El periodista José Precedo durante su declaración como testigo
el pasado 5 de noviembre en el juicio contra el Fiscal General del Estado.
El secreto profesional del periodista no es un capricho ni un privilegio. Está reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española y en el 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La protección de las fuentes es una piedra angular de la libertad de prensa. La declaración como testigo del colega José Precedo el pasado día cinco en el juicio contra el Fiscal General del Estado, quien está acusado de filtración de secretos, ha servido para recordar a todo el mundo la obligación que tenemos los periodistas de no revelar la identidad de quienes nos proporcionan una determinada información.
“Tengo un dilema moral bastante gordo, expuso el director adjunto de eldiario.es, yo sí sé quién es la fuente de esta historia que no voy a decir por secreto profesional. Al Fiscal General del Estado se le pide cárcel, pero yo sé que es inocente porque conozco a la fuente y no es él.” Si las fuentes temen ser descubiertas, nadie hablará. Y si los informadores no tenemos quien nos cuente las cosas, acabaría por no haber denuncias, ni filtraciones, ni exclusivas sobre corrupción, ni verdades incómodas. Al final todo se quedaría en asépticas e insulsas notas de prensa.
El caso Watergate sigue siendo la mejor prueba. Si Bob Woodward y Carl Bernstein hubieran revelado la identidad de “Garganta Profunda”, aquel alto funcionario del FBI que en 1975 les ayudó a destapar el espionaje de Richard Nixon, probablemente el presidente habría terminado su mandato tan tranquilo. Hasta que la fuente misma no decidió revelar su identidad 30 años más tarde, su nombre nunca se conoció.
En España, este derecho ha estado en la cuerda floja demasiadas veces. En 2018, por ejemplo, la Guardia Civil requisó los móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca por una investigación sobre corrupción en el Ayuntamiento de Palma. Los tribunales acabaron dándoles la razón: el secreto profesional no se vulnera ni por la sospecha ni por la conveniencia, sentenciaron. Pero aun así, los dispositivos se requisaron, las fuentes se asustaron y el mensaje quedó claro: cuidado con contar demasiado.
El periodista que protege su fuente no está encubriendo un crimen; está defendiendo un principio, el mismo que mantiene viva la democracia. Sorprende que por lo general se admita sin demasiada dificultad que el cura al que un asesino le confiesa su crimen calle para siempre y en cambio al periodista que publica un escándalo se le presione para que revele sus fuentes, pero así es.
La protección de las fuentes es un servicio público, por mucho que haya quien se resista a entenderlo. Los periodistas no son confidentes del poder, sino testigos que cuando saben de un abuso tienen la obligación de contarlo. Son los ojos del lector en los lugares donde el ciudadano no alcanza a mirar. Por eso deben poder prometer a quien les filtra documentos que no será delatado. Esa promesa es la garantía de que la información seguirá fluyendo aunque el poder intente taparla.
“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”, escribió Albert Camus. Cuando se le exige a un periodista que revele su fuente se le está pidiendo, en realidad, que se rinda. Que renuncie a la función de contrapoder. Lo contrario de lo que una sociedad democrática necesita para respirar.
J.T.
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