Miércoles, 12: “La Justicia mantiene el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo”.
Jueves, 13: “La Justicia salva la calle de Millán Astray al no probarse de manera "inequívoca" que participara en el golpe de 1936”.
“¿Por qué tantos magistrados tienen un sesgo ideológico tan conservador que les lleva a hacer oposición política a un Ejecutivo progresista salido de las urnas? ¿Debe la sociedad democrática aceptar sus abusos de poder?” Estas frases, que podían estar escritas perfectamente a día de hoy, pertenecen a un artículo que Ignacio Sánchez Cuenca firmó en El País en marzo de 2010, cuando aún gobernaba Rodríguez Zapatero, ¿no es maravilloso?
Faltaba en ese momento más de un año para el 15-M, no existía Podemos ni Vox, y Ciudadanos apenas era un bebé nacido poco antes en Catalunya. Nadie sabía quiénes eran Abascal, ni Pablo Iglesias, ni Arrimadas, ni Ayuso, ni siquiera Casado. Mil años parecen haber pasado y ahí está el sistema judicial, como hace once años, como hace más de cuarenta… inasequible al desaliento, desesperando a quienes soñamos con la imprescindible legitimación de un estamento cuyas prácticas no encajan en la Europa a la que pertenecemos desde hace ya… ¡36 años! "Justicia y política, la pareja infernal", se titulaba un libro que Patrick Maisonneuve publicó en 2015.
“El principio de división de poderes debería impedir, escribía Josep Ramoneda no hace mucho, que un poder entrara en el terreno del otro por cuestiones que no le corresponden. Y así como el poder político no debe condicionar las decisiones de los tribunales, el poder judicial no debería intervenir en el normal quehacer de las decisiones políticas.”
Pues nada, pasan los días, los meses, los años.. y ahí siguen los jueces con su dinámica de siempre, gobierne quien gobierne. En los últimos tiempos no hay mañana en la que no nos desayunemos con alguna decisión judicial que interfiera de lleno en el terreno de la política. El amigo Pedro Vallín se tomó hace unos días la molestia de recordarnos algunas de las más recientes, titulares que siempre empiezan con el mismo sujeto:
"La Justicia decide suspender la semipeatonalización del centro de Madrid, conocida como Madrid Central; La Justicia desestima los recursos de amparo de los condenados por sedición del 1-O; la Justicia decide que la situación en Navarra no justifica la decisión del ejecutivo autonómico de establecer toque de queda y horario de cierre de los locales de hostelería; la Justicia pide seis meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos por un caso anterior a la fundación del partido; la Justicia admite el recurso de la diputada andaluza Teresa Rodríguez por su expulsión del grupo parlamentario en la Junta de Andalucía; la Justicia avala que los ayuntamientos establezcan tasas para las empresas de telefonía fija e internet; la Justicia rechaza las medidas anticovid decididas por el Gobierno de Canarias… "
Todas estas noticias se han publicado durante esta semana que ahora acaba, y a ellas hay que añadir las dos decisiones con las que encabezábamos este artículo ¿Esto es impartir justicia o hacer política? ¿Nadie va a poner pie en pared a esto de una vez? Una cosa es la separación de poderes y otra que unos señores que están donde están sencillamente porque aprobaron unas oposiciones, dictaminen a diario contra poderes legislativos democráticamente elegidos.
Surrealista e impresentable, por muy legítimo que sea. Sobre todo cuando la derecha y la ultraderecha se dedican a utilizar estos mecanismos cada vez que pueden para frenar, o directamente dinamitar, avances democráticos, decisiones políticas de calado. Así de encanallada está nuestra convivencia; que los jueces funcionen de esta manera no ayuda a crecer, ni a mejorar nuestras vidas, ni tampoco a ser respetados como país democrático.
Nadie duda que existen razones técnicas que permiten que esto sea posible; tampoco que, a la vista de los hechos, parece terriblemente complicado desmontar esta perversa dinámica, pero resulta urgente hacer algo. Como tantos otros asuntos que el bipartidismo jamás resolvió -cloacas, democratización de la policía, ejército…-, la no modernización del aparato judicial dificulta nuestra convivencia en paz.
Parece incontestable que no conseguiremos tener un país decente hasta que no dispongamos de una justicia independiente y democrática que se dedique a desarrollar sus cometidos y se abstenga de condicionar las decisiones políticas ¿Es pedir demasiado? Hasta ahora, parece que sí.
J.T.
Publicado en La Última Hora
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