En millones de hogares españoles se pasa frío durante el invierno. Padecen pobreza energética y se trata de personas que viven en nuestros mismos barrios, en nuestros pueblos y hasta en el portal de al lado. El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico define pobreza energética como la incapacidad de un hogar para satisfacer sus necesidades básicas de suministros a un precio asequible. Es decir, tener dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, al menos 18-21 grados en invierno, refrigerarla en verano, o simplemente pagar las facturas de luz y gas sin verse obligados a sacrificar comidas o medicinas.
Según el IX Informe FOESSA de Cáritas, presentado en noviembre de 2025, la pobreza energética afecta a más del 18 por ciento de los hogares españoles, lo que significa un incremento del 138 por ciento desde el año 2008. Son más de ocho millones de personas las que tienen dificultades para poder calentarse en lugares de nuestro país donde el frío invernal se ceba con los más vulnerables, familias que no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Entre los más afectados destacan las familias monoparentales, los jubilados y los jóvenes. Dos millones y medio de menores de 30 años sufren exclusión severa, lo que se traduce en que la pobreza energética se entrelaza con la alimentaria y la habitacional. Cáritas resalta casos estremecedores, como por ejemplo hogares que acumulan deudas de hasta 1.500 euros en facturas obligados a elegir entre luz o cena. El impacto en la salud es brutal: resfriados crónicos, problemas respiratorios y un aumento del dos por ciento en mortalidad invernal entre los pobres, como advierten estudios de la OMS.
Más de tres millones de hogares españoles dedican más de lo que se pueden permitir a pagar sus suministros, y hay casi un diez por ciento en una situación grave de “pobreza energética escondida”, que ni siquiera aparece en las estadísticas tradicionales porque reducen su consumo hasta niveles peligrosamente bajos.
¿Qué hacen las instituciones para combatir esta vergüenza? El Gobierno ha prorrogado el Bono Social Eléctrico hasta diciembre de 2026 con descuentos del 42,5 por ciento para personas vulnerables, aquellas cuyos ingresos anuales no llegan a los 11.278 euros anuales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que esto beneficia a unos 1,65 millones de hogares,
La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 promete mejoras: automatización del bono para evitar trámites engorrosos, prohibición de cortes de suministro en hogares vulnerables y fondos para rehabilitación energética, con 6.000 millones de euros de los Next Generation EU destinados a aislar viviendas. Comunidades autónomas como Cataluña y Madrid ofrecen también bonos térmicos adicionales.
Cáritas, en su informe, aplaude estos pasos, pero los califica de insuficientes porque solo el 30 por ciento accede al bono por falta de información o complejidad administrativa. Además, no cubre el gas natural, que calienta a la tercera parte de los hogares ni aborda la raíz, tantos y tantos edificios como tenemos obsoletos, lo que inevitablemente conlleva despilfarro de energía. Todo esto, recordemos, mientras las eléctricas obtienen beneficios récord.
J.T.
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