La vivienda, el verdadero talón de Aquiles del Gobierno

Como no espabile este Gobierno de coalición presuntamente progresista, será el problema de la vivienda el que acabe finalmente con él. Ni los bulos fascistas, ni la persecución judicial, ni Junts ni mucho menos Feijóo y sus torpezas serán la causa. El verdadero talón de Aquiles de Sánchez es el precio de los pisos. Cuesta entender que la ministra responsable del ramo vaya por el mundo pidiendo por favor a los fondos especulativos que sean generosos y no suban los alquileres ni los precios de venta “¡Por favor!” La representante del poder ejecutivo ¡pidiendo caridad a los buitres! ¡Viva la contundencia!

Las medidas light que hasta ahora se han impulsado (Ley de Vivienda, los topes al alquiler en zonas tensionadas, incentivos fiscales para propietarios que rebajen precios) no han servido prácticamente de nada, ¿por qué? Pues por eso, porque son actuaciones que se quedan en la superficie y no van al fondo del problema. Podemos lleva años elaborando propuestas que tanto Isabel Rodríguez como quienes trabajan a sus órdenes en el ministerio de Vivienda saben que, de aplicarse con firmeza, cambiarían sin duda muchas cosas. Entre las principales de estas medidas están:

1. Expropiar viviendas de grandes fondos. 92.000 viviendas pertenecientes a fondos de inversión podrían destinarse a alquiler social. Esto frenaría la especulación porque ampliaría el parque público de vivienda en alquiler.

2. Prohibir la compra de viviendas si no son para residir, especialmente en zonas tensionadas, impidiendo así que grandes fondos o inversores extranjeros las adquieran con fines estrictamente especulativos.

3. Bajar los precios del alquiler por ley. Hasta un cuarenta por ciento.

4. Estabilidad en los contratos. Alquileres de larga duración —mínimo diez años, y aún más si el arrendador es persona jurídica— proporcionando así tranquilidad al inquilino.

5. Fomentar una red pública de vivienda creando inmobiliarias públicas (autonómicas o municipales) que construyan y gestionen vivienda social. 

6. Control y regulación del alquiler turístico limitando así su proliferación. 

Entre las razones por las que el Gobierno de coalición no pone en marcha ninguna de estas medidas con la debida contundencia están:  

1. Porque muchas de estas propuestas implican cuestionar intereses poderosos: fondos de inversión, grandes propietarios o bancos, lo que supondría entrar en conflicto directo con quienes controlan la mayor parte del parque inmobiliario. 

2. Porque las medidas del gobierno —aunque incluyan regulaciones, ayudas o incentivos— están orientadas sobre todo a motivar a los propietarios con bonificaciones fiscales, exenciones, ayudas a rehabilitación o ayudas a quienes bajen alquiler. Actuar así deja casi intacto el poder del mercado libre. Ni lo regula ni lo limita.  

3. Porque medidas como las que hemos reseñado más arriba plantearían problemas políticos, legales e institucionales que el gobierno no parece dispuesto a afrontar como es debido. No se atreve a combatir la resistencia de los propietarios, en su mayoría fondos de inversión, ni tampoco la presión del mercado. Y  teme a los conflictos jurídicos que consideran esto supondría.

Sánchez y su escasamente beligerante ministra de Vivienda sabrán: o deciden tomarse el problema de los pisos en serio o se van al garete. La ciudadanía aguanta muchas cosas: broncas en el Parlamento, pactos incomprensibles o políticos cabreados mintiendo como bellacos. Pero todo esto son minucias comparado con la dificultad que supone pagar el alquiler… ¡de una habitación compartida!. Si el Gobierno no toma decisiones valientes, el verdadero terremoto no llegará desde arriba sino desde abajo, sobre todo desde esa generación de jóvenes que, ni teniendo trabajo, pueden permitirse diseñar un proyecto de futuro en condiciones. 

J.T.