigar la conducta del juez. Pero nadie le quitó a Polanco la pena de Telediario ni le pidió disculpas por una persecución claramente política iniciada sin base alguna cuando ún no habiamos escuchado nunca el término lawfare ni existía organizaciones ultras como Hazte Oír o Manos Limpias, tristes sucesores de las artimañas de Capmany. La causa finalmente fue archivada y Gómez de Liaño condenado por prevaricación.
Bastantes años más tarde, magistrados como García Castellón o Escalonilla se dedicaron a abrir procedimientos contra los principales dirigentes de Podemos (caso Neurona, informe PISA, caso del móvil de Dina Bousselham, caso Niñera…). Hasta 2021, el Supremo archivó 29 querellas interpuestas contra la formación o contra alguno de sus miembros; en total, más de 20 causas desde 2014, todas archivadas sin pruebas. El sistema empleado contra ellos era prácticamente el mismo siempre: denuncias basadas en rumores, investigaciones prolongadas y amplificación mediática para erosionar la credibilidad del partido. A fe que lo consiguieron a base de portadas difamatorias, aperturas de informativos infames y llevando los temas a todas las tertulias posibles.
Hurtado y Peinado están ahora en esas, disparando directamente contra la esposa del presidente del Gobierno de la nación y contra el Fiscal General del Estado. Lo que no se para a tiempo tienen estas consecuencias. Hurtado ha decidido además elevar aún más el listón y querellarse contra todo el que lo llame prevaricador, envenenado así cada día un poquito más una situación de por sí insostenible desde hace ya demasiado tiempo. Seguro que sabe que en democracia las críticas están protegidas por la libertad de expresión, pero le da igual. Por mucho que instancias superiores le hayan instado a que deje ya de ampliar causas basándose en conjeturas, por mucho que el Supremo haya archivado su querella contra el ministro Félix Bolaños y obligado a cerrar líneas de investigación sin pruebas, como el rescate de Air Europa. Incluso ha sido amonestado por filtrar una grabación de Pedro Sánchez y corregido por manipular el testimonio de tres testigos.
Es igual, porque como pasó con Gómez de Liaño hace ya 28 años, o con García Castellón hasta que se jubiló, aunque todo acabe con el tiempo en agua de borrajas, la pena de Telediario cala, y dilatar los procesos obliga a dar cuenta de ellos hasta que se archivan. Cabe deducir pues que ese debe ser uno de los objetivos, si no el único: hundir la reputación de aquellos adversarios políticos a quienes no se les puede derrotar de otra manera. Ese daño a los afectados, cuyos autores por lo general suelen irse de rositas, resulta imposible de reparar.
J.T.
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