Estaba la muchacha hasta las narices de no poder mangonear a su antojo tamaño caramelito y por fin se va a dar el gustazo. Ahora parece que los números sí le dan para entrar a saco, su sueño húmedo pendiente. Con los votos de Vox le sobra para derogar de facto una ley que cuenta con mecanismos de garantía para que el gobierno de turno no pueda amoldar los órganos de dirección y de gestión de la radiotelevisión pública madrileña a sus caprichos e intereses políticos.
Cuando en 2016, durante la legislatura de Cristina Cifuentes, dos tercios de la Asamblea de Madrid (PP, Ciudadanos y PSOE con la abstención de Podemos) votaron a favor de un Consejo de Administración plural y un director general con las manos libres para actuar con criterios profesionales, muchos nos preguntamos hasta qué punto eso podía ser verdad y, en caso de serlo, cuánto podía durar.
Lo que son las cosas, la diputada que en nombre del PP defendió por entonces aquella ley se llamaba… ¡¡Isabel Díaz Ayuso!!, ¿no es maravilloso?
Han pasado casi cinco años, un tiempo en el que los informativos de Telemadrid, partiendo de una audiencia del 3,5%, han conseguido superar muchas veces el 10, ha sido también un tiempo en el que programas como 120 minutos superaban en Madrid a veces la audiencia de Al Rojo Vivo o Las cosas claras… Los profesionales podían hacer su trabajo sin tener por qué obedecer instrucciones del PP, pero la Díaz Ayuso que llegó a la presidencia hace dos años ya no tenía nada que ver ya con la diputada rasa de poco tiempo antes. Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, y ella misma, no tardaron en conjurarse para cargárselo todo apenas hubiera oportunidad. Desde el 4M, con la ayuda de Vox, les salen los números para la mayoría absoluta, libertad, libertad.
Como dice Jacinto Morano, diputado de Podemos en la Asamblea, no es que Telemadrid fuera precisamente maoísta pero sí es verdad que profesionales como Silvia Intxaurrondo, por ejemplo, tenían la posibilidad de ejercer el oficio con dignidad y realizar preguntas incómodas a los consejeros y a la mismísima presidenta.
Ahora que ya pueden hacer lo que les dé la gana, Ayuso y Rodríguez no han perdido ni un minuto en presentar una propuesta de ley que permita nombrar por mayoría absoluta un Administrador General que hará y deshará a su antojo al margen del director general y del Consejo de Administración. La tristemente recordada Teleaguirre volverá convertida en Teleayuso y mucho me temo que superará sus desmanes.
Como en el caso de Rosa María Mateo en RTVE, el Administrador o Administradora única que nombre la Asamblea de Madrid puede convertirse en “vitalicio” porque para volver a la situación anterior será necesario que dos tercios de la cámara voten en contra de Ayuso. A día de hoy, eso es pura ciencia ficción.
“Resulta difícil comprender cómo la misma persona que defendía la despolitización de Telemadrid como medio público, años más tarde se dispone a hacer justo lo contrario de lo que por entonces predicaba”, afirma Mae Lozano, vicepresidenta del Consejo de Administración, y nos recuerda estas palabras textuales pronunciadas por la mismísima Ayuso hace apenas cinco años:
“Es el momento de que aquí no haya más partidismos, -dijo textualmente entonces la hoy presidenta-, se acaba el control de Telemadrid por parte de un partido político, el Consejo de Administración y su director no van a tener más control por parte de la Asamblea. Se cierra una etapa polémica y por primera vez el modelo de televisión pública va a cambiar.“
¿No se creen que Ayuso dijera esto? Es lógico, porque a día de hoy resulta impensable, pero ahí están las fonotecas y las videotecas para comprobarlo. Así se expresaba la misma persona que ahora prepara un escandaloso golpe contra la libertad de información y de expresión apenas consigan colocar en los puestos de poder a sus palmeros más significados. Los índices de audiencia volverán a caer en picado pero Ayuso y su particular ayuda de cámara tendrán el juguetito a su disposición no solo para manipular los informativos sino para proporcionar también suculentos contratos a los amiguetes dueños de productoras afines.
La FIP (Federación Internacional de Periodistas) ya ha hecho público su rechazo y el Comité de Empresa empieza a moverse: su portavoz ha anunciado que los trabajadores acudirán a los tribunales para intentar detener una reforma de "dudosa legalidad". Veremos qué pasa, libertad, libertad.
J.T.
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