Capitulación en el Valle de los Caídos

Cuelgamuros seguirá ahí, con su megacruz intocable forever, sus misas cañí y sus monjes benedictinos encargándose de la hospedería y la escolanía como hasta ahora. El gobierno progresista renuncia a lo que nos había prometido que no iba a renunciar, qué cosa más rara, con lo cumplidores que son, y se pliega a las exigencias religiosas. Ochenta y cinco años después de que comenzara a construirse, el monumento de la vergüenza perpetúa su vigencia con las bendiciones de un gobierno de izquierdas que, una vez más, hinca la rodillas ante las sotanas. Nada nuevo bajo el sol. 

El caso es que cuando Carmen Calvo era vicepresidenta con Pedro Sánchez y nos dijo que la presencia de los monjes en el Valle de los Caídos era “incompatible” con los planes para “resignificar” el monumento yo me lo creí; que cuando Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aseguró que Cuelgamuros “debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra civil y lo que vino después”, también le di crédito igual que me ocurrió cuando, el pasado mes de octubre, tras el último encuentro entre el Papa y el presidente español, se nos aseguró que, para cumplir con lo previsto en la Ley de memoria democrática, “todos” los monjes benedictinos serían desalojados en breve.

Pues mire usted, pues una vez más va a ser que no. “No había alternativa”, claman ahora desolados desde el ministerio de Félix Bolaños mientras intentan justificarse poniendo en valor que a cambio han acordado con el Vaticano echar del Valle de los Caídos al prior fascista y a dos monjes que también son de su cuerda. Insisten además en presumir porque han conseguido el permiso de la Iglesia para promover un concurso internacional de ideas que ayude a remodelar el complejo. O sea, a ver si yo me entero, que te pegan un revolcón humillante, uno más en la interminable retahíla de rendiciones socialistas ante los obispos, y cuando todavía no te has levantado del suelo pretendes sacar pecho diciendo que por lo menos no te han roto la cara. Por cierto, que el concurso de ideas y la celebrada “resignificación” (que también tiene narices el término) costará treinta millones de euros que pagaremos todos. Eso sí, incluirá intervenciones en el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula de la basílica, no sé de que nos quejamos. 

Nada nuevo bajo el sol, como decía antes. Las rendiciones socialistas son ya historia de España, comenzaron en 1983, cuando aquellos augustos progresistas llamados Alfonso Guerra y Felipe González potenciaron la enseñanza concertada subvencionando colegios de curas y monjas en lugar de construir institutos públicos. Y ahí siguen sus sucesores, ahora gobernado en coalición con cinco insignes izquierdistas, agachando el lomo y sin dar un solo paso para que el carácter laico que preconiza la Constitución Española (“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, artículo 16.3) se cumpla de una puñetera vez y podamos sacudirnos por fin el punto beato que coloniza sin descanso nuestra convivencia diaria.

Lo de la imposibilidad de desposeer al Valle de los Caídos de su perfil tétrico no es algo anecdótico, resulta desolador constatar la impotencia de un gobierno presuntamente progresista para actuar de manera contundente en este tipo de asuntos. Si en un caso así se bajan los pantalones hasta tal punto, no quiero ni imaginarme cómo serán de profundas las tragaderas de nuestros gobernantes con todo lo que está pasando ahora en el mundo, qué no estarán cediendo en materia de rearme, qué no estarán dispuestos a hacer cada vez que topen con cualquier tipo de resistencia. Si no pueden ganarle un solo pulso a la Conferencia Episcopal, -recordemos que aún no se ha conseguido que paguen el IBI ni tampoco se han derogado los acuerdos con la Santa Sede-, ¿vamos a esperar que en Bruselas no sean tan belicistas como el que más, o que en algún momento le planten cara al gorila que okupa la Casa Blanca cuando nos amenaza?

Así se entiende mejor que la ley mordaza siga ahí, que la política de vivienda continúe siendo un bluf, que lo del Consejo General del Poder Judicial acabara como acabó, que los urdidores de la policía patriótica puedan irse de rositas, que los jueces fachas sigan marcándonos la agenda… Pero eso sí, van a echar a tres monjes de Cuelgamuros, ¡aleluya! “Van a echar”, es decir, que todavía no los han echado... Hasta ahora, lo único definitivamente acordado según un comunicado de la archidiócesis de Madrid con fecha 27 de marzo, ha sido “la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma".

En 2022, la Ley de memoria democrática declaró extinguida la Fundación del Valle de los Caídos “por resultar incompatibles sus fines con los valores y principios constitucionales” y se anunció la publicación de un decreto que refrendaría esta decisión, ¿qué creen ustedes que pasó? Cierto, lo han adivinado, ese decreto aún estamos esperando que se apruebe.

 

A este paso, se lo van a dejar todo hecho a las derechas y ultraderechas cuando les toque gobernar. Con  lo vagos que son, les vendrá de perlas.

J.T.

La política, más patio de vecinos que nunca

Gabriel Rufián llamando miserable al posconvergente Isidre Gavín por responsabilizar a Esquerra de las incidencias en Rodalies, Miguel Tellado plantando cara a la presidencia del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo vituperando a Félix Bolaños por haberse cambiado de móvil, Elías Bendodo comparando el Tribunal Constitucional con un túnel de lavado, los gamberros de Vox en su línea de siempre… Mira que cada semana procuro partir de cero, hacer borrón y cuenta nueva cuando me dispongo a seguir la actividad parlamentaria, pero es inútil. 

Con la que está cayendo en el mundo y aquí siempre con el cuchillo entre los dientes, leña al mono. El todavía llamado Gobierno de coalición jugando con fuego y votando distinto en una elocuente moción sobre el plan de rearme europeo que incluía la salida de España de la OTAN, Junts sumando sus votos a los de Vox y el PP para impedir la creación de la Agencia Estatal de Salud al tiempo que los diputados populares cuyos escaños están situados tras el de la ministra de Sanidad le sueltan un jódete, que no has conseguido sacar adelante tu chiringuito…

Nos perdemos en nuestras miserias y no abrimos el foco con la que está cayendo. En lo que respecta a Europa, mejor que Núñez Feijóo y los suyos no lo abran para no hacer más el ridículo. José María Aznar, la mano que mece la cuna, sigue moviéndose en la sombra, ahora allende los Pirineos, para dificultar las cosas más todavía. El autor de “quien pueda hacer que haga”, frase canalla donde las haya, podría, como también podría Felipe González, poner sus conocimientos al servicio de una mejor convivencia, de una coexistencia más sosegada en la política española. Pero no les da la gana, prefieren tenernos a todos en un sin vivir que invita a la ciudadanía a abominar de la política para siempre, al tiempo que dejan el campo bien regadito para que germine y crezca la simiente ultra. Los dos viejos dinosaurios creen que así acabarán consiguiendo el sueño húmedo que comparten desde hace tanto: que el PP y el PSOE se decidan a pilotar la nave juntos y se dejen de historias.

Escucho a Pedro Sánchez pidiendo que no se hable de rearme sino de “mejorar nuestra seguridad” y no puedo evitar recordar al Felipe de 1986 que nos amenazó con dimitir si los resultados del referéndum le impedían que España continuara en la OTAN. El actual presidente, de momento, solo pide que cuidemos los términos a la hora de hablar de guerra pero por algo se empieza, recordemos que para González, en cierto momento, lo de la Alianza era “De entrada, no”. 

No creo que el actual presidente le hiciera muchos asquitos a pactar asuntos con los populares sobre todo si hay armas por medio pero el problema del PP, más que Mazón y Díaz Ayuso juntos, es su líder, uno de los mejores ejemplos de la veracidad del principio de Peter (ya saben: cualquier incompetente puede ser ascendido hasta ocupar un cargo para el que no está preparado). En la moción contra la OTAN que el BNG promovió el otro día en el Congreso, los de Sumar se encontraron entre la espada y la pared y no tuvieron más remedio que votar contra sus amados socios socialistas para que no se les vieran las costuras más de lo que ya se les están viendo, pero no hay problema: más pronto que tarde serán fagocitados. Sobre todo la desconsolada y solitaria Mónica García a quien, ojo al dato, no sería tan extraño verla como futura candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid con Más Madrid o sin él, pero bajo el manto del PSOE.

Seguirán armando el mecano haya o no presupuestos. Si leemos entre líneas las recientes declaraciones de María Jesús Montero, tan ambiguas como elocuentes, es fácil deducir que no los habrá, por mucho que la ministra de Hacienda insista en que el Ejecutivo peleará “hasta el último balón”. Pesan ya las casi cincuenta votaciones perdidas en lo que va de legislatura y nadie olvida algunas leyes clave sacadas adelante de rebote, como ocurrió con la reforma laboral.

Queda por ver ahora cómo se resuelve el contencioso entre los socios de gobierno por la tributación o no del salario mínimo. El Ministerio de Hacienda quiere vetar la propuesta de ley de Sumar que busca que quien cobre el SMI siga sin pagar el IRPF y Yolanda Díaz asegura que “levantará ese veto”. Tendría gracia que Sumar y PP acabaran votando juntos.

J.T.

Tras la emisión de 7291 en RTVE… ¿ahora qué?

Entre las muchas cosas que parecen dejar claras tanto la expectación que despertó la emisión en RTVE del documental 7291 como los índices de audiencia que consiguió a pesar de la hora, o las presiones del PP intentando evitar su difusión, una es que la tele está más viva de lo que nos empeñamos en creer. Otra, que el carácter de servicio público del medio hay que defenderlo con uñas y dientes. En la televisión pública del Estado sus responsables lo están intentando, aunque no lo tienen fácil.

Creo que la decisión de emitir 7291 tuvo un carácter mucho más profesional que político; el mundo de la comunicación, no solo el político, está en deuda con los miles de ancianos a quienes “dejaron morir como perros” –palabras textuales que se pueden escuchar en el documental- y resulta democráticamente higiénico que, aunque sea años más tarde, el común de los ciudadanos pueda formarse su opinión con la perspectiva que aporta el paso del tiempo y con datos rigurosos. 

Los datos son públicos porque son oficiales, están grabados y a disposición de quien quiera consultarlos, pero había que visionarlos todos, seleccionarlos y ordenarlos, y eso fue lo que hizo Juanjo Castro al elaborar una película, por sus propios medios y sin subvención alguna, donde se percibe el respeto por el dolor de las víctimas y por el criterio del espectador, a quien se le ofrece suficiente caudal de información para que pueda extraer sus propias conclusiones. 

En su mayor parte, los testimonios que aparecen en la cinta proceden unos de las comparecencias grabadas en la Comisión sobre la gestión del Gobierno que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid desde mediados de 2020, drásticamente suspendida tras la victoria electoral de Ayuso al año siguiente, y otros de las intervenciones que algunos familiares de fallecidos llevaron a cabo en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. 

Plantearse que Telemadrid hubiera podido emitir este trabajo es soñar, por eso es bueno que la televisión pública del Estado se haya decidido a hacerlo. Ni imaginarme quiero cómo habrían sido las cosas en este quinto aniversario de aquel azorado confinamiento si en La Moncloa estuvieran a día de hoy Feijóo y Abascal. Podemos hacernos una idea si nos molestamos en repasar los informativos de la televisión autonómica madrileña en los que se daba cuenta de lo que sucedió en la sesión de la Asamblea de Madrid celebrada la semana pasada. Ni rastro del largo aplauso de la izquierda a los familiares de víctimas presentes en el hemiciclo mientras Ayuso y su grupo político permanecían inamovibles. 

“Dejen de retorcer el dolor de las víctimas”, bramaba poco después en el pleno la presidenta madrileña, como lo hizo también en un video de diez minutos disfrazada de dolorosa donde, con la altanería cheli que le caracteriza, reducía a 4143 el número de ancianos muertos en residencias durante los días en que quienes no disponían de seguro privado fueron abandonados a su suerte. No querían en la CAM saber nada de la cifra 7291 ni del documental pero hete aquí, ¡oh, casualidad! que fue anunciar la emisión en RTVE y ponerse en marcha toda la batería de presiones posible. 

“RTVE es de todos los españoles, no la televisión privada de Sánchez ni el altavoz de su propaganda. Basta ya de secuestrar un servicio público”, escribía en x-twitter Miguel Tellado, que hay que tener bemoles. “Lamento que Televisión Española se ponga al servicio de la izquierda", soltaba el secretario del PP madrileño en directo durante el debate previo a la proyección del documental. “Que se emita íntegro el vídeo de nuestra presidenta”, exigía por carta el consejero de presidencia de Ayuso. En este caso los responsables de tve no se arredraron y contestaron que tales presiones suponían una injerencia intolerable en su trabajo aunque templaron gaitas retrasando la hora de emisión y poniéndola en manos de Xabier Fortes, profesional cuya habilidad para evitar meterse en charcos está sobradamente conocida y reconocida. 

Ojalá la emisión de 7291 marque un antes y un después en la deseada resurrección que llevamos esperando doce largos años. Ojalá los informativos de la televisión pública estatal vuelvan a recuperar la factura y la credibilidad de la que gozaron en tiempos de Rodríguez Zapatero con Fran Llorente como director; ojalá el resto de la programación, que parece que por fin apunta maneras, consiga ofrecer la realidad del país plural que ninguna televisión ni privada ni autonómica parece interesada en reflejar. Dicen que el medio televisivo está muerto. Pues menos mal.

J.T.

“Los abusones del patio de la democracia”

Uno va y compara el Valle de los Caídos con la plaza de Pedro Zerolo, otro escudriña las intimidades del Fiscal General del Estado, un tercero se planta en el palacio de la Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno por una denuncia a su mujer elaborada con recortes de periódico…  Son jueces, ciudadanos que, como dice Joaquín Urías, “se creen que haber aprobado una oposición los capacita para imponernos sus juicios morales”. Mala cosa que nos sepamos de memoria el nombre de tantos magistrados en lugar de la alineación de nuestro equipo de fútbol favorito, como está mandado.

No quiero saberme el nombre de Marchena, ni el de García Castellón, ni el de Escalonilla o Peinado, quiero respetar a la justicia, creer en ella, pero cada vez que escucho lo que dicen o veo lo que hacen muchos de quienes están llamados a impartirla se me cae el alma al suelo ¿En manos de estas personas estamos? ¿es a ellas a quienes corresponde decidir sobre nuestra libertad llegado el caso, sobre nuestros bienes, sobre nuestra vida?

En los videos y audios de juicios con los que nos desayunamos últimamente no me gusta lo que oigo, no me gusta lo que dicen según qué jueces, pero lo que me parece más triste es cómo lo dicen, con ese desenfado cheli tan lejano de la solemnidad esperable del puesto institucional que desempeñan. Que el responsable de un tribunal entre en debate con el acusado, como ha ocurrido estos días con el presentador Héctor de Miguel me rompe los esquemas. Que lo intente intimidar prescindiendo del contexto e ignorando el carácter humorístico del programa donde expresó algo que al alguien no le gustó, no augura nada bueno sobre por dónde puede ir la sentencia. Mala cosa.

Como ha ocurrido con tantos otros casos, el procedimiento contra el responsable de “Hora veintipico” se abrió tras una denuncia de un grupo ultra llamado Abogados Cristianos, chúpate esa. La religión mangoneando una vez más, intentando arruinar vidas a estas alturas de la película. Ahí está también pendiente la amenaza de esta misma organización y de otra llamada “Hazte Oír” contra Lalachús, la cómica que presentó las recientes campanadas de fin de año en tve. Dos meses largos han pasado desde que el ministro Félix Bolaños decidió terciar ante aquel despropósito proclamando que “no puede ser que hacer humor sea delito” y asegurando que se iba a revisar cuanto antes el de ofensas a los sentimientos religiosos para garantizar la libertad de expresión y creación. Pues menos mal. 

Quiero imaginar que cuando el responsable gubernamental de la cartera de Justicia habla de garantizar la libertad de expresión se refiere también a que se pueda hablar de la monarquía sin que te condenen, como ocurrió con el rapero Pablo Hassel. También a que desaparezca el carácter intimidatorio de según qué interpelaciones judiciales. Porque el problema, como decía Héctor de Miguel en el programa posterior a su comparecencia judicial es que “los jueces se saben intocables”, que se comportan como “los abusones del patio de la democracia”. ¡Cómo resuenan aquellos ecos!, ¿recuerdan?: “que los jueces elijan a los jueces”. Saben además que por muy reaccionarios que sean, parafraseando a Pedro Zerolo, ellos caben en nuestro tipo de sociedad, pero somos muchos los que tenemos dudas razonables de si cabríamos o no en el suyo. 

Sería bueno poder celebrar, y cuanto antes, la absolución del humorista de Miguel pero aun así ahí quedará el aviso a navegantes. En el ambiente permanecerá el miedo a expresarse libremente sin tener por qué temer ninguna consecuencia. Así no se puede seguir. Si esto ocurre con un llamado “gobierno de coalición progresista”, ¿qué no acabará pasando cuando sean los amigos ultras de los jueces quienes estén en la Moncloa?

La judicatura no puede actuar como el brazo armado de los intolerantes, así como los medios de comunicación no deben operar como altavoces de quienes defienden el racismo o la homofobia, minimizan la violencia de género y criminalizan al inmigrante por el hecho de serlo, ¡vamos a dejarnos de bromas ya! 

J.T.

¡Fascistas acosadores fuera del Congreso ya!

Van tarde los periodistas parlamentarios protestando por la presencia entre ellos de provocadores ultras disfrazados de informadores que dificultan su trabajo y usan la acreditación que nunca debieron tener para fustigar a los políticos en las ruedas de prensa, además de perseguirlos y acosarlos micrófono en mano por los pasillos y aledaños del Congreso de los Diputados. No sé por qué han esperado tanto, como tampoco entiendo por qué las presidentas de la institución (antes Meritxell Batet y ahora Francina Armengol) no han desposeído ya a individuos como Negre, Quiles o Ndongo de unas acreditaciones que profanan cuando las esgrimen.  

Algo se nos está yendo de las manos. Algo muy serio está fallando y nadie parece dar con la tecla que permita salir del embrollo. Los fascistas avanzan gracias a los instrumentos de los que los dota el sistema democrático y así, cuando llegan al poder, se cargan en tres días el universo de libertades que costó decenios construir. No voy a hablar explayarme hoy aquí hablando de los desmanes del “gorila” estadounidense, apelativo con el que califica a Donald Trump el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons, sino del peligro que palpamos en nuestra propia casa y que, con la mayor de las impotencias,  comprobamos cómo crece cada día. 

Organizaciones ultras como Hazte Oír o Abogados Cristianos se sirven del sistema judicial de la manera más abominable para tensar la convivencia y poner en marcha procedimientos que casi siempre acaban en nada pero que mientras permanecen abiertos deterioran, puede que sin remedio, nuestra salud democrática. Que haya jueces que les den bola y prensa que les proporcione altavoz redondea tamaña insidia y contribuye a pudrir la armonía imprescindible para coexistir en paz.

Hay que encontrar la manera de no seguirles el juego, de que no nos marquen la agenda, de que no puedan acosar con la impunidad con la que lo hacen. No es de recibo tampoco, como decíamos al principio, que unos tipos se cuelen en el Congreso y, disfrazados de periodistas, se sirvan de la actividad parlamentaria para, “intimidar a la prensa y montar cada día peliculillas con las que echar de comer al algoritmo y a sus tropas de trolls, cuentas anónimas y demás odiadores”, como ha escrito mi compañera Carmela Ríos.

"Sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios, ¡basta ya!" denuncian los periodistas parlamentarios. Lo siento, compañeros, pero vais tarde como os decía. Hace casi tres años que, en este mismo rincón, me hacía yo algunas preguntas que continúan sin respuesta, entre las que me voy a permitir refrescar unas cuantas: 

“¿Es aceptable que alguien use una acreditación periodística para provocar a según qué políticos comparecientes convirtiendo así la sala de prensa del Congreso en una prolongación de los enfrentamientos que Vox suele protagonizar en el hemiciclo? ¿Se les puede negar el acceso? ¿Se les puede poner condiciones?¿Cómo impedir la presencia de estos personajes sin que eso acabe convirtiéndose en un peligroso precedente para recortar libertades a quienes hacen su trabajo de manera respetuosa y profesional? ¿Cuándo una pregunta deja de ser correcta para convertirse en incorrecta, dónde está la frontera? Es más, ¿hay preguntas incorrectas? Los ultras provocadores no alzan la voz, no insultan, sencillamente encanallan el ambiente con directos al hígado retorciendo argumentos y distorsionando la realidad mientras ponen cara de no haber roto nunca un plato”.

Hay que encontrar la manera de acabar con la impunidad de estos provocadores, pero técnicamente no parece que sea fácil. En este lío andamos desde hace ya bastante tiempo, se ha esperado demasiado para salir a protestar a las puertas del Congreso mostrando folios con una frase, “Señalar no es periodismo”, cuya ambigüedad ha permitido a los crispadores interpelados posar al día siguiente en el mismo lugar con el mismo papel y las mismas palabras escritas en él que sus “colegas” hastiados. Si “señalar no es periodismo, ¿por qué nos señaláis?”, se preguntaban Ndongo y Quiles con el descarado recochineo que les caracteriza.

Tenemos razón, pero no acertamos. A este paso se quedarán ellos y nos echarán a los demás. En Estados Unidos ya han empezado. Han expulsado de las ruedas de prensa en la Casa Blanca a Associated Press, la más prestigiosa agencia de noticias del país, han cerrado la oficina de la CNN en el Pentágono y han dejado fuera del pool al HuffPost y a la agencia Reuters, otra de las más reconocidas del mundo.

Basta ya, es verdad, pero me temo que vamos pelín tarde.