Regularizar no da derecho a votar

Cada vez que se habla de regularizar inmigrantes, aparece el mismo fantasma: “Alarmaaaa, nos invaden, nos quitan el trabajo y encima les van a dar el derecho a voto”. Mentira podrida, pero los ultras desatados consiguen que los menos informados se pongan a dudar. Todo se complica si el todavía líder del PP se apunta al carro y echa más leña al fuego: “Van a llenar el censo de votantes de Pedro Sánchez”, ha proclamado un Feijóo cada vez más desatado. A partir de ahí, todos sus acólitos lo van repitiendo en tertulias como papagayos, que es lo que son, encima mal pagados, pero aún así son tristes estómagos agradecidos que lo repiten también en redes sociales y en titulares diseñados más para agitar que para informar. De postre, el fascista Abascal siempre aparece para rematar la faena y servir más carnaza en bandeja: “La regularización es otro crimen de Pedro Sánchez”. Mentira, insisto, pero les da igual. Cuela, porque los infundios funcionan.

La confusión se ha convertido en una herramienta política. Conviene, por tanto, poner un poco de orden y explicar las cosas como son, sin trampas ni letra pequeña. Vamos a ver si lo podemos conseguir de una manera lo más breve y concisa posible: Regularizar a una persona inmigrante significa, sencillamente, reconocer su situación administrativa para que deje de vivir en la clandestinidad legal. Es decir, que tenga papeles, permiso de residencia y autorización para trabajar. Nada más. Y nada menos. No implica nacionalidad, no implica ciudadanía y, desde luego, no implica derecho al voto.

En España, y en la mayoría de democracias, votar no es un derecho universal por el mero hecho de residir en un país. Es un derecho político ligado a la nacionalidad. Para votar en elecciones generales hay que ser ciudadano español. Punto. No basta con vivir aquí, trabajar aquí o pagar impuestos aquí. Hace falta un DNI español, que solo se obtiene tras un proceso largo y exigente de adquisición de la nacionalidad.

Tener permiso de residencia no te convierte en elector. Son planos distintos: uno administrativo y otro político. ¿Por qué, entonces, se insiste tanto en esta confusión? Porque genera miedo. Y el miedo moviliza más que la explicación serena. Decir “van a votar” suena a invasión, a pérdida de control, a amenaza. Y decir “van a dejar de ser invisibles ante la ley” suena menos alarmante, aunque sea mucho más fiel a la realidad. Regularizar inmigrantes tiene efectos muy concretos y medibles, porque significa más personas cotizando, menos economía sumergida y más control del Estado sobre quién está y trabaja en nuestro país. Claro que eso también implica derechos básicos, sí, pero derechos civiles y laborales, no políticos. 

Han de pasar muchos años hasta que consigues la nacionalidad que te permita votar en las generales o en las autonómicas. En las municipales es más fácil, pero al menos han de transcurrir cinco años para que sea posible, siempre y cuando el municipio de donde procedes permita votar allí a los inmigrantes españoles. Lo que se conoce como reciprocidad.

Conviene pues repetirlo cuantas veces sea necesario para que nadie nos engañe: regularizar no da derecho a votar. Aclarar esto es imprescindible para atajar los miserables mensajes que tanto PP como Vox están haciendo correr estos días porque el Gobierno, tras acordarlo con Podemos, ha decidido regularizar la situación de medio millón aproximadamente de migrantes sin papeles que ya están trabajando en nuestro país. Aparte, no es la primera vez que se regularizan migrantes en España, ya lo hicieron prácticamente todos los gobiernos anteriores menos el de Rajoy.  

Por otra parte, conviene remarcar que no fácil conseguir la regularización. Los aspirantes deben acreditar vivir en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, llevar como mínimo cinco meses aquí y demostrarlo con documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.

Regularizar personas que ya están trabajando en España evitará que puedan ser expulsados si cambia el gobierno. Esto es lo que pone de los nervios a los ultras que se empeñan en olvidar, al menos de cara a la galería, que el medio millón de personas cuya regularización cuestionan ayuda a que la economía de nuestro país funcione como lo está haciendo. Medio millón de personas que, con su trabajo, contribuyen a la prosperidad general y con sus impuestos y cotizaciones sociales a que se paguen las pensiones y demás necesidades presupuestarias.

Vox y PP lo saben, pero mienten como bellacos exclusivamente por razones electorales. O porque lo llevan en su ADN, vaya usted a saber. Por eso conviene repetirlo mil veces si es necesario: regularizar no da derecho a votar, así que hagan ustedes el favor de dejar de confundir al personal.

J.T.