Ayer martes 5 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional condenó al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por un delito de revelación de secretos con difusión a terceros, cometido por funcionario público. La víctima principal fue Dina Bousselham, por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, y el origen de todo el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015 en un Ikea de Alcorcón.
Dina Bousselham sufrió un trato infame porque, además de perder su privacidad, tuvo que soportar la humillación pública, el escrutinio morboso y el shock que supone saber que sus datos más personales circulaban por despachos policiales y redacciones cómplices. Como asesora en Bruselas, manejaba información sensible, por lo que convertirla en diana de una operación de desprestigio fue una forma especialmente cobarde de golpear a un proyecto político emergente. Ella misma ha relatado en diferentes ocasiones el devastador impacto emocional que le supuso descubrir que su móvil había pasado por las manos de Villarejo. Su entereza durante todos estos años merece admiración.
Lo más repugnante fue la complicidad de ciertos periodistas y medios. En lugar de rechazar un material obtenido de forma ilícita, algunos no dudaron en publicarlo actuando así como altavoces voluntarios de una maniobra de guerra sucia. Ni cuestionaron el origen espurio de la información, ni protegieron la intimidad de una ciudadana. Nada nuevo, porque conviene recordar que la connivencia entre sectores de la policía y determinados medios formó parte de un patrón sistemático de acoso y derribo contra Podemos desde su fundación en 2014. Filtraciones, seguimientos, campañas mediáticas, denuncias falsas y operaciones de inteligencia paralela se sucedían una tras otra, aunque sin éxito, dado que todas las causas abiertas contra la formación y sus principales responsables acabaron archivándose.
El “caso Dina” es uno de los episodios más vergonzosos de las llamadas cloacas del Estado. Villarejo encarna como pocos la policía patriótica y paralela que actuaba con impunidad al servicio de intereses políticos y económicos que se sintieron amenazados. Once años más tarde, esta sentencia reconoce que el ex comisario ahora condenado accedió y difundió indebidamente datos privados con intención de perjudicar a una formación política cuyas mensajes calaban, un partido que conseguía salir adelante sin necesidad de pedir préstamos a ningún banco. Las indemnizaciones impuestas por la Audiencia Nacional suenan a broma, cinco mil euros a Dina y mil a Pablo Iglesias, de las que responderá subsidiariamente el Estado. Sin comentarios.
La condena llega tarde y es parcial, los periodistas de Interviú quedaron fuera tras el perdón de las víctimas y otras responsabilidades siguen diluidas pero supone, al menos, un acto de reparación simbólica hacia Dina Bousselham. Este episodio es uno de los más vergonzosos de nuestra historia reciente porque representa el uso espurio de los recursos de inteligencia y seguridad para alterar el tablero democrático.
Durante años se intentó convencer a la opinión pública de que la víctima era la sospechosa. Se invirtió la carga de la prueba en un alarde de cinismo que solo la resistencia de Bousselham y el paso del tiempo han logrado desarticular. La reparación no será completa mientras el asunto se quede ahí, los presuntos profesionales del periodismo que hacen este uso execrable de nuestro oficio no pueden seguir paseándose por los platós como si no hubiera pasado nada.
Un abrazo bien grande, querida Dina.
J.T.


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