¿Cómo serían hoy unos Juegos Olímpicos en Barcelona?

Volver a ver el otro día, gracias a Teledeporte, la ceremonia de inauguración en 1992 de los Juegos Olímpicos de Barcelona me permitió refrescar algunos aspectos que me voy a permitir recordar aquí. La imponente voz en off de Constantino Romero se expresaba en catalán, los reyes hicieron su entrada en el palco del Estadi Olímpic mientras sonaba Els Segadors, el himno de Catalunya; Montserrat Caballé y Josep Carreras regalaron al mundo una preciosa canción en catalán y un veintañero Felipe de Borbón, que participaría en las competiciones de vela y desfiló encabezando como abanderado la representación española, lanzó a su vez durante la celebración de los Juegos varios mensajes en catalán. 

En su discurso inaugural Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, se expresó en cuatro idiomas comenzando por el catalán con la siguiente frase: "Hace 56 años se tenía que celebrar una Olimpiada Popular en este estadio de Montjuïc. El nombre del presidente de la Olimpiada Popular está grabado allá arriba, en la antigua puerta de la maratón. Se llamaba Lluís Companys y era el presidente de la Generalitat de Catalunya".

Hasta el presidente del COI, el franquista Juan Antonio Samaranch, pronunció parte de su discurso en catalán y nadie se rasgó las vestiduras por ello en el resto de España. Al día siguiente, el diario ABC ilustraba su primera página apostando por la previsible foto del heredero con su sombrero y su bandera, y lo hacía con este titular: “Barcelona convierte a España en centro de atención del deporte mundial”. Nadie se dedicó tampoco, en ningún lugar del resto del país, a colgar en los balcones banderas españolas como loco, ni hubo manifestaciones por las calles de ciudades como Sevilla, donde por cierto se estaba celebrando la Expo, o Madrid protestando agraviados porque el idioma del imperio -¡y hasta el himno!- hubieran sido relegados a segundo lugar ante tres mil quinientos millones de telespectadores en todo el mundo. 

La bandera y la lengua catalanas fueron usadas en todas las publicaciones, actas de candidatura de la organización y realización de los Juegos sin que nadie hiciera drama de ello en un tiempo en que ETA continuaba asesinando. En 1992 acabó con la vida de 26 personas, 5 de ellas en Barcelona y provincia, las dos últimas el 19 de marzo, cuando los preparativos para la inauguración se estaban ultimando al tiempo que se vivían discrepancias y tensiones en distintos sectores civiles y políticos de la sociedad catalana. Desde vecinos, grupos independentistas a profesores de INEF, los Juegos Olímpicos tuvieron voces discrepantes. 

Con el apoyo explícito de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido del presidente de la Generalitat, la asociación Òmnium Cultural promovió el lanzamiento de la célebre campaña Freedom for Catalonia, que durante los meses previos se había hecho notar, entre otras actividades, al paso de la antorcha olímpica por lugares emblemáticos como Montserrat. Acció Olímpica, iniciativa también de Òmnium y de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, pusieron en marcha además una campaña en la que invitaba a los barceloneses a colgar senyeras en sus balcones.

Pues bien, nada de esto alteró la celebración de los juegos cuando aquel verano del 92 llegó la hora de la verdad sino que, a los pocos meses, Jordi Pujol se marchó a Madrid para suministrar árnica a Felipe González. Este no había conseguido mayoría absoluta en las elecciones generales de junio del 93 y necesitaba apoyos de peso para ser investido. Le habría bastado con la Izquierda Unida de Julio Anguita, pero prefirió a los nacionalistas. Tampoco esto supuso ningún escándalo para la España de la caverna; los “Manos Limpias” de entonces no se querellaron con recortes de periódico ni ningún juez entró a saco hurgando en la vida de la mujer del presidente, tampoco ningún periódico ni tertulia televisiva encontró en aquel pacto nada que mereciera primeras páginas a granel ni horas y horas de programación. Hasta Aznar llegó a llamar a su entonces rival para felicitarlo al tiempo que desautorizaba las insinuaciones de pucherazo que Arenas y Gallardón habían dejado caer en los primeros momentos de la noche electoral. Ni siquiera Pedro Jota, que por entonces andaba ya bastante desaforado, montó ningún pollo como el que organizó tras los atentados de Atocha en 2004. Muchos de los frikis fachas que ahora se hacen llamar periodistas no habían nacido o andaban todavía por los estudios primarios. 

¿Sería imaginable que los Juegos que este 2024 se celebran en París hubieran tenido lugar en Barcelona? ¿Habría sido posible hoy una ceremonia como aquella, se podría haber celebrado en las mismas condiciones, con parecido glamour y la misma brillantez? ¿Podría seducir como lo hizo entonces para que La Vanguardia se encargara de certificarlo en su primera página del día siguiente titulando “Barcelona deslumbra” con el cuerpo de letra reservado para los grandes acontecimientos? Me parece que todo el mundo tiene clara la respuesta: NO. 

Pues eso.

J.T. 

La libertad de expresión es incuestionable

Con la cabeza caliente y los pies fríos. Así me quedé tras los anuncios para defender el periodismo “veraz” que el presidente del gobierno realizó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Lo primero que cabe preguntarse es qué significa información veraz para un político. Para Pedro Sánchez o para quien sea. Entre los principales cometidos de quienes trabajan en los gabinetes de comunicación de un cargo público se encuentra procurar dificultar el trabajo de investigación de cualquier periodista que aspire a meter las narices en su negociado. Periodistas entorpeciendo la labor de periodistas. Ese es el juego. Así las cosas, cuando un político reclama información veraz… ¿qué está queriendo decir exactamente?  

El diagnóstico del que parte Sánchez para buscar soluciones es correcto; entre mentiras, bulos, desinformaciones, propaganda encubierta y extensión del odio el mundo de la información se ha convertido en un pestilente lodazal. Ni la digitalización ni las redes sociales han venido para mejorar las cosas, como en un principio se pensó. Todo eso es tan cierto como que nadie ha dado aún con la tecla que permita corregir la situación. Ni los expertos en nuevas tecnologías, ni los teóricos de la comunicación, ni los propios periodistas con sus asociaciones profesionales, así que ¿de verdad piensa el presidente del gobierno que con sus propuestas puede conseguir que solo circule información “veraz”? 

El pasado miércoles quedó claro que no. A menos que cuando habló de regeneración, en su fuero interno estuviera pensando en el término regulación, pero no creo. A un demócrata nunca se le ocurriría, ¿verdad? ¿O sí? Esto de la libertad de expresión siempre ha sido y es una molesta ladilla para cualquier poderoso. Es verdad que algunos medios son una vergüenza, pero ¿qué hacemos, les ponemos un bozal, tomamos una espada flamígera y los mandamos al silencio de los infiernos? 

Es cierto que algunos mal llamados periodistas se comportan como entusiastas sicarios al servicio de antidemócratas, pero ¿qué hacemos, les quitamos a los enemigos de las libertades, en nombre precisamente de la libertad, la posibilidad de expresarse como les venga en gana? ¿Dónde ponemos los límites? ¿Cómo asegurarnos de que esos límites no se van a volver contra los demócratas a las primeras de cambio, en el mismo momento en que los intolerantes lleguen a las instituciones y se encuentren con ese instrumento en vigor? Menudo chollo para los vocacionales de la prohibición si ya de antemano ha habido ingenuos que les han hecho trabajo sucio! 

Sánchez sabe que meter la mano (legalmente, quiero decir) en los medios de comunicación no tiene recorrido posible. Desconozco lo que pudo llegar a pasar por su cabeza en aquellos ya célebres cinco días de silencio y meditación. Si en algún momento tuvo la tentación de controlar, con lo expuesto la semana pasada en el Congreso parece claro que se le ha pasado la fiebre. ¿Era necesario reflexionar tanto para acabar proponiendo que se cumpla la normativa europea que obliga a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios y a todos los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos o locales, a especificar cómo gastan el dinero público en publicidad institucional en esos medios? ¿Es eso todo? 

Es bueno que se conozcan los detalles y alguna que otra letra pequeña, pero convengamos que en este tipo de asuntos lo que el personal no sabe con precisión lo puede intuir: por un lado que los grandes medios están en manos de bancos, empresas del Ibex y fondos de inversión internacionales, y por otro que lo que se cuenta en ellos obedece, faltaría más, a los intereses de sus dueños. Que los políticos anden por la vida convencidos de que los medios públicos forman parte del kit al que tienen derecho cuando ganan unas elecciones es también muy difícil de combatir. Trabajo complicado y la mayor parte de las veces estéril, doy fe.

Si hay gente mintiendo en los informativos, si hay presentadoras metiendo el miedo en el cuerpo por si te ocupan la casa, si hay periódicos infames cuyas portadas no dicen una verdad ni por equivocación es porque los dueños de esos medios permiten que tal cosa suceda. Los medios como fenómeno cómplice del lawfare no son un algo ni nuevo ni único, está ocurriendo en medio mundo ¿Y aquí queremos ponerle puertas al campo?

No hay directiva europea ni acuerdo global, si existiera, que pueda poner fin sin más a este encanallamiento. Seguro que existe una solución, seguro que más pronto o más tarde la encontraremos, pero mientras tanto no nos queda otra que defender el derecho a la libertad de expresión con uñas y dientes. Cualquier otra opción será siempre peor, no hay duda.

Toca suscribir aquella idea que alguien atribuyó a Voltaire con estas o parecidas palabras: “Odio con todas mis fuerzas lo que está usted diciendo, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo.”

J.T.

Le damos demasiada cancha al fascismo

Dar cancha al fascismo es labrar nuestra propia fosa. Las principales democracias del mundo, algunas de ellas entre las más antiguas, están viendo cómo en los últimos años crecen sin parar los discursos racistas, machistas, xenófobos u homófobos y aquí andamos, sin hacer nada. Como si fuéramos simples espectadores en lugar de ciudadanos directamente concernidos por una epidemia de odio y frentismo a la que nadie pone freno. 

Cuando en diciembre de 2018 la candidatura de Vox consiguió 12 escaños para el parlamento de Andalucía, lo que significó el regreso de los intolerantes a nuestras instituciones por primera vez en décadas, nunca me pude imaginar que en menos de seis años esta plaga se extendería por toda España como lo ha hecho. Tienen en el Congreso unas cuantas decenas de diputados que cada dos por tres montan pollos infumables, crispan, mienten e insultan sin parar, y sus tentáculos habían llegado ya también hasta un centenar de ayuntamientos y media docena de comunidades autónomas. 

Estos días, con la excusa del reparto de menores inmigrantes no acompañados, se marchan de las autonomías donde, con la anuencia del PP, han enrarecido en los últimos tiempos la atmósfera democrática, recortado libertades y dificultado la convivencia. Lo hacen porque en las últimas europeas les ha salido un forúnculo más ultra todavía y tienen miedo de que el tal Alvise les acabe comiendo la tostada. No doy crédito, ¿qué hemos podido hacer tan mal como para merecernos todo esto?

Parece claro que tanto aquí como en el resto de Europa hemos bajado la guardia e infravalorado la amenaza que teníamos encima ¿Quién alimenta el monstruo fascista? ¿A quién o a quiénes beneficia que haya partidos políticos ganando votos mientras demonizan a los inmigrantes, derogan leyes de memoria histórica o recortan derechos a niños inmigrantes, mujeres y homosexuales? 

En contiendas electorales cada vez más ajustadas, llevamos ya demasiado tiempo salvándonos por la campana de una mayor presencia ultraderechista en las instituciones. Apenas hace unos días que contuvimos el aliento en las elecciones francesas hasta que conocimos los resultados. En las europeas también le vimos las orejas al lobo y en nuestro país hace un año respiramos aliviados cuando las derechas ultras y las ultraderechas no sumaron finalmente una mayoría absoluta que parecía cantada.

Cada vez me encuentro más perplejo ante el crecimiento del fenómeno. Perplejo e indefenso. Al tiempo que asustado ¿De verdad no se puede hacer más de lo que se hace para que el monstruo no siga creciendo? Quienes sostienen que el fascismo sirve de coartada para que las derechas más moderadas y las socialdemocracias de toda la vida continúen partiendo el bacalao puede que lleven razón, pero quien juega con fuego acaba quemándose y ahí están los casos de Italia en Europa o de Argentina en Latinoamérica, donde la ultraderecha cuenta ya con poder real para destrozar avances democráticos que costaron mucho trabajo y en ocasiones sangre. 

Uno de los trucos más ridículos con los que en muchos casos se pretende justificar todo esto es intentando equiparar la ultraderecha con las formaciones que hacen política a la izquierda de las socialdemocracias. Los extremismos son malos, proclaman esos tramposos entusiastas del bipartidismo que pretenden meter en el mismo saco a quienes defienden la pena de muerte y a quienes pelean por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. No se puede ser más amoral.

¿De verdad hay que andar explicando una y otra vez que las izquierdas de verdad lo que  buscan es mejorar la vida de los más desfavorecidos y acabar con las injusticias? ¿Tan difícil es ver que proporcionar cancha, en nombre de la democracia, a racistas, machistas, negacionistas y enemigos de las libertades es ponerle puentes a quienes quieren acabar con esa democracia?

Han sido elegidos democráticamente, Juan, y por tanto tienen derecho a voz en los medios públicos en proporción al número de escaños con los que cuentan en la cámara, me ha argumentado en ocasiones algún que otro directivo de medios ¿De verdad? ¿Qué pasaría si no se les diera esa voz sobre todo cuando sus palabras son solo sujetos, verbos y predicados llenos de odio? ¿Qué pasaría si, al no tener más remedio que reflejar sus opiniones, el presentador o presentadora que da paso o retoma una declaración, le hiciera notar a los espectadores que lo que acaba de decir el ultraderechista de turno atenta contra nuestros valores constitucionales?

Otorgar espacio en la televisión pública no puede ser poner en el mismo plano las opiniones de un demócrata y las de un antidemócrata, no puede ser lavarse las manos diciendo ahí tienen lo que piensa uno y lo que piensa el otro, y juzguen ustedes. El periodista tiene que mojarse, como en su día lo hacían Felipe Mellizo, Luis Carandell o Iñaki Gabilondo, como ahora hacen Silvia Intxaurrondo o Xabier Lapitz, y no pueden ser excepciones. Al político que miente hay que replicarle y al que siembra odio hay que desenmascararlo. Y eso se está haciendo muy poco. En los medios públicos, me refiero, porque de los privados, sobre todo en el mundo de los telepredicadores mañaneros, mejor ni hablamos. 

Ocurre en España y ocurre en países europeos, por no hablar ya del papel que los medios están jugando en Estados Unidos para propiciar el regreso de Donald Trump. Los ultras nos comen el terreno y nosotros ahí andamos, silbando de perfil o directamente alelados en nombre de la democracia y de las libertades, gritando de vez en cuando que viene el lobo cuando está claro que la amenaza la tenemos encima, aunque ahora en nuestro país hayan jugado a dar un paso atrás marchándose de las autonomías donde tenían poder. Llevamos ya algún tiempo salvándonos por la campana. A ver hasta cuándo.

J.T.

¿Respetan los jueces la Justicia?

El comportamiento de un buen número de jueces en España me recuerda con demasiada frecuencia el calvario padecido en Brasil por Lula da Silva y Dilma Rousseff en su día, o la descarnada manera en que fue y es tratado en Ecuador Rafael Correa, quien fuera presidente de ese país entre 2007 y 2017. Por poner solo dos ejemplos. Parece claro que la afición de las togas por influir en el devenir político es demasiado frecuente, y no solo en Latinoamérica. No necesitan someterse a proceso electoral alguno para ponerlo todo patas arriba, y lo ponen sabiendo que jamás pagarán por sus “errores” ¡Menudo chollo!

Quienes defienden esa manera de proceder ya pueden apelar a toda la letra pequeña que quieran para argumentar la pertinencia de tamaña distopía, o invocar si les parece el apartado equis del artículo zeta de la ley que les dé la gana, pero no hay que caer en la trampa, ¡ojo!, no se puede entrar en ese juego. Entre otras cosas porque los partidos de derechas y ultraderechas que se benefician de las tropelías judiciales suelen acabar recurriendo a la brocha gorda para traducirlas y justificarlas consiguiendo así, a base de bulos, mentiras y frases cortas pero muy repetidas, crear un atmósfera hostil al gobierno y propicia para influir en la voluntad popular a la hora de acudir a las urnas.

En España, la semana que acaba de terminar ha sido fina: empezamos conociendo que el Tribunal Supremo se piensa negar a aplicar la ley de amnistía en casos como el de Puigdemont, es decir, se declara en rebeldía ante una decisión del poder legislativo, que es la institución de donde emana la voluntad popular, no olvidemos nunca esto… y acabamos con la primera visita al juzgado de la mujer del presidente del gobierno por una imputación sobre la que los informes de la guardia civil, el cuerpo policial que ha llevado a cabo la investigación, concluyen que no hay caso. Al juez le da igual, él a lo suyo, puede liarla parda y para qué se va a quedar con las ganas. Pasado el tiempo, todo desembocará en nada, pero que le quiten lo bailao.

Me da que esa es la actitud de muchos jueces a día de hoy en nuestro país: que les quiten lo bailao. No les gusta este gobierno, no les gusta su composición ni sus decisiones y hacen uso de cuantos mecanismos “legales” tienen a su alcance (quien pueda hacer, que haga) para desmoralizar a la ciudadanía y desmotivar a quienes contemplen la opción de dedicarse a la política porque quieran intentar mejorar la vida de los más débiles y cuestionar a los fuertes.

La absolución del ultra Frontera, quien durante meses hizo la vida imposible a Irene Montero y Pablo Iglesias acosando tanto a ellos como a toda su familia a las puertas de casa, contiene como mensaje implícito un inequívoco aviso a navegantes: ¿quieres dedicarte a la política para cambiar las cosas, joven imberbe? Pues ya sabes lo que te puede pasar, que además de intentar desprestigiarte a base de bulos y portadas infames, de obligarte a pasear por los juzgados una y otra vez con cualquier excusa nimia que luego quedará en nada, además de intentar quebrarte a diario allá donde intervengas… también te pueden hostigar durante meses en tu propio domicilio porque total, luego los acosadores se van a ir de rositas si se os ocurre denunciarlos.

Como ha escrito Joaquín Urías, lo terrible de según qué comportamientos judiciales que se producen al margen de la voluntad popular es que estos no responden a razones jurídicas. Me pregunto si la Justicia con mayúsculas merece tanta profanación por parte de quienes la imparten. Y en cuanto a los jueces y juezas que hacen bien su trabajo, ¿les da igual que existan en su profesión quienes, actuando de manera sesgada, la desprestigian sin miramiento alguno? Porque mira que lleva tiempo sucediendo esto.

Otro caso que clama al cielo en la semana recién terminada es que haya tenido que pasar tanto tiempo para concluir, a estas alturas, que los altos cargos socialistas encarcelados por el asunto de los Eres en Andalucía no eran unos delincuentes. Tras diez largos años de acoso judicial, al final se han chupado año y medio en la cárcel y ahora va el Constitucional y les dice perdonen ustedes, que la sentencia que los condenó no era correcta, así que pueden irse a sus casas. Me pongo en la piel por ejemplo de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación o de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía e imagino el trabajo que les va a costar volver a vivir la vida que les quede sabiendo que ya no podrán recuperar el tiempo que les han robado tanto a ellos como a sus familias.

No solo en Brasil o Ecuador pasan estas cosas, ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Cómo se le puede tener respeto a una institución a la que los primeros que le faltan el respeto son justo aquellos que la representan?

J.T.

Parir un ratón

Cuando piensas que las cosas van bien, seguro que algo se te está pasando por alto. Durante la semana recién acabada me vi echando mano de este conocido aforismo cada vez que se producía una teórica buena noticia. En el ámbito internacional las municipales italianas han supuesto un esperanzador traspiés para el fascismo, cuya lideresa ha sido también ninguneada en Europa; una buena mañana nos despertamos viendo a Julian Assange subiendo a un avión camino de la libertad…

En lo que concierne a nuestro día a día, la economía crece el 0,8 por ciento, la inflación baja dos décimas, el Tribunal Constitucional da el visto bueno a la reforma de la ley del aborto, lo que significa que las jóvenes de 16 y 17 años pueden interrumpir el embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento paterno; la pareja de Ayuso no consigue negociar con la jueza como tenía previsto, la ley de amnistía comienza a aplicarse y ya hay casi veinte personas beneficiadas… 

Pero ya se sabe, la alegría en la casa del pobre siempre suele ser relativa y más bien escasa, así que ahí está por ejemplo, de nuevo resucitada, la persecución judicial contra Mónica Oltra, muestra inequívoca de la vigencia e impunidad del lawfare; ahí andan VOX y el PP ensuciando las celebraciones del Orgullo o torpedeando el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas… 

Y mire usted por dónde, en medio de todo esto, tachán, tachán, Bolaños y González Pons se van a Bruselas, se estrechan las manos y firman la renovación del Consejo del Poder Judicial con gran pompa y alborozo, supervisión de la Comisión Europea mediante. Cinco años y medio largos para parir un ratón, un pacto que en las primeras horas hizo lanzar las campanas al vuelo a ingenuos y mentes biempesantes pero que, a medida que transcurren los días, la mayoría empieza a ver que, como decíamos al principio, no es que las cosas vayan bien, sino que algo se les debió pasar por alto.

El martes pasado en Bruselas se cerró un ciclo político en España. Para alegría de los amantes del bipartidismo, este vuelve por todo lo alto tras el paréntesis que se inició con la moción de censura que en 2018 descabalgó a Mariano Rajoy del poder. Por mucho que lo acosen, por mucho que se metan con su familia, por mucho que lo insulten, parece que el presidente Sánchez no está dispuesto a abandonar sus veleidades contemporizadoras. Ha mareado la perdiz un tiempo haciéndonos creer que la mayoría progresista que lo invistió podía hacer frente a la derecha, pero finalmente ha acabado rindiéndose a ella con armas y bagajes. Eso sí, tras cinco largos días de reflexión. El “punto y aparte” era esto.

Cuando veo a Aznar contento, a Cayetana sacar pecho, a Ayuso contemporizando y exultantes a los palmeros mediáticos de las derechas, no puedo menos que sentirme estafado. Niegan los socialistas que el pacto para reformar el CGPJ sea una bajada de pantalones y puede que lleven razón, porque más bien parece una rendición en toda regla. Una concesión para la que ni siquiera han tenido en cuenta a sus socios de coalición, cuyas declaraciones confusas y contradictorias dejan en evidencia hasta qué punto son ya una mera comparsa en el gobierno, un cero a la izquierda.

El carácter diverso y multilingüe de nuestro país y la riqueza de su pluralidad quedan relegados con esta decisión, la primera de otras muchas que sin duda vendrán después y cuyos muñidores han venido a calificar “pactos de Estado” como si el resto de formaciones políticas que conforman la cámara no representaran también al Estado. Él sabrá lo que hace, pero las veleidades equilibristas de Pedro Sánchez le sitúan desde la semana pasada en un alambre cada día más magullado. No se puede sobrevivir siempre a base de poner velas un día a dios y otro al diablo.

Es cierto que para la mayoría que sostiene al gobierno pesa mucho la amenaza de la llegada de la ultraderecha al poder. Pero eso no puede funcionar como coartada permanente. Tras el pacto de Bruselas, la sesión parlamentaria del día siguiente transmitió la  misma impresión que una representación teatral donde hasta los exabruptos parecían previamente ensayados.

En el pacto no hay medidas que impidan un nuevo bloqueo como el de los últimos cinco años y medio. Todas las decisiones que tome el Consejo General del Poder Judicial, entre ellas el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo, se tienen que hacer a partir de ahora por una mayoría de tres quintos de sus miembros. Traducción: el PP tendrá poder de veto. Por no hablar del peso que van a tener estos jueces en la reforma del sistema de renovación, algo que condiciona y recorta las competencias del poder legislativo.

Conclusión: es un acuerdo que desnuda, como cuando estuvo a punto de pactar con Albert Rivera, la propensión de Pedro Sánchez a escorar hacia la derecha. Semana pues de buenas noticias, pero no tanto. 

J.T.