“Los abusones del patio de la democracia”

Uno va y compara el Valle de los Caídos con la plaza de Pedro Zerolo, otro escudriña las intimidades del Fiscal General del Estado, un tercero se planta en el palacio de la Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno por una denuncia a su mujer elaborada con recortes de periódico…  Son jueces, ciudadanos que, como dice Joaquín Urías, “se creen que haber aprobado una oposición los capacita para imponernos sus juicios morales”. Mala cosa que nos sepamos de memoria el nombre de tantos magistrados en lugar de la alineación de nuestro equipo de fútbol favorito, como está mandado.

No quiero saberme el nombre de Marchena, ni el de García Castellón, ni el de Escalonilla o Peinado, quiero respetar a la justicia, creer en ella, pero cada vez que escucho lo que dicen o veo lo que hacen muchos de quienes están llamados a impartirla se me cae el alma al suelo ¿En manos de estas personas estamos? ¿es a ellas a quienes corresponde decidir sobre nuestra libertad llegado el caso, sobre nuestros bienes, sobre nuestra vida?

En los videos y audios de juicios con los que nos desayunamos últimamente no me gusta lo que oigo, no me gusta lo que dicen según qué jueces, pero lo que me parece más triste es cómo lo dicen, con ese desenfado cheli tan lejano de la solemnidad esperable del puesto institucional que desempeñan. Que el responsable de un tribunal entre en debate con el acusado, como ha ocurrido estos días con el presentador Héctor de Miguel me rompe los esquemas. Que lo intente intimidar prescindiendo del contexto e ignorando el carácter humorístico del programa donde expresó algo que al alguien no le gustó, no augura nada bueno sobre por dónde puede ir la sentencia. Mala cosa.

Como ha ocurrido con tantos otros casos, el procedimiento contra el responsable de “Hora veintipico” se abrió tras una denuncia de un grupo ultra llamado Abogados Cristianos, chúpate esa. La religión mangoneando una vez más, intentando arruinar vidas a estas alturas de la película. Ahí está también pendiente la amenaza de esta misma organización y de otra llamada “Hazte Oír” contra Lalachús, la cómica que presentó las recientes campanadas de fin de año en tve. Dos meses largos han pasado desde que el ministro Félix Bolaños decidió terciar ante aquel despropósito proclamando que “no puede ser que hacer humor sea delito” y asegurando que se iba a revisar cuanto antes el de ofensas a los sentimientos religiosos para garantizar la libertad de expresión y creación. Pues menos mal. 

Quiero imaginar que cuando el responsable gubernamental de la cartera de Justicia habla de garantizar la libertad de expresión se refiere también a que se pueda hablar de la monarquía sin que te condenen, como ocurrió con el rapero Pablo Hassel. También a que desaparezca el carácter intimidatorio de según qué interpelaciones judiciales. Porque el problema, como decía Héctor de Miguel en el programa posterior a su comparecencia judicial es que “los jueces se saben intocables”, que se comportan como “los abusones del patio de la democracia”. ¡Cómo resuenan aquellos ecos!, ¿recuerdan?: “que los jueces elijan a los jueces”. Saben además que por muy reaccionarios que sean, parafraseando a Pedro Zerolo, ellos caben en nuestro tipo de sociedad, pero somos muchos los que tenemos dudas razonables de si cabríamos o no en el suyo. 

Sería bueno poder celebrar, y cuanto antes, la absolución del humorista de Miguel pero aun así ahí quedará el aviso a navegantes. En el ambiente permanecerá el miedo a expresarse libremente sin tener por qué temer ninguna consecuencia. Así no se puede seguir. Si esto ocurre con un llamado “gobierno de coalición progresista”, ¿qué no acabará pasando cuando sean los amigos ultras de los jueces quienes estén en la Moncloa?

La judicatura no puede actuar como el brazo armado de los intolerantes, así como los medios de comunicación no deben operar como altavoces de quienes defienden el racismo o la homofobia, minimizan la violencia de género y criminalizan al inmigrante por el hecho de serlo, ¡vamos a dejarnos de bromas ya! 

J.T.

¡Fascistas acosadores fuera del Congreso ya!

Van tarde los periodistas parlamentarios protestando por la presencia entre ellos de provocadores ultras disfrazados de informadores que dificultan su trabajo y usan la acreditación que nunca debieron tener para fustigar a los políticos en las ruedas de prensa, además de perseguirlos y acosarlos micrófono en mano por los pasillos y aledaños del Congreso de los Diputados. No sé por qué han esperado tanto, como tampoco entiendo por qué las presidentas de la institución (antes Meritxell Batet y ahora Francina Armengol) no han desposeído ya a individuos como Negre, Quiles o Ndongo de unas acreditaciones que profanan cuando las esgrimen.  

Algo se nos está yendo de las manos. Algo muy serio está fallando y nadie parece dar con la tecla que permita salir del embrollo. Los fascistas avanzan gracias a los instrumentos de los que los dota el sistema democrático y así, cuando llegan al poder, se cargan en tres días el universo de libertades que costó decenios construir. No voy a hablar explayarme hoy aquí hablando de los desmanes del “gorila” estadounidense, apelativo con el que califica a Donald Trump el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons, sino del peligro que palpamos en nuestra propia casa y que, con la mayor de las impotencias,  comprobamos cómo crece cada día. 

Organizaciones ultras como Hazte Oír o Abogados Cristianos se sirven del sistema judicial de la manera más abominable para tensar la convivencia y poner en marcha procedimientos que casi siempre acaban en nada pero que mientras permanecen abiertos deterioran, puede que sin remedio, nuestra salud democrática. Que haya jueces que les den bola y prensa que les proporcione altavoz redondea tamaña insidia y contribuye a pudrir la armonía imprescindible para coexistir en paz.

Hay que encontrar la manera de no seguirles el juego, de que no nos marquen la agenda, de que no puedan acosar con la impunidad con la que lo hacen. No es de recibo tampoco, como decíamos al principio, que unos tipos se cuelen en el Congreso y, disfrazados de periodistas, se sirvan de la actividad parlamentaria para, “intimidar a la prensa y montar cada día peliculillas con las que echar de comer al algoritmo y a sus tropas de trolls, cuentas anónimas y demás odiadores”, como ha escrito mi compañera Carmela Ríos.

"Sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios, ¡basta ya!" denuncian los periodistas parlamentarios. Lo siento, compañeros, pero vais tarde como os decía. Hace casi tres años que, en este mismo rincón, me hacía yo algunas preguntas que continúan sin respuesta, entre las que me voy a permitir refrescar unas cuantas: 

“¿Es aceptable que alguien use una acreditación periodística para provocar a según qué políticos comparecientes convirtiendo así la sala de prensa del Congreso en una prolongación de los enfrentamientos que Vox suele protagonizar en el hemiciclo? ¿Se les puede negar el acceso? ¿Se les puede poner condiciones?¿Cómo impedir la presencia de estos personajes sin que eso acabe convirtiéndose en un peligroso precedente para recortar libertades a quienes hacen su trabajo de manera respetuosa y profesional? ¿Cuándo una pregunta deja de ser correcta para convertirse en incorrecta, dónde está la frontera? Es más, ¿hay preguntas incorrectas? Los ultras provocadores no alzan la voz, no insultan, sencillamente encanallan el ambiente con directos al hígado retorciendo argumentos y distorsionando la realidad mientras ponen cara de no haber roto nunca un plato”.

Hay que encontrar la manera de acabar con la impunidad de estos provocadores, pero técnicamente no parece que sea fácil. En este lío andamos desde hace ya bastante tiempo, se ha esperado demasiado para salir a protestar a las puertas del Congreso mostrando folios con una frase, “Señalar no es periodismo”, cuya ambigüedad ha permitido a los crispadores interpelados posar al día siguiente en el mismo lugar con el mismo papel y las mismas palabras escritas en él que sus “colegas” hastiados. Si “señalar no es periodismo, ¿por qué nos señaláis?”, se preguntaban Ndongo y Quiles con el descarado recochineo que les caracteriza.

Tenemos razón, pero no acertamos. A este paso se quedarán ellos y nos echarán a los demás. En Estados Unidos ya han empezado. Han expulsado de las ruedas de prensa en la Casa Blanca a Associated Press, la más prestigiosa agencia de noticias del país, han cerrado la oficina de la CNN en el Pentágono y han dejado fuera del pool al HuffPost y a la agencia Reuters, otra de las más reconocidas del mundo.

Basta ya, es verdad, pero me temo que vamos pelín tarde.