Vaya por delante que no comparto en un buen porcentaje el tratamiento informativo que se le ha dispensado al caso de la menor rumana de 10 años que dio a luz la semana pasada en el hospital público de Jerez de la Frontera. He de confesar además que he sentido cierta vergüenza por el despiadado acoso al que ha sido sometida la familia de la menor.
Eso es una cosa, ahora bien: se trata de un asunto de indudable interés informativo. A nadie deja impasible que una niña sea madre a los diez años.
Y se ha cabreado con nosotros, con los medios de comunicación por contarlo.
Y hasta ahí podíamos llegar.
¿Que alguno de nuestros compañeros se ha pasado unos cuantos pueblos en los modos y las maneras de abordar el caso? Yo soy el primero que me avergüenzo. Pero con la coartada que le sirven en bandeja este tipo de desaprensivos que pululan por nuestra profesión, el ministerio público no tiene derecho a convocarnos a todos, como ha hecho este viernes a la una en la Audiencia Provincial de Sevilla, para soltarnos un solemne rapapolvos bajo la apariencia de urgente convocatoria de una rueda de prensa.
Las leyes que protegen a los menores impiden que los medios divulguemos su imagen sin el consentimiento de los adultos. Correcto. Irreprochable.
Pero aquí, la fiscal jefe de Andalucía lo que ha anunciado han sido acciones legales contras los compañeros de un periódico de Cádiz que publicaron la dirección de la familia, no la identidad de los menores implicados en el asunto que son tres: el padre de 13 años, la menor de 10 y la recién nacida.
Espero que el asunto no prospere y que todo sea consecuencia de un berrinche mal digerido, porque de lo contrario nos encontraríamos a mi juicio ante un asunto de seria amenaza a las libertades.
¿Argumentos de la fiscalía para echarnos la bronca? Que dificultamos su labor en cuanto al estudio de la situación de los menores y su atención por parte de los servicios sociales ¿Pero nos hemos vuelto locos? Protéjanse sus derechos pero no a costa de los nuestros, que no son los nuestros sino los de una sociedad libre que tiene profesionales de la información dedicados a ocuparse de aquellos asuntos de indudable interés social. Y éste lo tiene.
¿Tengo yo que pagar las consecuencias de lo que la fiscal ha calificado textualmente de "intromisión ilegítima" de algún medio en la vida de la familia de la pequeña?
Si eso es así, actúese directamente contra quien transgreda la ley, pero no nos dé usted un tirón de orejas colectivo a todos los que siempre trabajamos conociendo perfectamente las reglas de nuestro oficio y sabiendo dónde están los límites.
Además de profesionales tan dignos de respeto como los fiscales, es que además ya somos todos mayorcitos. Mayorcitos para exigir ese respeto y también para detectar y reconocer cuándo parecen existir tentaciones de actuar contra el libre ejercicio de la libertad de información.
J.T.
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